Esquerra tiene miedo

La tentativa de una segunda investidura (tras las elecciones del 21-D) en favor de Carles Puigdemont es parlamentariamente insólita y en términos democráticos, extemporánea.

No solo porque ya se sabe de antemano el fiasco y el vacío en que desembocaría, al resultar legalmente imposible, como han acreditado el Consell de Garanties Estatutàries y el Consejo de Estado, y sin duda ratificará en su momento el Tribunal Constitucional tras el correspondiente recurso del Gobierno. Todos han rechazado, con razón, las entronizaciones presidenciales telemáticas, pues hurtan a ciudadanos y a sus representantes la dinámica del debate presencial y la viveza argumentativa de las réplicas y dúplicas.

También lo es porque supone una nueva pérdida de tiempo, cuando los catalanes necesitan ganarlo para recuperar su normalidad estatutaria, jurídica y económica. Porque demuestra nuevamente que los más interesados en la prolongación de la situación excepcional del artículo 155 son el propio Puigdemont y su círculo inmediato de confianza. Porque el atropellado baile de candidatos quemados y aspirantes imposibles banaliza la seriedad exigible a una institución tan importante como la Generalitat. Porque ese espectáculo solo beneficia a los intereses individuales de una persona, empeñada en mantener la inestabilidad y la tensión hasta el final de los tiempos.

Ha llegado la hora de que Esquerra Republicana, principal socio de Junts per Catalunya, deje de hacer el caldo gordo a las esotéricas maniobras del líder fugitivo. Esquerra sabe que Puigdemont no volverá a ser president y percibe con toda nitidez que no le interesan unas nuevas e inciertas elecciones. Además, aunque mantenga el objetivo independentista, está incursa en un proceso de alejamiento del unilateralismo que debe, para ser creíble, abrir espacios a la normalización.

El principal obstáculo para la aplicación de esos propósitos tiene un nombre: el del último presidente. Su empecinamiento individualista no solo está emponzoñando las perspectivas de Esquerra, sino también afianzando la larga permanencia de su principal líder, Oriol Junqueras, en prisión preventiva: una situación que desde distintos puntos de vista sería deseable revertir pero que la prolongación del unilateralismo por parte Puigdemont imposibilita, a los ojos —y los autos— del juez instructor.

Si Esquerra quiere recuperar credibilidad como el partido de gobierno que ha sido en distintas ocasiones debe deshacer el obstáculo y plantarse ante las exigencias de Puigdemont a que los demás desacaten la ley, desobedezcan a los tribunales y se encaminen a la cárcel, mientras él prosigue sus aventuras sin ataduras.

Si Esquerra no da respuesta a lo que a todas luces es también una provocación contra sus cargos electos (como el presidente del Parlament) y contra el propio partido —por incomprensible miedo a aparecer como partido traidor (¡desde la cárcel!)— acabará en el lodazal de tener que aplaudir a un nuevo presidente títere e inane, o enfangándose en unas elecciones cuya convocatoria solo Puigdemont y quienes secunden su dislate pagarán, por incapaces de elegir un líder viable a lo largo de cinco meses dilapidados en insensateces.