Brexit, Irlanda y la solidaridad europea

El punto crucial del acuerdo de retirada de Reino Unido de la UE (y también el que ha causado mayor rechazo en el seno del partido conservador británico) es el denominado backstop;el mecanismo que impide que el mantenimiento de la supresión de controles fronterizos, acordado de forma transitoria, pueda ser derogado de forma unilateral por Reino Unido si no hay una alternativa acordada adecuada a la ausencia de los mismos (alternativa que ni el Gobierno británico ni nadie ha conseguido identificar de manera creíble). Mantener la libertad de circulación mediante la Zona Común de Viaje (Common Travel Area, CTA) mencionada en el artículo 5 del acuerdo de retirada es bueno para la UE, pero, sobre todo, es la respuesta a la demanda irrenunciable de la que el Gobierno irlandés ha hecho bandera.

La unión aduanera y la CTA permiten la libertad de circulación de mercancías, pero, sobre todo, de personas, y esto es esencial para preservar la unidad legal del territorio de la isla y, por ello, para garantizar la vigencia de los Acuerdos de Viernes Santo que pusieron fin a los “problemas” en el Úlster. Un aspecto esencial para el funcionamiento de aquellos acuerdos es la inexistencia de frontera entre ambos territorios: la pertenencia a la UE ampara la supresión de la frontera, en sentido estricto de control, y esto es valorado por los diversos actores involucrados como un elemento coadyuvante para conseguir la paz. La causa irlandesa es importante y justa y, correctamente, la UE ha mostrado una solidaridad profunda poniendo su peso negociador al servicio de la República.

La centralidad de esta cuestión refleja un compromiso solidario de la UE no sólo con la República de Irlanda, sino también con Reino Unido, y la lectura de este compromiso de solidaridad debe subrayar que ciertos objetivos, como el mantenimiento de la paz, merecen amplias concesiones por parte de la UE independientemente de los posibles costes. La referencia a Gibraltar en el mandato negociador, por ejemplo, reflejaba un similar guiño de solidaridad con España (aunque su plasmación en el acuerdo final no ha contado con el mismo grado de robustez que la cuestión irlandesa). Y los costes existen también para otros Estados: por ejemplo, si se produjese una salida sin acuerdo de Reino Unido (precisamente porque la UE no renuncia al backstop), esto afectaría muy negativamente a Estados como Polonia. Un millón de polacos viven en Reino Unido y el país es el mayor receptor de fondos comunitarios, de los cuales Reino Unido es el segundo mayor contribuidor. Así, el Gobierno polaco ha insinuado poner un límite temporal al backstop (cinco años).

Irlanda ha aplicado un impuesto de sociedades en torno al 12,5%, frente a una media europea del 24%

Ahora bien, la solidaridad europea no es una avenida transitable en una única dirección, en donde una parte sistemáticamente apoya a otra, pero no existe reciprocidad. Más aún, la solidaridad como principio de relación entre los Estados de la UE debe excluir las tentaciones de aprovecharse de posiciones de ventaja para explotar a los socios. Y, teniendo en cuenta las actuaciones de sucesivos Gobiernos irlandeses, parece que adoptan como propia esta visión unilateral y selectiva de la solidaridad europea.

Específicamente, la asimetría en la concepción de la solidaridad se pone de manifiesto en materia fiscal. Irlanda ha aplicado, históricamente, un impuesto de sociedades mucho más bajo que otros Estados miembros de la UE (en torno al 12,5%, frente a una media del 24%). Evidentemente, esto hace muy atractivo el establecimiento de compañías multinacionales en la isla, con la ventaja de que el mercado único europeo les permite operar en toda la UE pagando el impuesto sólo en la sede de su matriz. A ello se une un régimen muy permisivo de ciertos artificios fiscales. La atracción es todavía mayor para las compañías de base tecnológica o de la nueva economía: una enorme cantidad de empresas, como Amazon, Apple o incluso alguna española, han establecido allí sus sedes fiscales atraídas por el régimen fiscal irlandés.

La Comisión reaccionó a esta situación y en una decisión capital consideró que el régimen fiscal que Apple ha disfrutado en Irlanda puede ser considerado ayuda de Estado, ordenando a Apple que pague 13.000 millones de euros en impuestos (más intereses) a la República. En una posición que podría sorprender, el Gobierno irlandés, respaldado por su opinión pública, se negó en principio a ejecutar o solicitar el pago, señalando así su compromiso con un régimen fiscal que “vampiriza” a los otros Estados miembros: los impuestos pagados en Irlanda corresponden a la actividad económica realizada en toda la UE, por la cual aquellos Estados en los que se realizan las transacciones efectivamente recaudan escasísimos impuestos.

Dublín se ha alineado con las posiciones duras de la llamada Liga Hanseática en el debate sobre la reforma del euro

Hasta el momento, el Gobierno irlandés se niega rotundamente a revisar su impuesto de sociedades. La Comisión ha reaccionado proponiendo una base común consolidada del impuesto de sociedades (CCCTB, en sus siglas inglesas), cuya adopción Irlanda ha bloqueado con el apoyo de la autodenominada Liga Hanseática (autora también de propuestas restrictivas sobre el presupuesto de la zona euro). Los Gobiernos de Alemania, España, Francia e Italia han explicitado su apoyo a la CCCTB. El problema es que estas tasas deben ser aprobadas por unanimidad y mientras la Comisión tiene expectativas fundadas de que se pueden producir progresos en ámbitos tales como la fiscalidad medioambiental, la tasa digital ha visto pospuesta la decisión de terminar el veto a 2025 (del objetivo inicial de 2020). Naturalmente, el veto sólo se puede suprimir por… unanimidad.

Los últimos Gobiernos irlandeses también se han alineado con las posiciones más duras sostenidas por la autodenominada Liga Hanseática en el debate sobre la reforma de la gobernanza del euro. Así, el Gobierno irlandés, junto a los hanseáticos, cuestiona la creación de un presupuesto propio del euro, la creación de eurobonos y, sobre todo, aboga por reforzar los controles sobre los presupuestos nacionales para evitar excesivas alegrías con el gasto público. Gran paradoja: mientras se “vampirizan” los ingresos fiscales de otros Estados (que sirven para sostener el Estado de bienestar en esos países), se exige en paralelo mayor disciplina fiscal con el gasto.

La UE debe estar dispuesta a minimizar el impacto del Brexit sobre Irlanda (incluyendo también el impacto económico) y debe involucrarse en la búsqueda de soluciones imaginativas a la cuestión de la frontera que deben considerar, incluso, si es necesario, modalidades de semipertenencia a la UE de Irlanda del Norte. Pero la República de Irlanda debe estar dispuesta a enviar una señal de solidaridad al resto de los Estados, porque el gorroneo fiscal no es aceptable en una unión solidaria. Y quizás sea el momento de enviar una señal clara a Irlanda sobre los límites a una solidaridad entendida de manera unilateral.

Carlos Closa es profesor de Investigación del IPP-CSIC.