La Audiencia de Granada suspende el primer juicio con jurado tras la alarma por no cumplir las medidas de seguridad

El primer juicio con jurado en España tras el decreto de alarma estaba previsto para este lunes por la mañana en la Audiencia Provincial de Granada. La previsión era juzgar hasta el próximo viernes a Juan Antonio M. G., alias Kiki, como presunto autor de, entre otros delitos, la muerte de un guardia civil hace algo más de año y medio. Finalmente, la única actividad de esta primera sesión ha sido dictar su suspensión. Tan pronto como dos de los tres abogados de la acusación se han sentado en el lugar asignado para ellos han mostrado su queja por las condiciones. Tras una consulta a todas las partes, la magistrada se ha visto obligada a suspender el juicio, que no tiene aún fecha fijada para su reanudación.

Javier López y García de la Serrana es el abogado que acusa a Kiki en nombre de la viuda del agente muerto. Su enfado al terminar la sesión ha sido considerable: “Es indignante que el delegado de Salud de la Junta haya autorizado, como me consta, que el juicio se celebre en esa sala. Se ve que ese señor no ha visto un juicio en su vida, si no, no lo habría autorizado”, ha dicho a López y García de la Serrana. “No han puesto los medios necesarios. La administración ya ha fastidiado a los sanitarios y parece que ahora quieran hacer lo mismo con la justicia”, ha insistido.

La sala donde se iba a celebrar el juicio no es especialmente grande y debía dar cabida a 24 personas como mínimo: los 11 miembros del jurado, fiscal, abogado del Estado y tres abogados acusadores de parte (uno en representación de la familia y dos de asociaciones de la Guardia Civil), la magistrada, secretaria y una funcionaria, más el abogado defensor, el acusado y dos policías de escolta y, finalmente, la viuda. La Junta de Andalucía, responsable de la adecuación material de la sala, había dividido los espacios de trabajo de cada uno con una mampara que realmente confinaba el espacio de trabajo sobre la mesa pero, como ha explicado López y García de la Serrana, “tan pronto como dejabas de escribir o mirar al papel y te ponías un poco derecho sobre la silla, te salías del área protegida y te encontrabas a 40 centímetros de la persona sentada a tu lado”. Esa postura, ha explicado, se podía mantener 15 minutos pero no “cinco sesiones de cinco horas, que es lo que teníamos por delante”.

Los hechos que se iban a juzgar ocurrieron el 15 de octubre de 2018. Aquella madrugada la Guardia Civil montó un dispositivo de control de tráfico en varias carreteras cerca de la localidad de Las Gabias, en el cinturón metropolitano de la capital, a raíz de un robo. José Manuel Arcos Sánchez, de 48 años, y otra agente en prácticas establecieron uno de esos controles y, pasadas las cuatro de la madrugada de aquel lunes, dieron el alto a un vehículo en el que viajaba quien luego resultó ser Kiki. Arcos Sánchez paró el coche del que salió el delincuente que, tras un forcejeo, le quitó el arma al agente y le disparó. El delincuente también llevaba consigo un fusil ametrallador. Los servicios sanitarios no pudieron salvar al guardia civil. Cinco horas después, Kiki fue detenido a pocos kilómetros de los disparos.

El jurado, que esperaba en el patio de la Audiencia, no ha llegado ni a entrar en la sala. Tampoco el reo y su escolta policial, ni Raquel Pérez, viuda del guardia civil asesinado. Con la mitad de personas, y como el aire acondicionado no se podía encender por seguridad sanitaria, hacía bastante calor en la sala. También ha sido motivo de queja la obligación de compartir micrófono que, en su caso, había de pasarse con la mano de abogado a abogado. A la entrada no se ha realizado la toma de temperatura a ninguno de los asistentes.

Tras la queja de los representantes de las dos asociaciones de la Guardia Civil, la magistrada ha abierto un turno de opiniones. Algunos se han adherido a la queja y han dado sus explicaciones y otros se han abstenido. Finalmente, la magistrada se ha visto obligada a dictar la suspensión.

Cuando se reanude el juicio, el enjuiciado se enfrenta a peticiones que van desde los 27 años de prisión que reclama la Fiscalía, a los 42, de la acusación particular. Las acusaciones piden indemnizaciones que alcanzan los 330.000 euros.

La viuda y la hija han acudido al juicio

Raquel Pérez, esposa del guardia civil asesinado, y su hija de 22 años han querido estar presentes en esta primera sesión, no así el hijo. La hija ha increpado al acusado cuando lo dirigían desde el furgón policial a la sala del juicio. La madre, por su parte, ha explicado que esperaba “justicia" y que, “cuanto antes pase esto, mejor”. La viuda del agente ha asegurado que, dentro de la tragedia, se considera “muy afortunada”. "No me han dejado sola en ningún momento y no sé cómo lo voy a pagar”, ha agradecido, en alusión a la Guardia Civil.