Política constitucional

La restauración de la legalidad constitucional en Cataluña no debe impedir hacer política. Al contrario, el objetivo es que se abran los espacios para hacer política con mayúsculas, algo imposible hasta ahora debido a un independentismo cuyo único proyecto, la secesión, es incompatible con la paz social, la prosperidad económica, el buen funcionamiento de las instituciones y el respeto de los derechos y libertades garantizados en la Constitución. La reforma de la Constitución, imprescindible y urgente, pero pospuesta durante años por las inconveniencias de unos y los maximalismos de otros, es esa política con mayúscula que necesitamos. Debe volver a la agenda política cuanto antes.

Saludamos por tanto la creación de una comisión de reforma constitucional en el Congreso: su apertura servirá para exponer visiones e ideas y comenzar a esbozar tanto las posibles líneas de consenso como los contenidos sustantivos que se habrán de negociar. La designación de la presidencia de la comisión, un puesto clave que debería recaer en una persona con visión de Estado, experiencia y que suscite un amplio consenso parlamentario, ofrecerá una buena señal sobre la ambición del ejercicio que se pretende y la filosofía que lo inspirará.

Sin duda, la crisis catalana hace aún más perentoria esta reforma. Como hemos señalado en reiteradas ocasiones, la falta de iniciativa del Gobierno en esta materia ha sido muy negligente: una discusión pormenorizadamente y a tiempo acerca del encaje de Cataluña en España nos hubiera ahorrado muchos de los problemas posteriores.

Aunque sea importante para la crisis, esa reforma no debe tener Cataluña como objetivo: de hacerlo, suscitará el rechazo de las demás comunidades autónomas, que se sentirán excluidas. De lo que se trata, con miras mucho más amplias, es de garantizar otros cuarenta años de prosperidad económica, desarrollo político, encaje territorial, cohesión social y éxito en Europa y en el mundo. La reforma de la Constitución debe ser para todos y en nombre de todos.

Por ello, es importantísimo que a la comisión no se acuda con prejuicios, límites previos ni líneas rojas. Sería condenar la reforma al fracaso. El modelo territorial, por ejemplo, no puede ser una finalidad en sí mismo, sino un instrumento al servicio de los ciudadanos. Si alguna utilidad debe tener la crisis es precisamente poder examinar en qué ha fallado el modelo territorial y cómo corregir sus deficiencias: eso requerirá hablar de financiación, sí, pero también sobre cómo garantizar la lealtad constitucional, la presencia y los instrumentos del Estado y la cooperación horizontal entre territorios, una asignatura olvidada.

Por tanto, en lugar de discutir desde posiciones preconcebidas, lo lógico es hablar primero sobre cómo queremos que sean las vidas de los ciudadanos, qué políticas queremos desarrollar en su beneficio y qué esferas de libertades y derechos queremos desarrollar. Para lograr el mismo éxito de 1978 hay que fijar los objetivos comunes y el modelo de país al que aspiramos para, a continuación, negociar cómo plasmarlo para que satisfaga a todos. El objetivo es impulsar la modernización de España y su inserción en el mundo con políticas eficaces e instituciones al servicio de todos. Esa es la política constitucional que necesitamos.