Mala señal

La decisión del Gobierno de trasladar a dos presos etarras en tercer grado, Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, de la cárcel asturiana de Villabona a la vizcaína de Basauri ha despertado las peores maneras del Partido Popular, que cargó de inmediato contra la medida. Los etarras habían planeado asesinar en 1997 a Juan María Atutxa, en esa fecha consejero peneuvista de Interior, y a Carlos Iturgaiz, entonces presidente del PP vasco y hoy eurodiputado de la formación conservadora, y fueron detenidos un año después y condenados, cada uno, a más de 70 años de cárcel.

Con el reconocimiento del tercer grado, el traslado cumple con todas las exigencias de la ley: desvincularse de ETA, pedir perdón, colaborar con la justicia, afrontar las responsabilidades económicas de la sentencia y haber cumplido las tres partes de la condena. Aun así, desde el miércoles distintos miembros del PP han arremetido contra el Gobierno con el mensaje de que este favorecía a los etarras para contentar a los partidos nacionalistas vascos que apoyaron a Pedro Sánchez en la moción de censura.

Pablo Casado, el nuevo líder del PP, continuó ayer con los ataques. En una ofrenda floral dedicada a las dos víctimas de un atentado etarra en Santa Pola (Alicante) hizo suyas las palabras de la carta que Iturgaiz había enviado un día antes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que lo acusaba de “premiar a los verdugos y castigar a las víctimas”. Una invectiva que ha chocado abiertamente con la posición de los colectivos que defienden a estas últimas. Consuelo Ordoñez, de Covite, aseguró que el traslado “es absolutamente legal”, y Maite Araluce, presidenta de la AVT, sostuvo que “se ajusta a la ley y cumple todos los requisitos. Y añadió: “No es que nos guste, pero no nos oponemos”.

ETA ha sido derrotada, sobre eso ya no cabe discusión alguna. Quedan todavía algunos flecos que atar, y no es una tarea baladí. Convertir ahora el delicado camino que queda por recorrer tras el final de la banda terrorista en una abierta confrontación partidista no solo es un error mayúsculo, sino una manifiesta irresponsabilidad. Si se cumplen las leyes, no hay caso. Y lo sensato sería que se conservaran intactos los consensos de la lucha antiterrorista. Casado ha elegido, en cambio, explorar la vía de la polarización utilizando el dolor de las víctimas para erosionar al Gobierno. Ha calculado, de paso, que la fórmula le permite fortalecer la complicidad con sus bases explotando el más peligroso de los resortes emocionales: la impotencia acumulada durante tantos años en los que la furia asesina de unos nacionalistas fanáticos llenó el país de una crueldad inútil e innecesaria.

Son muchos a los que, como a tantas víctimas, tampoco les gusta que algunos de los mayores asesinos de ETA salgan de la cárcel, como Santi Potros hace unos días. Pero lo que sostiene a un Estado de derecho son sus leyes. Y es una condición imprescindible que las haga respetar para realizar con mayor autoridad lo que aún queda por hacer para que la democracia deje definitivamente atrás el terror etarra. Casado se ha equivocado.