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Consumo con límites

Las fiestas del gasto, como el black friday, tienen consecuencias y conviene debatir su regulación

Publicidad del Black Friday en 2018
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El llamado Black Friday, o día especial de grandes descuentos comerciales, ha arraigado con fuerza en las pautas de consumo español en los últimos cinco años. Lo que en Estados Unidos se concibió como una solución, más o menos imaginativa, para dar salida a los stocks sin vender después del Día de Acción de Gracias, en España se entiende como un día especial de descuentos para captar la atención y el dinero de los potenciales compradores. Es, por decirlo así, el día del gran despilfarro. El Viernes Negro inicia la carrera del consumismo navideño que acaba el Día de Reyes y que se purga durante todo el mes de enero con la famosa cuesta financiera que sufren las familias.

La práctica del Black Friday plantea tensiones económicas y energéticas que, hasta hoy, las autoridades municipales y estatales no han considerado con suficiente atención. Los pequeños comercios se encuentran, como en el caso de los horarios de apertura, en situación de inferioridad, puesto que no pueden competir con las grandes superficies en la carrera por ofrecer oportunidades. No es obligado, ni siquiera tiene por qué ser razonable, compartir una visión idealizada de las tiendas de barrio; pero lo cierto es que la implantación de un consumo masivo espasmódico, movido por grandes descuentos, produce cambios económicos, sociales y urbanísticos que convendría analizar.

El consumo compulsivo, espoleado por rebajas teóricamente fabulosas, plantea además problemas de defensa de los consumidores, impulsados a adquirir productos que a veces no tienen las debidas garantías o cuyos precios están trucados de inicio. Y, por añadidura, el consumo concentrado y masificado acumula un coste energético (transporte, producción acelerada de artículos que requieren un consumo elevado de energía) incompatible con el proyecto a largo plazo de una sociedad guiada por los principios de eficiencia energética y bajas emisiones de gases tóxicos a la atmósfera. Las organizaciones ecologistas han denunciado con insistencia esta contradicción; el fondo de su protesta es razonable y sería un error echar en saco roto sus advertencias.

No se trata de mutilar el Black Friday o cualquier otra campaña de rebajas masivas, sino de regular de manera firme y precisa las rebajas interminables para limitar sus efectos indeseables. Por lo tanto, los Ayuntamientos de las grandes ciudades —el de Madrid, el primero— tienen la responsabilidad de debatir a fondo las consecuencias urbanísticas, energéticas o sociológicas de la extensión de grandes campañas comerciales. El equilibrio de las ciudades, y por supuesto el energético, es delicado; exponerlo a las consecuencias de una competencia intensiva a la baja de los precios sin un marco regulatorio básico parece una temeridad.

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