Errores evitables

La Junta de Andalucía ha dado finalmente por controlado el peor brote de listeriosis que ha sufrido España, con un balance de tres muertos, cinco abortos y 210 afectados hasta ahora, de los que más de 50 continúan ingresados. Pasada la fase aguda de la crisis, es el momento de examinar lo ocurrido y pedir responsabilidades a quienes puedan haber actuado de forma negligente en este lamentable episodio. El alcance del brote y la cronología de las actuaciones emprendidas por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla indican que se han producido grandes fallos, tanto en el control sanitario previo de la industria implicada, la empresa Magrudis, como en la actuación de los servicios de salud pública, que han respondido tarde y mal a la emergencia sanitaria.

La actuación de la empresa no puede ser más anómala. A la espera de que la investigación abierta por Fiscalía determine el alcance de sus responsabilidades penales, hay indicios de que la actividad declarada en la documentación presentada en la solicitud de actividad no se corresponde con la que realizaba realmente en sus instalaciones; poco antes de la crisis hizo sin permiso obras que requerían autorización previa y una inspección sanitaria posterior, y ocultó a las autoridades sanitarias información esencial sobre el número real de productos que comercializaba, lo que retrasó la inmovilización preventiva.

Tampoco los servicios de salud pública han estado a la altura de lo que se espera de ellos en estas circunstancias. Han actuado con retraso y de forma deficiente en el control de los productos causantes del brote. La última semana de julio ya se tenía constancia de un aumento anormal de casos de listeriosis; el 9 de agosto se tuvo constancia de que había una partida de carne mechada contaminada, pero no se decretó la alerta sanitaria hasta el día 15. En ese tiempo, los productos contaminados siguieron comercializándose, lo que agravó la extensión del brote. Y a pesar de que desde el 13 de agosto se sabía que la carne contaminada pertenecía a la empresa Magrudis, los servicios sanitarios de la Junta aún tardaron otros seis días en decretar la alerta para el resto de productos de la firma, incluida una partida que se comercializaba como marca blanca. La opacidad con que se actuó pudo agravar las consecuencias. Resulta inadmisible que la empresa ocultara a las autoridades información, pero las pesquisas del servicio de salud pública también fueron muy deficientes. Dos de los productos contaminados —el chorizo casero y el chorizo picante— figuraban en su página web, a pesar de los cual no se dio la alerta sanitaria para inmovilizarlos hasta el 28 de agosto.

Lejos de asumir los errores y hacer autocrítica, tanto el consejero de Sanidad como el presidente de la Junta de Andalucía han respondido al desafío con injustificada autocomplacencia. Juan Manuel Moreno llegó a decir: “Estamos escribiendo un nuevo relato en el combate de la listeria en España y en el mundo”. Lamentable ha sido también el intercambio de reproches entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. En una situación como esta se espera colaboración y no confrontación política. Solo la actuación temprana y decidida de los servicios de atención sanitaria en el tratamiento de los afectados ha permitido reducir los daños. No todo ha sido, pues, negativo, pero conviene que las lecciones de la crisis no caigan en saco roto.