Juicios y prejuicios

Todo el país parece tener una posición clara en torno a si lo ocurrido en Cataluña hace ahora más de un año es constitutivo de un delito de rebelión o sedición. Nunca como hasta ahora la comprensión técnica de los elementos de dos tipos penales complejos ha resultado tan familiar para casi todo el mundo. Lo mismo podríamos decir del relato de hechos probados que avalaría la comisión de los delitos, así como la autoría de los mismos. Todo parece estar meridianamente claro. Detrás de cada ciudadano, más o menos ilustrado, ha nacido un eminente jurista con procelosos conocimientos de Derecho Penal que administra con desparpajo, sin el menor de los reparos. No hay llamada a la prudencia que valga. No hay renuncia a posicionarse o expresión que transmita duda sobre el tema que no sea afeada como equidistancia cómplice. Las parejas, las familias, los amigos, los compañeros de trabajo… todos han fijado ya posición al respecto. Convendrán conmigo que el fenómeno resulta particularmente curioso, máxime si aceptamos que aproximarse al objeto de debate exige contar con conocimientos técnicos que no están al alcance de cualquiera.

En este contexto, ¿cómo es posible que nadie encuentre razonable manejarse con más cautela en un tema con graves consecuencias para las personas afectadas y para la relación entre Cataluña y España y espere, con respeto, al pronunciamiento judicial? No perdamos nunca de vista que, tal y como están articulados los escritos de acusación, el tribunal podrá considerar todas las opciones.

Me pregunto si los ciudadanos nos comportaríamos de la misma manera ante una crisis alimentaria o sanitaria. Me planteo también si los partidos políticos de la oposición actuarían con el dramatismo con el que han articulado su respuesta al conocer los términos en los que la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal han formalizado sus escritos de acusación en el proceso penal abierto contra dirigentes catalanes. Honestamente no lo creo. Imagino, más bien, un escenario menos hostil en el que todos llamarían a la calma, pedirían cautela y reclamarían confianza plena en los poderes del Estado. Más aún, los líderes políticos resaltarían la magnífica cualificación de los técnicos encargados de ocuparse de la cuestión. Unos funcionarios, dirían para el caso particular, que actúan sin más servidumbre que la que les impone el respeto al ordenamiento jurídico.

Nada de esto ocurre en el caso que nos ocupa ¿Por qué el mismo proceder que encontramos razonable en una potencial crisis alimentaria o sanitaria no nos parece exigible en una crisis de envergadura constitucional como la que representa Cataluña? ¿Cómo podemos tolerar que el trabajo de algunas instituciones del Estado competentes en el desarrollo de un proceso judicial como el que nos ocupa sea sometido a un prejuicio político sin más pretensión que ensuciar su actuación profesional? Las preguntas no son pura retórica. Las respuestas que ofrezcamos incidirán, de hecho, en la confianza que logre inspirar el proceso judicial, su sentencia y, a la larga, la solvencia de nuestro sistema democrático. Tengamos cuidado. No es un tema que podamos tomarnos a broma.