Iglesias se defiende de la investigación de las cuentas de Podemos: “Son acusaciones sin fundamento”

Tres días después de trascender públicamente que un juez ha citado a declarar como imputados a miembros de la cúpula de Podemos tras una denuncia por financiación irregular presentada por el exabogado del partido José Manuel Calvente, Pablo Iglesias ha salido de su mutismo. El líder de Unidas Podemos ha utilizado la red social Twitter para defenderse de las acusaciones del extrabajador de la formación, que han motivado la imputación por malversación de fondos de uno de sus principales colaboradores, así como de Podemos como persona jurídica. Iglesias, que asegura que el partido estará a disposición de la justicia, niega irregularidades: “Son acusaciones sin fundamento”, escribe en la red social, a la vez que se queja del “juicio mediático” sobre el caso y lo vincula con su defensa de un “horizonte republicano”.

“La financiación de Podemos ha sido investigada repetidamente y jamás se ha hallado un indicio de delito”, escribe el secretario general de Unidas Podemos, que recuerda casos anteriores de acusaciones al partido que resultaron ser falsas, como el llamado Informe PISA, o el “montaje” sobre la juez Vicky Rosell. Iglesias niega las acusaciones de que Podemos tenía una “caja B” o “sobresueldos” que ha vertido el exabogado del partido, y reivindica que la formación no pide préstamos a los bancos “ni debe nada a las oligarquías económicas”. Sí habla de una “caja de solidaridad” en el partido, “con las donaciones que hacemos todos los cargos públicos de Podemos de parte nuestro sueldo y que se usa para apoyar a colectivos sociales”. El juez instructor, Juan José Escalonilla, ha encargado a la policía judicial que identifique quién solicitó 55.000 euros a esa llamada caja de solidaridad de Podemos, uno de los movimientos que denuncia Calvente.

El secretario general de Unidas Podemos se queja además del tratamiento que los medios de comunicación están dando al caso con “horas y horas de tertulias, portadas escandalosas y telediarios” que, lamenta, “no lo repara el archivo sistemático de los procedimientos”. “El juicio mediático, a la hora de instalar relatos, pesa siempre más que el final de los procedimientos judiciales”, critica. Iglesias vincula ese tratamiento mediático con sus críticas a la Monarquía a raíz de la salida de España de Juan Carlos I y asegura que Podemos no va a dejar de hablar de ello por estar ocupado en su defensa del caso de sus cuentas que investiga la justicia.

“Entendemos que algunos estén muy interesados en que ahora pasemos meses defendiéndonos en los medios de acusaciones sin fundamento, en vez de hablar del debate social sobre la monarquía o sobre cómo emplear los fondos europeos para la reconstrucción. No les vamos a dar ese gusto”, afirma el vicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez.

“Defender la justicia social y un horizonte republicano como parte del Gobierno tiene y tendrá costes. Los cambios y el progreso no se producen sin la resistencia de los viejos poderes”, insiste Iglesias, que anticipa que su partido pondrá más presión sobre la Monarquía, a pesar de la tensión que eso puede generar en la coalición de Gobierno. El presidente, Pedro Sánchez, zanjó el debate sobre la jefatura del Estado tras un largo Consejo de Ministros de la semana pasada, en el que los dos partidos expusieron sus diferencias y pactaron la discrepancia. “El Gobierno que yo presido considera plenamente vigente el pacto constitucional”, enfatizó el presidente.

Podemos tiene por delante un otoño caliente con dos frentes judiciales abiertos: el que investiga sus cuentas y el caso Dina. El Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha llamado a declarar a varios miembros de la cúpula de Podemos tras recibir una denuncia de un antiguo abogado de la formación, José Manuel Calvente, que acusa al partido de financiación irregular. El magistrado ha citado el 20 de noviembre como imputados a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación y actual integrante del gabinete del vicepresidente Pablo Iglesias; así como a la gerente, Rocío Esther Val; al tesorero, Daniel de Frutos; y a una trabajadora, Andrea Dedoto. También mantiene en la causa a Podemos, como persona jurídica, en calidad de investigado.