Diálogo social

La primera decisión del nuevo Gobierno ha sido elevar las pensiones en el 0,9%, lo cual puede interpretarse como un indicio de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está dispuesto a cumplir sus compromisos sociales anunciados en la breve legislatura anterior y pactados en la coalición de Gobierno. El mensaje político está claro; pero no debe perderse de vista que otro de los compromisos adquiridos, la subida de las retribuciones a los funcionarios, se ha retrasado porque se ha impuesto la realidad de unas cuentas públicas con un déficit elevado, en torno al 2,5% del PIB, que el próximo Presupuesto tendrá que esforzarse por contener. Y no será fácil.

La subida de las pensiones es la decisión correcta; pero no deja de ser un primer paso o una señal. La tarea relevante, de cuyo éxito depende la equidad intergeneracional de las prestaciones presentes y futuras, está en la reforma a fondo de un sistema que actualmente está generando un déficit en la Seguridad Social (en torno a los 20.000 millones de euros) y una carga importante en el endeudamiento público. Por lo tanto, lo más importante ahora es poner en marcha el diálogo social como marco para resolver los problemas que aquejan al mercado laboral y a las prestaciones públicas; porque empleo y pensiones son parte del mismo problema.

Solo en el marco de ese diálogo es viable políticamente implantar un calendario razonable de subidas del salario mínimo; de ese aumento progresivo depende la subida de las bases máximas de cotización, necesaria para compensar los aumentos aprobados. Y de ese diálogo, en este caso del reinicio de las negociaciones del Pacto de Toledo, depende el acuerdo con los agentes sociales para reformar el sistema público. Hay que despejar de inmediato, y con solvencia, incógnitas tales como si puede mantenerse la promesa de subir las prestaciones cada año en la misma cuantía que lo haga el IPC y en qué condiciones podría aplicarse sin elevar de inmediato los costes del sistema.

Pero las amenazas más graves para las pensiones están en el medio y largo plazo y proceden de la prolongación de la esperanza de vida, del aumento progresivo de los periodos de percepción de las prestaciones y de la precariedad en el empleo. Si no se toman las medidas laborales, económicas y financieras adecuadas, la cuantía de las prestaciones percibidas en el futuro puede ser muy inferior a la actual. Las posibles soluciones para mantener la equidad de las pensiones y garantizar su futuro son conocidas: retrasar la edad de jubilación, introducir los factores correctivos que incluyan la esperanza de vida en la cuantía y revalorización de las prestaciones y explorar las vías para elevar la cotización máxima sin aumentar la pensión correspondiente y trasladar costes de la operativa social a presupuestos.

El nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha expresado su voluntad de reducir con rapidez el déficit de la Seguridad Social; falta saber cómo se propone hacerlo. Lo que se haga debe hacerse si no con prisas, sí con rapidez; y tiene que encauzarse en un diálogo institucionalizado entre los agentes sociales y el Gobierno. Las aventuras y las ocurrencias de última hora deben descartarse en beneficio de una reforma que ya tenía que estar definida y acordada en sus líneas básicas desde 2018.