Polonia, bajo lupa europea

Desde que, en 2008, la UE se sumergió en la Gran Recesión, fuimos muchos los que sostuvimos que esta crisis no era, como se nos dijo, “financiera” o “económica”, sino política, afectando a la razón de ser de la integración europea. Europa se ha consumido a lo largo de una década, arrastrando los pies por una pendiente sin freno de pérdida de identidad, de proyecto y de voluntad política. La redefinición del paisaje político resultante -en la UE y los EEMM- sería del todo incomprensible sin la pujante emergencia de dos vectores combinados con neta carga antieuropea: populismo y nacionalismo reaccionario. Su combinación los hace aún más letales.

Cada vez que en el Parlamento Europeo hemos hecho sonar la alarma de esa deriva regresiva, las protestas declamadas por sus apologetas han recurrido a dos coartadas: a) “The EU is going Political!”, ¡cómo si la preocupación por las reglas del Estado de Derecho no fuesen una prioridad política de primera magnitud!; b)- La coartada victimista, que hipócritamente pretende que las instituciones de la UE se ensañan con algún país -dígase Hungría o Polonia- por ser éste su “chivo expiatorio”... no por haber reivindicado, con retórica ofensiva y actos desafiantes, una “democracia iliberal” que niega la única democracia creíble: la constitucional.

Los abusos perpetrados por los gobiernos díscolos frente a las exigencias del Estado de Derecho persiguen la subversión de los compromisos contraídos cuando se adhirieron al “Club” y al Tratado de Lisboa -Criterios de Copenhague (art. 3 TUE). Suelen encubrirse, además, bajo la huera invocación de la “regla de la mayoría” (por más que su mayoría parlamentaria haya sido obtenida con un “premio electoral” de multiplicación de escaños que potencie en el Parlamento una base electoral exigua e insuficiente para cambiar las reglas constitucionales de juego). Se ignora así, contumazmente, que la democracia nunca consistió en la mayoría sin más, sino en la protección de minorías y oposición y en el respeto a las normas que hayamos acordado entre todos, lo que incluye la separación de poderes y la tutela de derechos por un Poder Judicial independiente.

La relevancia crucial de una Justicia independiente se realza más, si cabe, visto el papel de los jueces de cada Estado miembro como órgano de aplicación ordinaria del Derecho Europeo y cooperadores (a través de la cuestión prejudicial) de la garantía suprema de su interpretación uniforme que corresponde al Tribunal de Justicia. Baste, para comprobarlo, el test de resistencia europea ante la sumatoria de normas inconstitucionales que el ultraconservador gobierno polaco (Jaroslaw Kaczynski y Beata Szydlo, del partido Ley y Justicia) vienen imponiendo a golpe de su mayoría en la Sejm (Asamblea Nacional) para dinamitar cualquier vestigio de independencia de la Justicia (leyes de reforma del TC, del Consejo Judicial, de la Justicia ordinaria y de la Escuela Judicial). Además de establecer retiros coactivos de jueces (con edades que discriminan a las mujeres frente a los hombres), confiere al Ministro de Justicia el poder de nombrar y promover jueces y de asignarles los casos sin filtros de legitimidad, racionalidad, ni objetividad, vale decir, exaltando la arbitrariedad y el despotismo.

Cataluña está más próxima a los retrocesos polacos que nunca: una espiral de populismo y nacionalismo reaccionario han conducido a un “autogolpe” sin escrúpulos

La Comisión Europea ha activado, a fines 2016, el llamado” mecanismo del Estado de Derecho”, establecido en 2014 con el impulso decisivo del Parlamento Europeo (y su Comisión LIBE). En su actual fase procedimental avanzada, se ha remitido al Gobierno polaco una “carta formal” de lanzamiento de un procedimiento de infracción (28 de junio de 2017). En su comparecencia ante la Comisión LIBE, expuse con claridad al Vicepresidente Timmermans la determinación de los socialistas de apoyar la mayor dureza conminatoria y perentoriedad de la sanción contra el actual Gobierno de Polonia. Dispuestos además a seguir el camino del art. 7 TUE, cuya actuación venimos urgiendo muchos desde que comenzó su derrotero regresivo y autoritario, que ha carcomido los cimientos de la integración europea. Y no se trata tan sólo del “Grupo de Visegrado” (Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia), fácilmente señalable por componerse de países de reciente adhesión y escasa tradición democrática, por la fragilización de su oposición política, la restricción del pluralismo informativo y mediático y la malversación corrupta de los mismos Fondos europeos que han venido recibiendo en los últimos años.

Esa deriva suscita pareja preocupación también en otras latitudes. Cataluña, más próxima del paralelo con los retrocesos polacos que nunca: una espiral de populismo y nacionalismo reaccionario han conducido a un “autogolpe” sin escrúpulos ante la reducción de garantías procedimentales y desprecio por las formas democráticas que fijan las reglas del juego. Las exigencias del rule of Law”no son un mero entretenimiento de juristas y profesores. El respeto a los principios del Estado constitucional es la base de la confianza mutua entre Estados de la construcción europea y de la garantía de su civilidad y su ciudadanía.

Responder con contundencia ante los atropellos del Gobierno polaco no es actuar “contra Polonia”, como reza el propagandismo maniqueo de quienes niegan la confluencia de alarmas y preocupaciones del Consejo de Europa, del Comisario Europeo de Derechos Humanos, de la Comisión de Venecia, del Parlamento Europeo y de la Comisión y del Tribunal de Justicia. Es defender la dimensión y ciudadanía europea de los 40 millones de ciudadanos polacos. Europa tiene el derecho y el deber de proteger a sus ciudadanos frente a cualesquiera agresiones, aun de su propio Gobierno, cuando su impacto sobre el conjunto de la integración europea es enorme e innegable.

Si no se actúa con firmeza y determinación nos abismaremos en una deriva de emulación y expansión potencialmente viral de un síndrome que amenaza con prácticas totalitarias, por más que busquen disfrazarse de “nacional-soberanismo” o “populismo asambleario” cuyo carácter reaccionario se muestra, más pronto que tarde, tal como es: insoportable, por antidemocrático y, por ende, antieuropeo.

Juan Fernando López Aguilar es Catedrático de Derecho Constitucional, eurodiputado y expresidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo