La guerra de los fiscales

Ya hace tiempo que en los palacios del poder se sabe que la fiscal superior de Madrid no traga al fiscal general del Estado, así que esa mañana temprano, cuando Álvaro García Ortiz la llama por teléfono hasta seis veces seguidas y le envía un torrente de mensajes de texto, Almudena Lastra no le responde, sino que termina de arreglarse y a eso de las 8.30 sale de su domicilio y se dirige en coche al despacho. La noche anterior, cuando su jefe de prensa le advierte, muy nervioso, de que García Ortiz anda removiendo Roma con Santiago para tratar de desmentir una noticia falsa que ha puesto en cir...

Ya hace tiempo que en los palacios del poder se sabe que la fiscal superior de Madrid no traga al fiscal general del Estado, así que esa mañana temprano, cuando Álvaro García Ortiz la llama por teléfono hasta seis veces seguidas y le envía un torrente de mensajes de texto, Almudena Lastra no le responde, sino que termina de arreglarse y a eso de las 8.30 sale de su domicilio y se dirige en coche al despacho. La noche anterior, cuando su jefe de prensa le advierte, muy nervioso, de que García Ortiz anda removiendo Roma con Santiago para tratar de desmentir una noticia falsa que ha puesto en circulación el diario El Mundo, Lastra le responde: “Tranquilo, Íñigo, apaga el teléfono y vete a dormir”.

Hay quien en el párrafo anterior ve un acoso claro del fiscal general hacia una subordinada, y quien —por el contrario— aprecia una injustificable insubordinación, casi un sabotaje, de Almudena Lastra hacia su máximo superior jerárquico. El Tribunal Supremo, como todo el mundo sabe, ya ha dictado sentencia y ha considerado a García Ortiz culpable de filtrar unos correos electrónicos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de tal manera que, por el momento, dejemos de lado el hecho puntual —muy grave, sin duda— y vayamos al fondo del asunto. Sobre las viejas maderas que crujen en los palacios del poder, se libra una guerra de fiscales que no es nueva, pero sí más descarnada que nunca.

—¿Cuándo empezó todo?

—Cuando llegó Lola.

La conversación se desarrolla en un alto despacho —en todos los sentidos— de la Audiencia Nacional. El máximo lujo de este edificio está en las vistas que disfrutan jueces y fiscales a través de sus paredes de cristal. Al otro lado de la plaza de la Villa de París, la fachada principal del Tribunal Supremo; un poco más allá, en la esquina de la plaza de las Salesas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la sede de la Fiscalía regional, y del otro lado, al principio de la calle de Génova, la plaza de Colón y su gran bandera de España, a solo unos metros del palacio de Fontalba, sede de la Fiscalía General del Estado. El fiscal que escucha la pregunta —y que como muchos otros prefiere que no trascienda su identidad— tiene clara la respuesta: “No es un problema ideológico, sino de formas. De falta de respeto y de consideración hacia la carrera. Lo primero que hizo Lola fue quitarle al jefe de la unidad de apoyo la mitad de sus competencias. Por decreto. Esas no son formas de ganarse el respeto de la carrera. Tenga en cuenta que es una carrera muy pequeña, unos 2.800 fiscales en total, pero en Madrid somos 100, y nos conocemos todos”.

No hacen falta más pistas ni más apellidos. En el mundo judicial, Lola es Dolores Delgado García, fiscal de la Audiencia Nacional desde 1993, experta en la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo yihadista, y ahora fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. En junio de 2018, Pedro Sánchez, que acababa de hacerse con el Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy, la designó ministra de Justicia, y apenas dos años más tarde, en febrero de 2020, después de ser reprobada en dos ocasiones por el Senado y una por el Congreso, se cayó del nuevo Consejo de Ministros y fue designada fiscal general del Estado. Para ello, el presidente tuvo que prescindir de María José Segarra, una fiscal que también pertenecía a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que había sido su primera opción en 2018. La fiscal Dolores Delgado ha declinado participar en el reportaje porque se encuentra convaleciente de una operación quirúrgica.

