El intento de desclasificar secretos oficiales vuelve al Congreso por cuarta vez

Por cuarta vez en cuatro años el Congreso abordará la reforma de la Ley de Secretos Oficiales para permitir la desclasificación de documentos en un plazo máximo de 25 años y de diez si no tienen la calificación de secretos sino de reservados. La ley vigente no establece plazos y de manera continuada los peneuvistas intentan levantar el secreto de asuntos de la transición, incluida la formación de los GAL, y de materias que puedan afectar a la Monarquía. Las veces anteriores la Cámara autorizó el comienzo de la tramitación, con el voto favorable del PSOE, y la abstención del PP y de Ciudadanos. Con el ardid de pedir una y otra vez prórrogas, principalmente el PP, para un estudio más detallado de las enmiendas, la iniciativa decaía por la convocatoria de elecciones, como todas las normas en tramitación, por lo que nunca llegó a ninguna parte.

No hay garantías de que cuando este martes previsiblemente se tome en consideración la proposición de ley del PNV se abra el camino recto para su plasmación en el Boletín Oficial del Estado en un plazo aproximado de un año. Este sería un tiempo razonable de la tramitación de una ley sin conferirle prisa alguna. Los peneuvistas tienen el antecedente de las tres veces anteriores, entre 2016 y 2018, que tras la satisfacción de la toma en consideración, llegó la frustración de quedarse en el camino. Con el paso de estos cuatro años los nacionalistas vascos, que tendrán el apoyo de otros grupos nacionalistas e independentistas, mientras que el PP anunciará esta mañana su decisión, así como el PSOE y Unidas Podemos, han incorporado otros argumentos. La necesidad de la desclasificación se les hace imperiosa por informaciones como la que expone un documento no muy preciso de la CIA sobre los GAL.

Esas notas de la agencia de inteligencia ha impulsado a varios grupos a pedir una comisión de investigación y la comparecencia del entonces presidente del gobierno, Felipe González. También quiere el portavoz del PNV, Aitor Esteban “levantar el velo” sobre las sombras que se ciernen sobre el rey Juan Carlos I. Los cambios en la ley de Secretos Oficiales tienen que llegar hasta quién es la autoridad que propone y dispone ese carácter secreto. Con la ley vigente lo puede hacer la Junta de Jefes de Estado Mayor y el Consejo de Ministros. Los proponentes auspician que esa potestad solo la tenga el Gobierno.