Un juez de instrucción de Barcelona ordenó el 20 de septiembre a la Guardia Civil lanzar una operación que culminó con la detención de los máximos responsables operativos del referéndum ilegal independentista. Algunos de esos altos cargos integraban el equipo de confianza del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, de ERC. Las detenciones (14 en total) provocaron una oleada de protestas en las calles de Barcelona y el rechazo frontal del president Carles Puigdemont, que llamó a movilizarse, pese a todo, el 1 de octubre. La Guardia Civil atribuyó a algunos de los detenidos el delito de sedición.ALENJANDRO GARCÍA (EFE)Al día siguiente de la operación de la Guardia Civil contra los preparativos del referéndum ilegal de independencia, Carles Puigdemont reiteró que la consulta del 1 de octubre se haría. Desoyendo la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional y los requerimientos para no seguir adoptando medidas que permitan la consulta, el presidente catalán avanzó en su provocación, dijo que tenía listos “planes de contingencia” para celebrar el referéndum y publicitó en Twitter una web en la que se podían consultar los centros de votación.PACO PUENTESla Fiscalía General del Estado presentó una denuncia en la Audiencia Nacional por sedición por los altercados producidos en Barcelona en las protestas contra la Operación Anubis en la que fueron detenidos 14 altos cargos de la Generalitat por preparar el referéndum ilegal. El escrito apuntaba a la responsabilidad de los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Ómniun, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, en la movilización del 20 de septiembre. Ese mismo día, unos 3.000 estudiantes tomaron el edificio histórico de la Universidad de Barcelona.GUILLEM ANDRÉSSegún un sondeo de Metroscopia para EL PAÍS, a una semana del referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña, los catalanes estaban cada vez más convencidos de que, en caso de que se pudiera celebrar, su resultado no podía tener valor legal para proclamar la independencia. Una clara mayoría de catalanes defendía la celebración de un referéndum acordado, pero no el que planteaba la Generalitat. Ese mismo día, el Gobierno catalán rechazó que la Guardia Civil mandara sobre los Mossos, tal y como dispuso la Fiscalía Superior de Cataluña en el preparativo de los dispositivos para el 1 de octubre.ALBERT GARCÍAEl líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidieron al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que liderara una moción de censura para derribar al PP y formara un Gobierno que permitiera un referéndum pactado en Cataluña. Su emplazamiento, justo una semana antes de la consulta independentista, fue claro, en sendos mensajes directos al líder socialista en la asamblea extraordinaria de parlamentarios y alcaldes organizada por Podemos sobre Cataluña en Zaragoza.TONI GALÁN (EFE)El comisario de los Mossos, Josep Lluís Trapero, en un acto muy simbólico, decidió mandar a su 'número dos' a la reunión en la Delegación del Gobierno en Cataluña sobre los planes policiales contra el referéndum. En la cita, dirigida por el coronel de la Guardia Civil y 'número tres' de la Secretaría de Estado, Diego López de los Cobos, se trataron detalles operativos. Ese mismo día el fiscal ordenó a los Mossos que acudieran a todos los colegios electorales en busca de urnas.ANDREU DALMAU (EFE)La Fiscalía Superior de Cataluña ordenó a los Mossos que precintaran las escuelas y centros cívicos que, previsiblemente, servirían para votar. En una instrucción, el fiscal ordenó, además, impedir las votaciones a menos de 100 metros del “local designado”. Mandos de Mossos expresaron su preocupación por la instrucción ante posibles desórdenes públicos. Por otro lado, más de 400 de los aproximadamente 550 profesores de Derecho Internacional de toda España firmaron un manifiesto en el que desmontaban los “errores” de fundamentación jurídica del referéndum de autodeterminación de Cataluña.SUSANA VERA (REUTERS)La titular del Juzgado Central de Instrucción 3, Carmen Lamela, admitió el 27 de septiembre la denuncia por delito de sedición que la fiscalía presentó por los hechos ocurridos en Barcelona durante los días 20 y 21 de septiembre, cuando se sucedieron las concentraciones y manifestaciones para impedir los registros y detenciones de la Operación Anubis contra la organización del referéndum del 1 de octubre. Mientras tanto, los 'hackers' rusos ayudaban a tener activa la web del referéndum.ALEJANDRO GARCÍA (EFE)Miles de estudiantes de secundaria, bachillerato y universidad se manifestaron tres días antes del referéndum independentista por el centro de la capital catalana y en otras ciudades a favor de la consulta. La protesta de Barcelona, con 16.000 participantes, según la Guardia Urbana, que recorrió la Gran Vía, fue el más masivo de los actos, que coincidía con las huelgas estudiantiles que se habían convocado desde el miércoles. Ese mismo día, el consejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, anunció que los Mossos d'Esquadra no cerrarían los centros de votación si había riesgo de desórdenes públicos.SAMUEL SÁNCHEZ"Ya hemos ganado, hemos vencido los miedos y las amenazas de un Estado autoritario que no nos quería dejar llegar hasta aquí y pretendía que nos rindiéramos a la primera dificultad", aseguró el 29 de septiembre Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, en el acto final de la campaña a favor del 'sí' organizado por las entidades independentistas y los partidos secesionistas que reunió a unas 80.000 personas, según los convocantes. Ese mismo día, ciudadanos a favor del referéndum pasaron la noche en las escuelas para evitar su cierre.PIERRE- PHILIPPE MARCOU (AFP)Mientras miles de personas se manifestaban en España a favor de la unidad, la Guardia Civil mantenía cerrados los centros de comunicación de la Generalitat con el fin de impedir el referéndum ilegal. A medida que se desarrollaba la jornada, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) rebajó las expectativas sobre la participación. Su presidente, Jordi Sànchez, aseguró que un millón de votos sería “un éxito desbordante” ante el "sitio del Estado".ALBERT GARCÍAEl Gobierno recurrió el 1 de octubre a la Policía Nacional y la Guardia Civil y al uso de la fuerza para descabezar el referéndum de independencia. Pese a la ofensiva judicial y policial contra la consulta, cientos de colegios electorales abrieron en toda Cataluña en un acto de claro desafío al Ejecutivo y a los tribunales que culminó con numerosas cargas policiales. La Generalitat cifró en 844 las personas atendidas por los servicios médicos. El Govern reivindicó la validez del referéndum pese a carecer de cualquier garantía legal. La notable movilización ciudadana para intentar votar sirvió al president, Carles Puigdemont, para apuntar a una declaración de independencia. