El Gobierno busca un amplio apoyo para el decreto de nueva normalidad que cambie el ambiente político

El Gobierno sigue adelante con su intento de recuperar poco a poco la normalidad y con ella su agenda legislativa. Si hace dos semanas sacó adelante la renta mínima, hoy ha aprobado la ley integral para la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que entre otras cosas amplía la prescripción de los delitos de abusos hasta que la víctima cumpla 30 años. “Con esta ley nuestro país se va a colocar en los estándares más altos del mundo en protección a la infancia”, ha señalado el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, cuyo departamento ha llevado adelante la reforma que ya estaba ultimada antes de que la crisis del coronavirus retrasara su aprobación.

El Ejecutivo también ha aprobado el decreto de nueva normalidad, que dejará atrás a partir del 21 de junio el estado de alarma que tantos problemas políticos ha provocado en las últimas semanas. Este decreto regulará las nuevas normas de actuación frente al virus. El Gobierno cuenta con el apoyo del PNV y Ciudadanos para sacar adelante la norma en el Congreso de los Diputados y ultima pactos con ERC. El Ejecutivo busca un apoyo lo más amplio posible para cambiar el ambiente político.

El decreto incluye cuestiones como el uso obligatorio de las mascarillas en lugares públicos cerrados o en el transporte, y contempla multas de hasta 100 euros para quienes no las utilicen en estos supuestos. El texto ha contado con las aportaciones de las comunidades autónomas, por lo que el Ejecutivo reclama el apoyo también del PP, ya que sostiene que han sido atendidas las demandas de los presidentes de este partido. Sin embargo, la portavoz, María Jesús Montero, ha criticado con dureza al PP porque en su opinión no tiene intenciones de “arrimar el hombro” y solo pretende “destituir a un Gobierno al que llama ilegítimo”.

Este nuevo decreto tiene una vigencia indefinida, porque durará hasta que la crisis sanitaria se dé por acabada, algo que no parece ni mucho menos cercano. El Gobierno entrega casi todo el poder a las autonomías en esta nueva fase, pero en el primer borrador se reservaba la posibilidad de recuperarlo en caso de un rebrote fuerte y descontrolado. Tras la negociación con varios grupos, en especial el PNV, el Gobierno ha cambiado por completo esta redacción. Los nacionalistas señalaron que habían logrado un acuerdo para “salvaguardar el autogobierno vasco”. “Nunca ha habido una pretensión de invadir competencias, pero hemos hecho decaer este punto que generaba problemas", ha admitido Illa.

El Ejecutivo mantiene algunas cosas en sus manos, como los transportes en todo el territorio nacional o un asunto especialmente delicado como el deporte y el público en los estadios. Será el Consejo Superior de Deportes, según el decreto, quien tome la decisión de cuándo y cómo vuelven los espectadores a los estadios, si es en esta temporada o ya se espera a la siguiente. Algunas comunidades querían hacerlo cuanto antes, pero será el Gobierno quien decida y en cualquier caso con una medida idéntica para todos los estadios para evitar desigualdades dentro de la competición.

El Gobierno ha autorizado también un plan piloto de Baleares para empezar a traer turistas ya antes del 1 de julio, la fecha marcada por el presidente del Gobierno. El Ejecutivo quiere comprobar cómo funcionan estos primeros vuelos, especialmente de turistas alemanes, para desarrollar los protocolos para el turismo a partir del 1 de julio. La clave está en los controles en los aeropuertos y puertos, donde Baleares hará controles de temperatura y cuestionarios a los pasajeros sobre sus posibles síntomas compatibles con el Covid-19.

Lo que no está aún claro es si habrá finalmente este año una “operación paso del Estrecho”, porque Marruecos, según ha explicado Montero, está actuando con especial cautela dados los riesgos que tendría un contagio masivo en un país que no tiene una sanidad preparada para una situación así, y por tanto mientras sus autoridades no tomen la decisión de reabrir las fronteras España no puede saber si habrá que tomar medidas especiales para este paso que todos los años supone un reto logístico importante.

El asunto de las residencias de ancianos ha tenido un gran protagonismo en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El vicepresidente, Pablo Iglesias, ha sido especialmente duro con la situación en Madrid. “Si se sigue acreditando que hubo una orden del Gobierno de la Comunidad de Madrid esto es grave. El propio consejero de Asuntos Sociales señala esto como inmoral y eventualmente ilegal. Lo que vamos a hacer es seguir trabajando para hacer protocolos. Las condiciones escandalosas de precariedad, la privatización, que haya habido condenados, deja mucho que desear en la cuarta economía de la zona euro. No se está denunciando solo una inmoralidad, sino una ilegalidad. Y lo que es ilegal se debe perseguir”, ha señalado. “Creo que lo que hemos visto es la debilidad de un modelo altamente precarizado y privatizado que ha resultado peligroso para la salud de estos ancianos", ha insistido.

El PP responsabiliza a Iglesias por la situación de las residencias porque su departamento asumió el control como mando único a partir del estado de alarma. “Nunca tuvimos un mando único, las órdenes las daba Sanidad a propuesta nuestra", ha aclarado Iglesias. El vicepresidente insiste en que fueron las autonomías las que gestionaron la crisis y asegura que desde su departamento hicieron “lo que tenían que hacer”, esto es “dar 300 millones de euros, proponer que se diera la misma consideración a los trabajadores de las residencias y a los sanitarios y tramitar las intervenciones de desinfección de las unidades militares que se cuentan en más de 5.000”. “Creo que sería lógico que nuestro país recorriera el camino de los países nórdicos con atención domiciliaria que protege a las personas mayores”, ha sugerido.