Reforma, no proceso constituyente

Lo han bautizado como “voluntariado cívico”. Diez catedráticos de derecho constitucional o administrativo (cinco de universidades catalanas, dos de Madrid, dos de Andalucía y uno del País Vasco) han estado cuatro meses trabajando en la elaboración de un documento que, bajo el título de Ideas para una reforma de la Constitución, quiere llamar la atención sobre la urgencia de plantear cambios en la ley de 1978.

Un trabajo serio y esquemático, presentado ayer en Madrid, que se puede resumir en cinco principios:

1. Las constituciones se defienden reformándolas y en este caso es imprescindible por necesidad y por legitimidad. No hace falta conseguir los consensos obtenidos en 1978, sino las mayorías que establece la propia Constitución en los artículos 167 y 168.

2. No se trata de un proceso constituyente que pueda llevar a cambios radicales y revolucionarios, sino una reforma constitucional que parta del modelo de 1978 y respete sus valores.

3. Lo más urgente es acometer la reforma del modelo de organización territorial del Estado, con una remodelación completa del reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Se deben fijar las competencias exclusivas y concurrentes del Estado y dejar libertad a los territorios para que elaboren sus estatutos. Eso, sí, el artículo 2 se mantiene inalterable, aunque se pueda hablar de naciones.

4. Para mejorar el sistema autonómico es necesario utilizar soluciones procedentes de los sistemas federales europeos. Entre ellos, la reforma en profundidad del Senado hacia una Cámara territorial y federal cuyos miembros sean designados por los gobiernos autonómicos.

5. Hay que incluir en la reforma algunos de los asuntos que han quedado sobrepasados por el tiempo: incorporar el proceso europeo, adaptar la regulación de la Corona y fortalecer los principales derechos sociales.

En 15 páginas, los catedráticos van desgranando todos estos conceptos, hasta concluir con un último apunte metodológico, en el que se habla de “tiempo de reformas”. Además de modificar la Constitución, hay que retocar también los estatutos de autonomía y diversas leyes, como la de financiación autonómica. Lo importante es que se pongan en marcha, cuanto antes, grupos de trabajo políticos y académicos en los que participen también representantes de los territorios.

Esto no lo dice el documento, pero si hay determinados grupos políticos que se quieren borrar del debate, hay que olvidarse de ellos y seguir adelante. Podemos o algunos partidos independentistas han dado muestras sobradas de estar fuera del sistema y, aunque podrían aportar como hicieron en su día el PCE o CiU, parece que han optado por una abstención política que les llevará, sin duda, a ir perdiendo relevancia día a día, como predicen las últimas encuestas.