La clave del asunto es que, para entonces, la Fiscalía General del Estado era ya un auténtico polvorín. Cuando el PSOE llega al Gobierno, el Tribunal Supremo se encontraba en plena preparación del juicio a los 12 políticos independentistas acusados de la intentona secesionista en Cataluña. Los cuatro fiscales que ya preparaban el escrito de acusación —­Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno—son cuatro pesos pesados. Zaragoza lo ha sido todo en la carrera, como joven fiscal contra el narcotráfico y el terrorismo y, más tarde, como fiscal jefe Antidroga o jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional; Madrigal se había convertido en 2015 en la primera mujer al frente de la Fiscalía General del Estado; y Cadena y Moreno son dos juristas muy respetados. Los cuatro tienen decidido pedir una condena por rebelión para los encausados, al igual que la Abogacía del Estado, pero al llegar Sánchez al poder ejerce una fuerte presión y la Abogacía rebaja su petición al delito de sedición, que conlleva penas más suaves. Los fiscales mantienen su criterio. El resultado, según un alto representante del Ministerio Fiscal ya jubilado, es que aquellos fiscales forman desde entonces “un islote independiente que funciona como lobby y que utiliza medios conservadores para difundir sus opiniones. Ejercen una oposición permanente, como si fueran una fiscalía alternativa”. El choque frontal que se produjo después entre el Gobierno y los fiscales sobre la legalidad de la amnistía a los separatistas condenados aumentó todavía más el desencuentro.

El procés —según coinciden varios fiscales consultados— fue el principio del fin de la convivencia en la Fiscalía General. Se produce un enfrentamiento prácticamente cainita. Hay fiscales que empiezan a no saludarse por el pasillo, algo que no se había producido nunca. Y a partir de ahí todo se va agravando.

Ser fiscal general nunca fue una tarea fácil. Si se repasa la nómina de fiscales generales desde que se aprobó la Constitución de 1978, pocos lograron salir airosos del encargo. Incluso hubo algunos que tuvieron que sudar la gota gorda para no terminar de mala manera. Lo cuenta Carlos Castresana, ahora en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y antes en múltiples destinos nacionales e internacionales: “En la Fiscalía General, después de la Transición, había el mismo espíritu de ilusión y de consenso que en el resto de las instituciones del país. Se quería construir democráticamente una sociedad distinta para romper los malos hábitos de la dictadura. Pero yo diría que esa ilusión se empieza a truncar en los noventa, a partir del mandato de Eligio Hernández. Los policías Amedo y Domínguez, implicados en la guerra sucia contra ETA, están amenazando con tirar de la manta y llevarse por delante al Ministerio del Interior del Gobierno de Felipe González, y Eligio se llegó a reunir en secreto con Amedo o con sus abogados para intentar arreglar el asunto. Ese es el momento en que la Fiscalía pierde la inocencia, porque ves que el fiscal general está haciendo cosas presuntamente ilícitas. Luego les tocó el turno a los fiscales generales del PP… El peor de todos fue, a mi entender, Jesús Cardenal”.

Lo que cuenta a continuación Castresana, salvando las distancias, no suena tan distinto al runrún que se escucha ahora. “Cardenal”, explica, “era el fiscal jefe de Bilbao y José María Aznar lo nombra fiscal general del Estado. Fue como si a un coronel lo ascienden de repente a teniente general. Durante casi un año, los generales del Supremo le ninguneaban, y hasta le increpaban en las juntas de fiscales de sala. Pero al final, siguiendo el estricto reglamento, se hace con la Fiscalía y la convierte en una institución autoritaria. Creo que ahí se rompe definitivamente el consenso. Cardenal resultó ser el mejor fiscal general al servicio de un Gobierno: nunca hacía declaraciones, ni cosas estrambóticas, sino que, como una hormiguita, iba dando órdenes por escrito hasta que se adueñó de la institución”.

