Retorno a la justicia universal

En ocasiones, la mejor manera de lograr avances democráticos es rectificando. En los últimos años, el Gobierno del PP dio marcha atrás en algunas de las medidas tejidas en el ámbito educativo (las reválidas o la marginación de la Filosofía). Ahora se muestra dispuesto a desandar el camino que fulminó la justicia universal. En una rara unanimidad, los grupos parlamentarios han atendido la petición del hermano de José Couso, el reportero de Telecinco asesinado en Bagdad en 2003 por disparos procedentes de un tanque estadounidense.

La Audiencia Nacional inició la investigación del crimen, por el que fueron procesados varios militares estadounidenses, y el juez Santiago Pedraz viajó incluso a Irak para reconstruir las circunstancias de la muerte del camarógrafo. Pero la causa se archivó de un plumazo en 2014, cuando el PP acabó con la jurisdicción universal, que permitía indagar y llevar a juicio delitos cometidos contra españoles en el extranjero. Con esta reforma se vaciaban de contenido derechos constitucionales básicos como el acceso a la tutela judicial efectiva y la protección de los derechos de las víctimas. Se congelaron los casos sobre el genocidio en el Tíbet, las torturas en Guantánamo o el asesinato de jesuitas en El Salvador.

La flexibilidad exhibida por el PP en esta materia choca con la contumacia escenificada el mismo día en el Congreso para despenalizar total o parcialmente delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona, ultraje a los símbolos de la nación y ofensa a los sentimientos religiosos. Todos los partidos, a excepción de PP y Ciudadanos, avalaron la iniciativa abanderada por IU para reformar el Código Penal y suavizar estos supuestos.

Es difícil no pensar que ha habido un retroceso en cuanto a libertad de expresión si se analiza la sentencia que en 2009 absolvió a los autores de la viñeta y de un artículo de Deia que satirizaban la participación del rey Juan Carlos en una cacería en la que se dijo que abatió al oso Mitrofan, emborrachado previamente. El juez determinó que se trató de una crítica, “si se quiere feroz y despiadada por el tema de la caza, a la institución monárquica”. Los procesados habían estado muy cerca de traspasar la delgada línea entre la sátira y la difamación que establece la libertad de expresión. Con el Código Penal en vigor es muy probable que hubieran sido condenados.