El disenso migratorio europeo

Para Samir Amin, el amigo de siempre,

in memoriam

Una de las mayores dificultades para elaborar una política migratoria europea estriba en el disenso entre las políticas de los Estados y la lógica democrática del derecho europeo que se está construyendo de modo jurisprudencial. Todos los Estados están de acuerdo, mutatis mutandis, para buscar reglas comunes en materia de entrada al territorio europeo, pero ninguno acuerda totalmente con su vecino. Ejemplo: el reglamento de Dublín en materia de asilo impone que el país de primera llegada sea responsable de permitir o rechazar el acceso, pero al no existir reglas comunes claras y rigurosas de aceptación, cada uno interpreta este derecho según sus intereses. Además, esta regla hace reposar sobre los Estados fronterizos la responsabilidad, sin que el resto sienta la necesidad de ayudarlos, transformándolos en demandantes permanentes de ayuda financiera a la Comisión Europea que sólo se moviliza en situación de emergencia, cuando el fuego ya arde en casa y frente a llegadas masivas y dramatizadas por los medios de comunicación (el mar, los niños, las mujeres, la muerte…).

Se añade a esta cacofonía política la lógica disruptiva de las instituciones jurídicas europeas. La tendencia dominante y legítima del juez europeo es juzgar en función de criterios basados en el respeto de los derechos humanos como, en general, se encarnan en los grandes textos fundadores de la Unión. La Corte Europea de los Derechos Humanos (CEDH) y la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE) no aceptan, con razón, ninguna limitación contra los movimientos de circulación internos, pero también vigilan con preocupación las restricciones a las entradas irregulares por los Estados, es decir, interpretan a su antojo la aplicación del reglamento de Dublín.

Detrás de estas dos grandes fuerzas, Estados versus justicia europea, hay, por supuesto, muchos otros actores que influyen: movimientos asociativos, ONG, organizaciones internacionales (la ONU en particular) e instituciones religiosas cuya orientación es, en general, favorable a la libertad de circulación o, a la inversa, la opinión pública europea partidaria del cierre de fronteras y que coacciona la reacción de los Estados cuando no está directamente incentivada por ellos.

Esta situación prevalece porque nunca Europa tuvo la valentía de abrir un debate común sobre su política migratoria. Y, por otra parte, si dentro de las naciones es imprescindible que haya fuerzas que vigilen el respeto a los derechos humanos, también se debe entender que ningún país, hoy, puede permitirse abrir totalmente sus fronteras. Pues la inmigración no es una abstracción, sino un hecho humano que toca los intereses colectivos y que puede generar conflictos dramáticos. En vez de utilizarla como una mercancía que se compra o se vende en el mercado político, las fuerzas democráticas deberían buscar un consenso interno. Pues a falta de acuerdo, seguirán las mafias nutriéndose, como buitres, del disenso europeo.