Hay un par de detalles curiosos que sirven para terminar de completar el juego de las diferencias entre el pasado y el presente: Jesús Cardenal no fue la primera opción de Aznar. Nada más llegar al poder en septiembre de 1996 nombró a Juan Ortiz Úrculo, pero solo duró ocho meses porque se enfrentó a los entonces llamados “fiscales indomables” de la Audiencia Nacional, nombrados así por sus enfrentamientos con la cúpula fiscal. El mismo viernes que el Consejo de Ministros acordó por sorpresa su cese, Ortiz Úrculo había acudido a la Audiencia para reunirse con Eduardo Fungairiño, el jefe de los indomables, quien le espetó nada más llegar: “Te recibo por cortesía, pero que sepas que te quedan horas en el cargo”. Efectivamente, la reunión fue interrumpida por la llegada del motorista de La Moncloa con la comunicación del cese. El segundo detalle es que el portavoz del Gobierno de Aznar que anunció en rueda de prensa la destitución del entonces fiscal general se llamaba Miguel Ángel Rodríguez, el mismo que la noche del 13 de marzo de 2025 —casi 30 años después— desencadenó el bulo que, a la postre, provocó la reacción apresurada del fiscal general García Ortiz y su condena por revelación de secretos.

Según el artículo 124 de la Constitución, “el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”. Los constituyentes no daban puntada sin hilo, de ahí que pusieran oído y no escuchado, porque —salvo honrosas excepciones— la opinión del máximo órgano de los jueces nunca le importó demasiado al jefe de Gobierno de turno. Eso sí, ninguno lo dejó tan claro como Pedro Sánchez durante una entrevista en RNE el 6 de noviembre de 2019. Por aquella época, el presidente socialista aún decía que se iba a traer de vuelta a España al fugitivo president Carles Puigdemont, y el periodista Íñigo Alfonso le preguntó:

—Usted lo planteó como un compromiso electoral, y desde el independentismo se están preguntando: “¿Cómo lo va a hacer Sánchez?”.

—Pues lo estamos haciendo. Es que… ¿la Fiscalía de quién depende? [Tras unos segundos de silencio y una sonrisa irónica, el presidente vuelve a preguntarle al periodista], ¿de quién depende?

—Sí, sí, depende del Gobierno.

—Pues ya está.

Aquella escena, que se divulgó enseguida por telediarios y redes sociales, sentó como un tiro en la carrera fiscal, y todas las asociaciones —incluida la Unión Progresista de Fiscales— expresaron su protesta. El difícil equilibrio entre los intereses del Gobierno de turno y la independencia de los fiscales siempre había estado ahí, pero nunca se había expuesto de forma tan brusca. Tanto es así que aquel “pues ya está” aún flota en el ambiente. Hace un año, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Manuel Marchena publicó el ensayo La justicia amenazada, cuyo primer capítulo se titulaba precisamente ‘¿De quién depende el fiscal? Pues ya está…’. Marchena, que presidió el tribunal que condenó a los dirigentes del procés, sostiene que aquella expresión del presidente Sánchez “es la mejor muestra de una concepción gubernamental que degrada el papel del fiscal general del Estado al de un órgano subordinado, obligadamente dispuesto a acatar la voluntad de aquel a quien debe su nombramiento”. Y añade: “Pero esa forma de entender el papel institucional de la Fiscalía no afloró por primera vez en el marco de una entrevista radiofónica. Es seguro que buena parte de los dirigentes políticos —si no todos— que han asumido responsabilidades de gobierno a lo largo de los años de vigencia de la Constitución de 1978 han compartido esa visión, aunque nunca llegara a exteriorizarse en una entrevista”. Marchena, que fue fiscal antes que juez, no hablaba de oídas. Su extenso currículo —cuyo último capítulo es la polémica condena a García Ortiz— incluye haber trabajado para tres fiscales generales, uno nombrado por Felipe González —aquel Eligio Hernández conocido como El Pollo del Pinar por su pasado en la lucha canaria— y dos por José María Aznar, Juan Ortiz Úrculo —que intentó ir por libre y duró ocho meses— y Jesús Cardenal, que permaneció siete años en el cargo por obediente y trabajador.

El récord de permanencia en el puesto de fiscal general lo tiene, curiosamente, el actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. Lo de curiosamente viene a cuento porque, prácticamente todos los fiscales consultados, incluidos los más alejados ideológicamente, consideran que cuando Conde-Pumpido llegó a la Fiscalía General —lo nombró José Luis Rodríguez Zapatero y permaneció desde 2004 hasta 2011— reequilibró la carrera, repartió juego y, sobre todo, tuvo en cuenta el currículo y la competencia a la hora de escalar puestos en el escalafón. “Conde-Pumpido”, recuerda el fiscal Castresana, “no solo mantenía mejor los equilibrios, sino que nunca promovía a gente que notoriamente carecía de méritos”.

