Proteger al denunciante

Los chivatos, delatores, soplones siempre han tenido muy mala fama. Basta con recordar la clásica película de John Ford El delator, en la que Victor McLaglen ganó el Oscar por interpretar a un traidor irlandés que se movía entre sombras, tabernas y dinero manchado de sangre. Sin embargo, se trata de una profunda injusticia. En un mundo global, el papel de los informadores es esencial. Sin ellos, no habrían salido a la luz escándalos tan importantes como WikiLeaks o LuxLeaks. Gracias al riesgo personal que han asumido algunos informadores —“lanzadores de alerta” es una expresión francesa que les hace justicia— se han investigado casos de fraude fiscal que superan fronteras, fraudes de corrupción gigantescos o violaciones del derecho a la privacidad de los ciudadanos.

Sin embargo, el destino de muchos de los que filtran es incierto. Hervé Falciani, que colaboró con varios países para denunciar una red de evasión de impuestos, sigue en el punto de mira de la justicia suiza, mientras que Antoine Deltour, que reveló el caso LuxLeaks, la evasión fiscal masiva de multinacionales instaladas en Luxemburgo, llegó a ser condenado a prisión, aunque fue absuelto en segunda instancia. Si no cuentan con una protección adecuada, es muy posible que los informantes guarden silencio, porque se enfrentan a Gobiernos o a empresas tan poderosas como Estados, con una capacidad ilimitada de pleitear que hace que denunciar sea a veces imposible sin recurrir a la prensa o a fiscalías especiales.

Por eso es una excelente noticia que el Parlamento Europeo vaya a votar este mes de octubre una legislación que, si es ratificada por el Consejo que reúne a los Gobiernos —y debería serlo, porque el apoyo al texto se prevé contundente—, obligará a los Estados miembros a proteger a aquellos que se juegan su vida laboral —y a veces directamente su vida— por denunciar prácticas ilegales. Por ahora, solo diez de los 28 países de la UE tienen una legislación que protege a los informantes y entre ellos no se encuentra España.

Desde 2016 está en tramitación en el Congreso, aunque enterrada en enmiendas, una llamada Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, propuesta por Ciudadanos, pero a la que el resto de los partidos ha puesto objeciones técnicas, aunque no sobre el fondo. En su memoria anual, presentada este mes, la fiscalía reclamó una “regulación adecuada” para proteger a los informantes, tal y como piden la ONU y Transparencia Internacional. Y lo solicitó de forma urgente. El ministerio público recuerda que los que dan un paso adelante no cuentan con la protección adecuada, lo que les retrae a la hora de denunciar.

La Comisión Europea calcula que se pierden cada año entre 5.800 y 9.600 millones de euros por fraudes que pudieron ser denunciados pero no lo fueron. No se trata solo de una cuestión económica (aunque es importante). Los informantes, lanzadores de alerta, denunciantes son personas que asumen riesgos enormes por el bien común y por eso merecen el aplauso de la sociedad y, sobre todo, la protección de la ley.