República o monarquía

Donald Trump está ya en la corta lista de presidentes sometidos a un procedimiento de destitución aprobado por la Cámara de Representantes, la institución que ejerce las funciones de juez instructor y de fiscal en un juicio político que termina con la sentencia a cargo del Senado, constituido como jurado. Los dos únicos antecedentes son los de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998. El primero fue enjuiciado por la destitución de un miembro del gabinete sin la entonces preceptiva autorización de la Cámara alta, es decir, un conflicto constitucional entre el ejecutivo y el legislativo. El segundo fue acusado de perjurio y de obstrucción a la justicia.

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El mejor impeachment es el que no llega a celebrarse. Este fue el caso de Richard Nixon, que dimitió antes de someterse a la humillación de ser primero acusado y luego destituido en votaciones perdidas de antemano, después de que los suyos, los republicanos, le abandonaran, a diferencia de lo que están haciendo ahora con Trump. Su caso llegó al Comité de Asuntos Judiciales, que le acusó de obstrucción a la justicia y abuso de poder, pero no al pleno de la Cámara, como sucedió ayer con Trump, porque el presidente tiró antes la toalla y pasó el testigo al vicepresidente Gerald Ford, no sin antes negociar el indulto por los delitos cometidos en el caso Watergate de espionaje al cuartel electoral del Partido Demócrata.

Clinton fue el primer presidente electo sometido al impeachment, un procedimiento de excepción que corrige parlamentariamente un nombramiento emanado del voto popular. Como Nixon, la iniciativa para destituirle surgió en su segundo mandato, sin posibilidad por tanto de presentarse de nuevo con el lastre de la destitución fracasada, aunque afectó en ambos casos a los candidatos de sus respectivos partidos. En la elección presidencial de 1976, el republicano Gerald Ford no habría perdido ni el demócrata Jimmy Carter vencido sin la caída escandalosa de Nixon. La sombra de Clinton también lastró la candidatura de Al Gore, su vicepresidente, en la polémica elección de 2000, finalmente zanjada por el Supremo en favor de Bush.

El pionero del impeachment, Andrew Johnson, fue elegido vicepresidente en la candidatura de Abraham Lincoln, y no contaba ni siquiera como hipotético candidato para su partido, el republicano, para la siguiente elección. Trump, en cambio, es el segundo presidente electo sometido a la destitución y, en el caso altamente probable de que la supere, será el primero que podrá presentarse de nuevo a la elección presidencial, de forma que el voto republicano valdrá como una desautorización del Partido Demócrata que ha querido destituirle.

De ahí que todo se juegue en la elección presidencial del 3 de noviembre, el día en que los demócratas tienen la obligación de vencer a Trump en las urnas, las únicas que pueden corroborar la acusación lanzada por la Cámara de Representantes, vista la imposibilidad de una mayoría de 67 senadores sobre 100 imprescindible para la destitución. El envite afecta a los dos grandes partidos, que se juegan su futuro a cara o cruz. De ganar la elección un presidente demócrata, el Partido Republicano deberá evitar que Trump le arrastre en la caída. Si Trump repite, no será el Partido Demócrata el único lesionado grave sino el sistema político entero.

Nada podrá parar entonces al presidente, blindado ante las pretensiones de control del Congreso y protegido por los nombramientos de jueces conservadores en todos los altos tribunales del país, incluido el Supremo. Con la institución del impeachment inutilizada, la república americana estará muy cerca de la monarquía electiva en la que el soberano está por encima de ley y no responde ante los otros poderes del Estado.