Este es otro de los asuntos que más han indignado a la carrera en los últimos tiempos. Lo cuentan los fiscales Salvador Viada, recién jubilado, y Vicente González Mota, fiscal de la Audiencia Nacional. Los dos pertenecen a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), muy crítica con la deriva de la Fiscalía General, tanto que ejerció la acusación popular durante el proceso del Supremo contra Álvaro García Ortiz. “No se puede evitar”, explica Viada, “que las personas tengan ideología, pero lo que no se puede tolerar es que la ideología sea lo que te sirva para ascender, porque en ese caso ya no actúas con imparcialidad, porque no te han elegido por tus méritos, sino por tu ideología”. González Mota añade: “La situación actual es especialmente preocupante por la falta de credibilidad ante la opinión pública y ante la sociedad que tiene la Fiscalía. Y eso sucede porque no se nos percibe como un árbitro objetivo sometido a la ley, sino como una figura muy próxima al Gobierno. Ahora, en las cuestiones relacionadas con la justicia, lo primero que se pregunta la gente es si este o aquel son de la cuerda del Gobierno o del no Gobierno, y eso es una verdadera tragedia”. Salvador Viada saca a colación otra cuestión que, según asegura, ha ido minando de unos años para acá el ánimo de los fiscales: “Hay miedo”. Y lo explica: “Si los baremos para ascender no son puramente profesionales —tu currículo, tus aptitudes—, te mueves sobre un terreno inestable. No quieres significarte, que nadie te señale como el rebelde, el que protesta, el que grita, el que tal. Mire si no lo que le pasó al fiscal Stampa”.

El fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, junto a su compañero Miguel Serrano, destaparon el mayor entramado de corrupción política, policial y empresarial de la actual etapa democrática. Desde 2016 y durante tres años y medio consiguieron instruir 28 líneas de investigación y por la Audiencia Nacional desfilaron empresarios, banqueros, ministros, jefes de la llamada policía patriótica y políticos de derecha e izquierda, pero cada vez se fueron encontrando más piedras en el camino, y no colocadas por los malos precisamente. Stampa lo constató de forma muy gráfica el 23 de octubre de 2020, cuando en compañía de dos policías y dos funcionarios de prisiones se dispuso a registrar la celda que el comisario José Manuel Villarejo ocupaba en la prisión madrileña de Estremera desde 2017. Al verlo llegar, el policía se le encaró: “Ah, ¿pero todavía no te ha echado tu jefa? Deben de tener muy acojonada a mi amiga Lola”. La historia es larga y turbia, pero se puede resumir en que entre las infinitas grabaciones que el viejo comisario había acumulado a lo largo de su carrera para extorsionar a amigos y enemigos, una de las que salieron a la luz fue la de un almuerzo con Dolores Delgado y su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, titular de un bufete que había defendido a tres de los policías imputados en el caso Villarejo. El resultado es que Stampa fue apartado de la investigación y a renglón seguido denunció a sus jefes —­Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz— por entorpecer su ascenso en la carrera. La justicia le dio la razón, pero ni los cinco fiscales de la conservadora Asociación de Fiscales —a la que también pertenecía Stampa— le respaldaron. Miedo, o precaución, o simplemente cobardía en una profesión cuyo fin legítimo es empuñar la espada contra las injusticias, pero que, como dice —en off, por supuesto— una de las fiscales consultadas: “Nuestro futuro y el de nuestras familias dependen siempre de nuestros superiores jerárquicos”. Otro de los fiscales entrevistados justifica así no prestar su nombre: “A pesar de cómo están las cosas, me gusta ser fiscal, estoy satisfecho con mi trabajo, y no te niego que si estuviera dentro de mis posibilidades, hasta intentaría dar la batalla, pero tiene un inconveniente: yo, como otros muchos, tengo familiares en la carrera, y no me gustaría que una decisión equivocada, una declaración de más, pudiera acarrearles algún problema a ellos”.

