Crimen contra la mujer

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pronunció unas palabras sobre la sentencia de La Manada que constituyen todo un ejemplo de indiferencia burocrática. En este caso no hay réditos a ganar de la expresión de rechazo contundente al delito, así que todo se queda en una declaración de obligado cumplimiento, el acatamiento de la sentencia, y otra de buenas intenciones, que la misma sirva para que tales hechos no se repitan. Sin contravenir lo primero, hubiera bastado con afirmar que el Gobierno se encuentra decididamente al lado de las mujeres sexualmente agredidas y que hará todo cuanto esté en su poder para que tales situaciones sean definitivamente eliminadas. Era esto al parecer un excesivo compromiso con las víctimas y con la justicia.

Más cuestionables aún son las opiniones expresadas por algunos juristas que no entran en el fondo del asunto y se limitan a contraponer el imperio de la ley, aplicado supuestamente por los jueces del 102, con la indignación popular, presentada casi al modo de una ley de Lynch carente de validez jurídica alguna. Así que hasta que tenga lugar un cambio en los artículos 178 a 182 del Código Penal, a acatar y basta.

El problema, respecto de lo dicho por la vicepresidenta, es que en la sentencia (y no hablemos del voto particular) se contiene una negación de haberse cometido delito de violación, en un caso límite y después de buen número de sentencias sobre el tema, vejatorias para las víctimas. Luego, no hay ejemplaridad, sino razones sobradas para alarma social, para la indignación. Respecto de la posición de los "juristas puros" habría que decir que en esta ocasión el obstáculo a la justicia no viene del texto legal, sino de una interpretación del tribunal que lleva a algo tan grave como ignorar que una violación es una violación.

La base para ello es la desviación operada al calificar el delito, apartándose de los agresores en dirección de la víctima. Sobrevive la idea de que una mujer debe guardar su honra a toda costa, pues de no hacerlo hasta un riesgo extremo, sin llegar a la pena de muerte para la violada en Jordania, implica una u otra forma de consentimiento. Esta discriminación contra la mujer no existe solo en medios judiciales. De mi vida política, recuerdo el episodio de la respuesta de un dirigente, propagandista de la emancipación femenina, sobre el desapego visible hacia una compañera que había sufrido malos tratos y se convirtió lógicamente en defensora de la libertad sexual. "¿Y quién va a votar a ese putón?", dijo el tipo y se quedó tan fresco. En la sentencia de Pamplona, sobre todo al ser aceptado puntualmente el relato de la víctima, interviene esa desconfianza hacia la mujer que asumió pasivamente —¿qué iba a hacer ante cinco tiarrones que incluso podían matarla si se resistía?— su terrible suerte del momento, sin expresar nunca su consentimiento. En esas condiciones, ¿tiene una presa ante la agresión inminente de una manada la sensación de que ellos actuan "sin violencia o intimidación", como requiere el artículo 181 para evitar el delito de agresión sexual? La intimidación no es una percepción subjetiva.

Porque no fue una persona de sexo femenino en concreto quien ha sido objeto del "abuso" por La Manada. Ellos no iban contra nadie en particular, sino contra la Mujer, genéricamente destinada a ser objeto de sus acciones brutales, probadas. No importaría siquiera que la víctima tuviese el complejo de Mesalina y gozara, ni que en sentido contrario sufriera una gravísima crisis psicológica por efecto de los hechos. Ellos practicaron conscientemente la intimidación, importándoles únicamente la satisfacción de su machismo, y el objeto solo contaba para satisfacerlo. Por eso lo ocurrido en Pamplona no es un delito únicamente contra una sola mujer, sino contra la mujer, y resulta lógico en consecuencia que todo el género femenino se sienta en condiciones de indefensión, física y psicológicamente, ante la sentencia.