“¿Quién va a querer trabajar con un supuesto terrorista?”

Hatem Mokhtar Abdalla Said está convencido de que la sombra de la sospecha lo acompañará ya toda la vida. Este empresario egipcio, de 46 años y residente en Alemania, acaba de salir de la cárcel. Dejó atrás los barrotes el 25 de mayo, cuando la Audiencia Nacional lo absolvió después de tres años encerrado en prisión preventiva acusado de financiar y colaborar con el autodenominado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés). Él clama por su inocencia, sentado en el despacho de su abogado se pregunta qué será ahora de su futuro —“¿quién va a querer trabajar con un supuesto terrorista? ¿querría usted trabajar conmigo?”— y acusa a la justicia española de haber conculcado todos sus derechos.

Muchos interrogantes sobrevuelan una historia que comienza el 22 de abril de 2017, cuando la Guardia Civil detiene a Said en El Espinar, un municipio segoviano de 9.000 habitantes. El Ministerio de Interior anuncia ese mismo día que ha arrestado, gracias a la colaboración con los servicios de inteligencia egipcios y alemanes, a “un presunto terrorista” con conexiones internacionales, buscado por su país de origen y vinculado a la célula islamista desarticulada en abril de 2002 en Hamburgo. “Siempre había pensado que España está en Europa y que tiene las mismas garantías que Alemania. Pero, por desgracia, no es así”, se lamenta el empresario, padre de siete hijos con tres mujeres distintas. Explica que solía viajar a la Península simplemente para hacer negocios.

Pero los investigadores pusieron sobre el tapete un relato distinto. El instituto armado y la Fiscalía, que pidió una condena de ocho años, mantenían que desviaba beneficios de su actividad comercial —adquiría en España material informático reciclado, que después exportaba a Alemania y, de allí, a Egipto— a viudas y madres de combatientes de Al Qaeda, ISIS u otras “organizaciones de su campo de influencia” muertos en combate. Esta acusación se reforzaba con la afirmación de que se encontraba en búsqueda y captura por su país natal por una condena de terrorismo; que tenía relación con la célula Narsh City, brazo armado de los Hermanos Musulmanes; que había unas fotos que le situaban en “zona de conflicto” en 2013; y que poseía un “entramado” de empresas para ocultar sus fines

Toda una batería de imputaciones que rechaza la sentencia, tras juzgarlo a mediados de mayo, en plena pandemia del coronavirus. Según los jueces, ni había entramado empresarial —“el volumen de negocio anual confirma la impresión de que era un pequeño comerciante”— ni se presentaron pruebas con el “rigor necesario” para tumbar la presunción de inocencia de Said. Algunos indicios fueron, incluso, “desmentidos” en la vista oral.

Los “indicios” presentados contra él

Así, su vinculación a la célula de Hamburgo y a Narsh City se basaba en noticias de Internet en las que se mencionaba a un tal “Hatem S., 28 años” o ni siquiera se citaba ningún nombre. De su supuesta condena en Egipto apenas se sabe que, cuando lo detuvieron en Segovia, había contra él una orden de arresto caducada de su país natal en la que, según la reseña de la base de datos policial, solo se decía que se le buscaba por “presunta comisión de un delito de terrorismo o de financiación”. Y los jueces señalan que tampoco se ha probado que las fotos de 2013, en las que se observa a Said sujetando lo que “parece bolsas de comida” rodeado de niños en un espacio “urbano desolado por alguna acción de guerra”, se tomasen en una “zona de conflicto”. Preguntado por ello, ya absuelto, el empresario tampoco quiere decir dónde se hicieron: “Yo he ayudado en campos de refugiados de Turquía. No voy a responder a la pregunta de dónde se tomaron porque decir la palabra Siria o Irak es un delito”.

La sentencia de la Audiencia, que la Fiscalía puede recurrir, concluye que “no hay prueba alguna de que enviase dinero” a familiares de terroristas. Salvo en el caso de una mujer que vive en Montenegro, viuda de un combatiente del ISIS, a la que Said dijo que mandaba “pequeñas cantidades de dinero para ayudarle” tras conocerla por Internet y pretender mantener una relación con ella. Todo eso, según el tribunal, se asemejaba más a “conductas que no desbordarían lo que se entiende por actos de caridad”.

“¿Cómo pueden acusar así a gente inocente? Esa ha sido mi mayor decepción. En sus manos tienen toda la fortaleza del Estado y mienten sin ponerse rojos. No hay en el sumario un solo documento de Alemania, de Egipto o de Marruecos, o una conversación grabada, que tuviera relación con el terrorismo. ¡No tenían nada!”, exclama Said. Según explica su abogado, Álvaro Durán, se le calificó como preso peligroso y se le sometió a un régimen estricto. “Estaba en aislamiento. No hablaba nada de español y los funcionarios no me hablaban en inglés”, añade Said. “Era todo horroroso. No podía hablar con mi familia”.

Sus palabras resuenan en la sala. ¿Sus planes de futuro? En cuanto pueda, asegura, se marchará a Alemania y tratará de levantar de nuevo sus empresas. “España ha sido para mí una pesadilla”. “Han destrozado mi vida, mi reputación. Mis hijos se preguntaban dónde estaba su padre. Mi madre lloraba todos los días. Mis hijos lloraban. Su padre estaba en la cárcel por el peor delito del mundo”.

Said cuenta que estudió islam y literatura germana antes de marcharse a Alemania con 20 años. Pasó allí un tiempo y luego regresó a Egipto, donde tuvo “problemas” con el Gobierno de Hosni Mubarak. Por lo que dejó de nuevo su país y se instaló en Hamburgo. Insiste en que condena las actuaciones del ISIS: “Es un grupo terrorista. Cortan cabezas. Eso no puede ser en el islam”. Pero también carga contra el Estado español tras pasar tres años en prisión provisional: “Le ha pasado a mucha gente. Con sus injusticias, las autoridades españolas han sembrado odio. Yo tengo ya 46 años. ¿Pero cómo cree que reacciona un chico de 20 al que le quitan todo? Su respuesta no va a ser paz y amor. El Estado español juega con fuego. Yo reaccionaré a un proceso injusto por la vía de la justicia contra España. Pero otros no reaccionarán así”.