A la una de la tarde del lunes 9 de marzo, Teresa Peramato, la nueva fiscal jefa elegida por Pedro Sánchez para sustituir a García Ortiz, aún no ha concedido ninguna entrevista desde que accedió al cargo en diciembre de 2025. Decide hacer una breve excepción. Cinco minutos, tal vez seis. Entra en una sala de la planta del palacio de Fontalba a ritmo ligero, casi de legionario. Detrás de ella, con dificultades para seguirle el ritmo, una empleada de la casa deposita sobre la mesa una jarra con agua del grifo y dos vasos.

—En su primer discurso dijo que venía a “sanar heridas”. ¿Cuáles son esas heridas?

—Las heridas ya sabe usted a qué se refieren. A todo el proceso del Tribunal Supremo contra el anterior fiscal general. Para sanar heridas hay que partir de un escenario distinto, una situación diferente, y por eso vamos a hacerlo partiendo de cero. Ahora todos los compañeros y compañeras vamos a enfrentarnos juntos hacia un futuro de la carrera que sea el de siempre, un futuro prestigioso.

—Muchos fiscales aseguran que los problemas en la Fiscalía General llegaron con el nombramiento de Dolores Delgado.

—Yo no voy a hablar del pasado. Está hablando usted con una fiscal distinta. Ni soy Álvaro, ni soy Lola ni soy María José Segarra. Soy una fiscal general distinta con un plan diferente. A partir de aquí hablamos de lo que usted quiera, pero yo no voy a hablar de lo que se hizo. Lo que se hizo todos los sabemos.

—Pero ya ha hecho usted una serie de nombramientos y para muchos han sido más de lo mismo.

—Ah, ¿sí?

—Sí.

—Bueno, pues vamos a analizarlo.

A continuación, Teresa Peramato detalla con pelos y señales el detalle de sus primeros nombramientos. Se presentaron 86 fiscales para cubrir 17 plazas. “Todos son juristas de primera categoría, ninguno que no tuviera mérito o prestigio, pero obviamente todos no podían ser elegidos. Oí al Consejo Fiscal, leí sus currículos, sus planes de actuación y, con el poder discrecional que nos da la Constitución y avala el Tribunal Constitucional, elegí a los 17. Es lógico que los no elegidos se sintieran decepcionados, pero no es más que el juego de la normalidad”.

La normalidad que saltó por los aires cuando un juez instructor del Supremo consideró que había indicios de que el fiscal general del Estado —nada más y nada menos— había filtrado un correo electrónico de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, o el día que envió a la Guardia Civil a registrar el despacho oficial de Álvaro García Ortiz y llevarse una copia de su teléfono y de sus papeles repletos de secretos, o sobre todo aquel día que —por primera vez en la historia— tan alta autoridad del Estado se sentó en el banquillo de los acusados, en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, bajo un cuadro de Alonso Cano que representa a un Cristo ya muerto. Si se observa una fotografía del juicio, la imagen es desoladora. Los altos poderes del Estado enfrentados entre sí por un proceso extraño, en el que el fiscal del Estado —sin entrar en su culpabilidad o no— ha caído en la trampa de un tahúr de la política como Miguel Ángel Rodríguez, quien además se vanagloria de la operación, filtrar una noticia falsa a quien sabe que se la va a comprar sin confirmarla siquiera. En el mundo de abajo, hasta el más pardillo sabe que comprar un peluco robado es un delito de receptación. En el mundo de arriba cada vez es más rentable el negocio de comprar bulos y venderlos como exclusiva.

El resultado es una tensión extrema. Hay un momento del juicio que no ha salido en los diarios. Se produce cuando está declarando el teniente coronel Antonio Balas, un jefe de la UCO que estuvo presente en el registro del despacho de García Ortiz. De pronto, pronuncia el nombre de Almudena Lastra, la fiscal jefa de Madrid, y entonces se escucha:

—Hija de puta, ojalá te mueras.

El insulto, que han escuchado claramente dos trabajadores del Tribunal Supremo y la esposa de un magistrado, ha partido desde los asientos del público, y en concreto del ángulo de la sala ocupado desde el principio del juicio por un grupo de fiscales afín a García Ortiz. Todos los límites se han rebasado. Y a pesar de que Peramato declara que uno de sus objetivos principales es ir recuperando consensos poco a poco, no parece fácil. Hay que tener en cuenta que los fiscales que habitan los palacios del poder en Madrid han tejido durante décadas una tupida tela de araña formada por amistades y enemistades, guerras perdidas o ganadas. A eso se puede añadir que, entre ese centenar de fiscales, abundan los matrimonios entre miembros de la carrera y que muchos de ellos ya tienen hijos que ya ejercen de fiscales.