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, responsabilizó de lo ocurrido a Puigdemont. “Hemos hecho lo que teníamos que hacer, actuando con la ley y solo con la ley”, dijo.AGUSTÍ ENSESALa Generalitat presentó pasadas las 12 de la noche del 1 de octubre los resultados del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. El portavoz del Govern, Jordi Turull, explicó que se contabilizaron 2.262.424 votos, sobre un censo de 5.343.358 personas (el 42%), de los cuales hubo un 90% de ‘síes’. Horas después, la Comisión Europea subrayó que el referéndum era ilegal, pero pidió diálogo y dijo que “la violencia nunca puede ser instrumento político”. Mientras tanto, guardias civiles se vieron forzados a abandonar sus hoteles en algunas localidades catalanas por la presión vecinal.QUIQUE GARCÍA (EFE)Decenas de miles de personas salieron a la calle en Cataluña durante la jornada de huelga general. Las movilizaciones lograron paralizar el transporte y la Administración. Ese mismo día, el rey Felipe VI se dirigió a los españoles en una alocución excepcional. En su mensaje, emitido por televisión, realizó una firme defensa del orden constitucional frente al propósito separatista del Govern en unos "momentos muy graves" para la "vida democrática". "Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional", dijo el Monarca.ANDREU DALMAU (EFE)La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela citó como investigado al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en la causa por sedición abierta la semana pasada por los incidentes del 20 de septiembre. También citó a la intendente de los Mossos en el Eixample, Teresa Laplana, y a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. En la imagen, de izquierda a derecha, Trapero, Sánchez y Cuixart.La inestabilidad política generada en Cataluña tras el referéndum ilegal y la posibilidad de una declaración de independencia el lunes ha empujado a varias empresas a trasladar su sede social fuera de Cataluña. Seis de las siete compañías del Ibex con sede en Barcelona han trasladado su sede social a otras comunidades ante la declaración de independencia, entre ellas, CaixaBank, Gas Natural y Banco Sabadell.JULIÁN ROJASJosep Lluís Trapero, comisario mayor de los Mossos d’Esquadra, declaró el 6 de octubre como investigado por sedición en la Audiencia Nacional por la supuesta pasividad de la policía catalana durante los altercados del 20 de septiembre tras la operación de la Guardia Civil contra los organizadores del referéndum. La versión de Trapero resultó “poco convincente” para la fiscalía, que amplió la investigación hasta el 1 de octubre. Horas más tarde, Interior anunció que ampliaba la presencia policial en Cataluña hasta el 18 de octubre y el expresident Artur Mas aseguró que Cataluña no estaba lista para "la independencia real". Además, el Constitucional suspendió el pleno del Parlament para el 9 de octubre para evitar la declaración de independencia. Puigdemont anunció que iría a la Cámara catalana un día después.JAIME VILLANUEVAVarios miles de personas, 150.000 según los organizadores y 50.000 según la Delegación del Gobierno, se concentraron el 7 de octubre al mediodía en la plaza de Colón, el centro de Madrid, por la unidad de España.VÍCTOR SAINZUna marea humana inundó el pasado domingo el centro de Barcelona en defensa de la Constitución y la unidad de España. Bajo el lema 'Recuperem el seny', la masiva protesta añadió una enorme dosis de presión al presidente catalán, Carles Puigdemont, ante su planteamiento de realizar en el Parlament una declaración de independencia. Los manifestantes expresaron su rechazo a un posible diálogo y a una mediación si antes no se restablece la ley en Cataluña. La marcha, convocada por Societat Civil Catalana, resultó histórica por su envergadura y lanza un rotundo mensaje al independentismo de que no tiene el monopolio de la calle.JOAN SÁNCHEZLa 'hoja de ruta' del independentismo catalán pasa por la declaración unilateral de independencia y la creación de un nuevo Estado en dos etapas de Gobierno, según recoge un documento denominado 'Enfo CATs Reenfocant el procés d´independencia per un resultat exitós' intervenido por la Guardia Civil el pasado día 20 de septiembre en el registro del domicilio de Josep María Jové Llado, secretario general de vicepresidencia, Economía y Hacienda. EL PAÍS dio a conocer este documento el lunes. El informe preveía diseñar acciones que condujeran "a un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica que fuerce al Estado a aceptar la negociación de la separación o un referéndum forzado".JAUME SELLART (EFE)El portavoz catalán, Jordi Turull, ha comparecido este martes tras la reunión semanal del Gobierno, pero se ha negado a aclarar si Carles Puigdemont va a pronunciar este martes la Declaración Unilateral de Independencia (DIU). En una intervención prevista para las seis de la tarde en el Parlamento regional y convocada para explicar "la situación política" sin más detalle, se espera que Puigdemont desvele la forma en la que piensan aplicar los resultados de la consulta ilegal.CARLES RIBAS
