Catedráticos se rebelan contra el boicot a Francisco Llera en la Universidad del País Vasco

El profesor Francisco Llera (Caravia Alta, Asturias, 1950), catedrático de Ciencia Política con 47 años de carrera docente en la Universidad del País Vasco (UPV), fundador en 1995 y director del Euskobarómetro, le han negado continuar ejerciendo su actividad en la universidad pública vasca durante otros cinco años. Para ello solicitó ser nombrado catedrático emérito, pero necesitaba el respaldo de sus compañeros del Departamento de Ciencia Política, que él mismo creó en 1991. Sus colegas de la UPV le han cerrado las puertas del campus –obtuvo un voto a favor, dos en contra y 12 abstenciones- y Llera podría verse obligado a terminar así su etapa educativa. Un grupo de catedráticos de Ciencia Política de varias universidades españolas han escrito una carta a la rectora de la UPV, Nekane Balluerca, en la que le piden que se reconsidere este boicot.

Llera se distinguió durante las cuatro décadas de terrorismo de ETA por su resistencia a la barbarie. Sufrió en primera persona la persecución de los etarras. Un paquete bomba con 3,5 kilos de dinamita que estos dejaron en un ascensor de la Facultad de Ciencias de las Comunicaciones, en Leioa (Bizkaia), pudo acabar en diciembre de 2000 con la vida del profesor, quien poco antes de que el artefacto fuera desactivado por la Ertzaintza había tomado ese mismo ascensor. Viéndose directamente señalado por la banda terrorista –su nombre figuraba en varios papeles interceptados a los activistas-. Llera se vio forzado a abandonar el País Vasco en contra de su voluntad durante un periodo hasta que pudo regresar cuando ETA anunció el fin de su actividad criminal.

Ahora que han acabado los asesinatos y los atentados de ETA –este domingo se cumplen dos años de su disolución-, el director del Euskobarómetro recibe el desprecio de sus compañeros de profesión en la UPV al negársele la posibilidad de convertirse en catedrático emérito, una decisión que él interpreta “en clave política, de venganza y de odio”. Llera sostiene que esta situación “está destapando la falsedad de que una vez desaparecida ETA, todo es ya normal, pero no es así: muerto el perro, no se acaba la rabia. Yo soy un ejemplo más, pero no el único, ni el más importante”.

“Siempre he defendido mi posición y mi compromiso político, en todo lugar y en todo momento con plena libertad, aun arriesgando la vida –se vio obligado a llevar escolta- y se ve que a algunos no les gustó entonces y no les gusta ahora”, ha dicho en declaraciones a Efe. Su currículum está plagado de títulos, cargos, honores y condecoraciones, entre otras la Encomienda de Número de la Orden de Mérito Civil (2015) y la Insignia de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo (2018).

Más de 200 profesores de universidades de España, Reino Unido, Francia, Canadá, EE UU y Chile han firmado una carta en la que se reclama a la UPV que designe al asturiano como profesor emérito de la institución. La última petición, también dirigida a la rectora de la citada universidad, proviene de 18 catedráticos de Ciencia Política. Está firmada por Joaquín María Molins (Universidad Autónoma de Barcelona), Ernesto Carrillo (Complutense), Irene Delgado (Uned), Miguel Jerez (Universidad de Granada), Fernando Vallesopín (Universidad Autónoma de Madrid) y Manuel Villoria (Univeridad Rey Juan Carlos I), entre otros.

Estos profesores destacan los “incontestables méritos” acumulados por Llera durante su trayectoria profesional, así como su trabajo en la creación y consolidación del Departamento de Ciencia Política de la UPV. “A sus colegas de todo el país nos gustaría conocer los fundamentos de una decisión que puede ser leída como un rechazo a toda una ejemplar trayectoria académica y de investigación”, escriben en alusión a la negativa de los profesores de la UPV a nombrarle emérito. Y terminan pidiendo a Balluerca que se encuentren “vías que pudieran dar lugar a la reconsideración de la decisión”.

El proceso administrativo para designar emérito a un catedrático se activa bien por el departamento o por la junta de la facultad correspondiente. Posteriormente se eleva a la Comisión de Profesorado Universitario, que evalúa su pertinencia, y después se vota en el Consejo de Gobierno. En estos casos, la rectora de la UPV “únicamente firma” lo que decide el Consejo de Gobierno, ya que carece de competencias en esta materia.