Derecho robado

La actual ley, vigente desde 2011, se ha convertido de facto en una barrera para que los más de dos millones de españoles que residen en el extranjero puedan votar y quedan así privados de uno de sus derechos fundamentales. El problema se detectó inmediatamente después de que entrase en vigor la legislación, ya que la participación se derrumbó y pasó del 31% en 2008 al 4,9% en 2011. Numerosas instancias, entre otras el Parlamento Europeo y la Junta Electoral Central, además de los propios afectados, que hablan de “abstencionistas forzosos”, han solicitado de manera reiterada a los partidos políticos que arreglen la situación, algo que no han hecho, entorpeciendo con ello el ejercicio de un derecho constitucional básico.

Todo indica que por falta de acuerdo entre las formaciones —pese a que el PSOE y Podemos acaban de presentar una propuesta concreta que solucionaría el problema— los ciudadanos que viven en el exterior se enfrentarán a obstáculos, a veces insalvables, para votar en las próximas elecciones, las municipales, autonómicas y europeas que ya están previstas para el 26 de mayo y, si se convocasen antes, las generales. Es una situación intolerable, equivalente a convertir en casi imposible el voto de prácticamente todos los madrileños. En las elecciones de 2016 solo pudo votar un 6,3% del censo exterior, que actualmente se eleva a 2.082.469 personas. Además, el número de residentes en el extranjero ha aumentado en casi un millón de personas a causa de la crisis, desde 2008, y, por lo tanto, la gravedad de este problema.

El llamado voto rogado, que se instauró para evitar cualquier posibilidad de fraude ante los numerosos errores en el censo, consiste en someter a los residentes en el exterior a una especie de yincana electoral. Los que quieran participar deben rogar el voto, esto es, estar registrados, mostrar su voluntad de votar pidiendo la documentación junto a una copia de su DNI o pasaporte, esperar a que les lleguen las papeletas una vez que se hayan cerrado las listas y luego votar por correo o en los consulados. En la práctica, la inmensa mayoría de las veces los votantes no superan el segundo trámite, ya que la documentación llega con las urnas cerradas. Puede ser cierto que el sistema anterior hiciese posible el fraude, pero el actual hace casi imposible el voto. La reforma propuesta la semana pasada por el PSOE y Podemos permitiría poner en marcha el proceso antes de que se cierren las listas, con el envío de papeletas en blanco, y ampliar por lo tanto los plazos, pero ha chocado con la negativa del PP, que considera que no reúne las suficientes garantías.

Solo una falta de voluntad política puede explicar que este asunto, que lleva coleando ocho años y que ya estaba en el acuerdo de gobierno de PP y Ciudadanos de 2016, no haya sido solucionado en tiempo y forma, especialmente cuando casi todos los países de nuestro entorno lo han arreglado, a través de la tecnología, como Suiza o Estonia, o por voto directo en consulados, como en el caso de Francia. Si PP y PSOE fueron capaces de pactar la fallida reforma de 2011, los partidos deberían demostrar una inequívoca voluntad para arreglar algo que no funciona, desde el consenso que necesitan este tipo de iniciativas legislativas, y devolver a los españoles que viven en otros países un derecho del que no pueden ser privados. Y, sobre todo, hacerlo con la celeridad que impone un calendario electoral inminente.