Otra mujer asesinada

El goteo de mujeres asesinadas por sus parejas en los últimos días de diciembre confirma lamentablemente que el año que termina volverá a marcar una inflexión al alza en el número de víctimas de la violencia machista. Con la mujer asesinada ayer en Guadalajara serán ya 48 las víctimas reconocidas, a las que hay que sumar otros cuatro casos aún en investigación. En 2016 hubo 44 víctimas. El año 2017 ostenta también un dramático récord de víctimas infantiles, ocho niños y niñas asesinados como venganza contra sus madres, el año que más menores han muerto por violencia machista.

Estos datos corroboran la necesidad de aplicar el pacto de Estado aprobado en septiembre con mayor diligencia de la demostrada hasta ahora por el Gobierno. Con un mes de retraso, la ministra de Sanidad ha recabado de las comunidades autónomas y los ayuntamientos el acuerdo necesario para poner en marcha el plan, pero de momento solo ha anunciado 26 medidas de las 217 previstas y en ninguna de ellas figura ni calendario de ejecución ni dotación presupuestaria. No es el mejor comienzo que cabía esperar para un acuerdo que fue calificado como histórico. La ministra ha anunciado que en 2018 destinará 200 millones a esas medidas, pero de momento solo es un compromiso. Sin dotación presupuestaria, poco pueden hacer comunidades y ayuntamientos para mejorar la prevención y la protección de las víctimas.

Solo una de cada cinco mujeres asesinadas este año había presentado denuncia, lo que plantea la necesidad de aplicar con la máxima celeridad las correcciones en los protocolos de detección precoz y declaración de la condición de víctima previstos en el pacto, especialmente las relativas a la colaboración de los servicios sanitarios. Es también urgente revisar y unificar los criterios de valoración del riesgo en caso de denuncia. Varios de los asesinatos ocurridos recientemente revelan que estos mecanismos funcionan de forma deficiente.

La mujer asesinada en Sant Adrià, por ejemplo, había denunciado a su maltratador dos veces en las últimas semanas, pero por razones fáciles de explicar, dado el terror que invade a las víctimas, retiró la denuncia. La joven Andrea Carballo, de 20 años, asesinada en Benicàssim, había acudido a la policía 10 días antes de que su exnovio la introdujera por la fuerza en el coche y lo estrellara contra una gasolinera. Había denunciado un intento de atropello previo y acoso continuado, a pesar de lo cual la amenaza fue calificada de riesgo medio y se dictó una orden de alejamiento de 200 metros para el novio que resultó insuficiente.

A finales de noviembre figuraban 55.333 casos activos en el registro de víctimas. En la mitad de los casos no se aprecia riesgo alguno y en un 41%, un riesgo moderado. Solo se advierte un riesgo algo elevado o extremo en el 0,36% de ellos y un riesgo medio en el 8,4%. Este es un aspecto crucial: cada trimestre se presentan 40.000 denuncias por malos tratos y sabemos que esas denuncias solo representan la punta del iceberg. Es exigible que el Gobierno actúe con la máxima diligencia y haga rápidamente efectivas las medidas acordadas.