En su despacho del Tribunal Constitucional —un órgano independiente del Poder Judicial—, Cándido Conde-Pumpido acepta conversar sobre la crisis que atraviesa la Fiscalía General del Estado:

—¿Qué se puede hacer para arreglar la situación de una institución cuya independencia y profesionalidad están en entredicho?

—Lo más importante, la solución de fondo, sería aprobar una nueva ley de enjuiciamiento criminal, y que la Fiscalía adquiera las facultades para investigar, como ya sucede en todos los demás países europeos. Tenga en cuenta que seguimos funcionando con una ley del siglo XIX.

—Ya que eso necesita un consenso político que no parece probable en el corto plazo, ¿qué puede hacer la nueva fiscal general?

—Pues se lo han puesto difícil. Yo creo que equilibrar los nombramientos estaría bien, pero sin que se le pueda exigir que desde el primer momento tenga que colocar en los puestos de más confianza a las personas que más se han opuesto a la Fiscalía. Hay que darle un margen de tiempo, para que por lo menos pueda hacer su equipo. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de los jueces, que trabajan de forma individual, los fiscales trabajan en equipo, son equipos de trabajo.

—¿Es necesaria cierta pedagogía para explicarle a los ciudadanos qué trabajo hacen los fiscales?

—Eso sería muy importante. Hay que tener en cuenta que la Fiscalía es la principal defensora de las víctimas de un delito, ejerce la posición principal en la labor de hacer justicia. El juez es teóricamente pasivo, debe estar en el medio, en el equilibrio, en el centro de la balanza. Dentro de la imagen icónica que tenemos de la justicia —con la balanza en una mano y la espada en la otra—, el fiscal debe ser la espada, es el que tiene que dirigir la acción contra los delincuentes y proteger a las víctimas.

—¿Y esa sospecha de que se pliega a los intereses del Gobierno de turno?

—Habría que hacer llegar a la gente que el hecho de que el nombramiento de fiscal general venga propuesto por el Gobierno no significa en absoluto que el fiscal tenga una relación de dependencia. Por eso precisamente se introdujo en 2007 la garantía de que el fiscal jefe no pueda ser cesado ni nombrado otra vez. Así no tiene la tentación de mostrar agradecimiento ni de hacer méritos para quedarse en el puesto. Si además se elige a una persona de prestigio, con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial y también del Parlamento, no debería sentirse afectado en su independencia. Y, por supuesto, cada fiscal individual tiene también los mecanismos para actuar con independencia, y si no está de acuerdo con una orden puede oponerse. Hay unos mecanismos que ya existen, pero que se podrían reforzar.

La transformación de fondo que propone Cándido Conde-Pumpido es la gran asignatura pendiente. Según coinciden muchos fiscales consultados, su trabajo se desarrolla en un sistema medieval, premoderno, el de los jueces inquisitivos que llevan la investigación y también asumen la tutela del investigado. En la actualidad, por ejemplo, el juez que decide el registro de un domicilio o la intervención de un teléfono es el mismo que lo tiene que autorizar. “¿Y alguna vez alguno de vuestros jueces se ha negado a sí mismo una intervención?”, le preguntó en cierta ocasión un fiscal norte­americano a uno español. El problema es que para llevar a cabo esa gran reforma —del fiscal que investiga y el juez que garantiza la legalidad de la instrucción— habría que despejar primero las sospechas que asocian la Fiscalía con los intereses del Gobierno de turno. Además, claro, de vencer el corporativismo de los jueces, que lógicamente no quieren perder el poder. Tal vez, por eso, hay una frase que se repite desde el siglo XIX: “Este no es el momento”.

De vuelta de la Fiscalía, a la altura de la plaza de las Salesas, me encuentro con un fiscal al que había entrevistado unos días antes y que había mostrado su desagrado con los primeros nombramientos de Teresa Peramato.

—¿Qué haces por aquí?

—Vengo de entrevistar a la nueva fiscal jefa.

—No te creas nada.

Guiña un ojo, sonríe y sigue su camino.