“Los vigilantes solo nos hablan con sus puños”

Las salitas de Fundación Raíces, una organización de apoyo a la infancia en Madrid, se han convertido en un punto de peregrinaje de niños y niñas extranjeros en apuros. A solo 20 minutos andando de los dos principales centros de acogida de menores de la capital, el modesto local lleva años recibiendo jóvenes tutelados por la comunidad autónoma que piden ayuda porque no se les tramita su residencia, porque no pueden estudiar o porque, a pesar de tener documentos que muestran su minoría de edad, se ven obligados a salir de los centros y dormir en la calle porque una prueba forense mantiene que son adultos. Muchos de estos casos han llegado a los tribunales, con sentencias favorables para los chavales, pero otros se enganchan en el propio funcionamiento del sistema. Es el caso, sobre todo, de las agresiones físicas, que la organización empezó a documentar en noviembre de 2016. Hasta junio de este año eran ya 55 menores víctimas de maltrato que relataron golpes, puñetazos en la cabeza, pisotones en el cuello además de vejaciones relacionadas con su origen, raza o religión.

Los casos son la base de un informe que Fundación Raíces publica este miércoles para mostrar la vulnerabilidad de los menores extranjeros tutelados y la dificultad que tienen para denunciar y que se investigue a sus agresores. En sus relatos, los niños, de entre 12 y 17 años, apuntan sobre todo a los vigilantes de seguridad de los centros de primera acogida de Hortaleza e Isabel Clara Eugenia, pero también a educadores y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las denuncias se circunscriben a Madrid, aunque la organización alerta de que las deficiencias del sistema, que acaban dando impunidad a los agresores, se repiten en todo el territorio nacional. La violencia institucional, defiende Fundación Raíces, debe contemplarse en la nueva Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia, actualmente en fase parlamentaria.

Entre los testimonios recogidos durante casi cuatro años está el de K. T. un argelino que con 15 años denunció la agresión de un vigilante de seguridad del Isabel Clara Eugenia. “Cuando la policía se marchó, me llevaron al cuarto de los vigilantes, esposado, cerraron la puerta. Él me pegó patadas hasta que caí al suelo boca abajo, los demás también me pegaron, pero no con tantas ganas como él. Ahí me tuvieron hasta que se cansaron. No sangré, pero sentía que me iba a desmayar, me dolía todo el cuerpo”. También puede leerse el caso de M. T., un adolescente marroquí que fue agredido tras subirse a un árbol para rescatar un balón con el que jugaban. “Cuando me dijo que me acercase ya sabía que me iba a pegar. Los vigilantes no hablan, solo nos hablan con sus puños”, contó. Las fotos que acompañan el informe muestran brazos escayolados, brechas en la cabeza y hematomas en todo el cuerpo. La Consejería de Políticas Sociales de Madrid, responsable de los centros, ha declinado comentar el informe hasta poder leerlo.

Un 83,6% de los chavales que han relatado agresiones son marroquíes, el perfil mayoritario de los menores que migran solos a España. Pero hay también argelinos, guineanos, gambianos y cameruneses. La organización ha atendido igualmente a jóvenes españoles y destaca el caso de una adolescente de 16 años embarazada de tres meses que, tras recibir una patada en el abdomen de un educador, acabó sufriendo un aborto.

La entidad denuncia las barreras que enfrentan los jóvenes tras los episodios de maltrato, desde la falta de investigaciones internas en los centros hasta la negativa del personal a acompañarles a comisaría o a centros sanitarios para realizar un parte de lesiones. “En los casos en los que los niños, con la asistencia de Fundación Raíces, han podido denunciar, y algún educador ha acudido ante las autoridades, han desacreditado la versión del niño, criminalizándole y dificultando la interposición de la denuncia. Por su parte, la entidad de protección, excepto en algún caso reciente, no ha adoptado medidas urgentes de separación entre presunto agresor y víctima”, denuncia el informe.

Apenas 30 de los jóvenes, de entre 12 y 17 años, que relataron sus casos se decidieron a denunciar formalmente. La mayoría siguen su lento curso en los tribunales, ha habido cuatro sentencias absolutorias y cinco casos se han tenido que archivar tras la desaparición de los menores.