Frenar a la CUP

La CUP había dado ya espectáculos tan abundantes como lamentables desde que tiene la llave de la mayoría independentista que sostiene al Gobierno de Junts pel Sí. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras, se han convertido en rehenes de sus exigencias para acelerar el proceso independentista, para extremar el pulso con el Estado e incluso para forzar la exclusión del Govern de consejeros a quienes la CUP considera que les tiembla el pulso a la hora de violar la ley. Así ha sido crecientemente y ningún llamamiento a la unidad, la prudencia o el sentido común han conseguido que, en estos días posteriores a los atentados, la CUP haya abandonado la sobreactuación a las que nos tiene acostumbrados y su habitual papel como fuerza de exclusión y división.

La exigencia de la CUP —expresada ayer por la diputada Mireia Boya— de conocer todos los detalles de los participantes en la manifestación contra el terrorismo prevista el próximo sábado en Barcelona para evaluar su eventual ausencia si acuden el Rey o miembros del Gobierno es más que una boutade: es una declaración de ruptura institucional y una falta de respeto a las víctimas. Su acusación al Rey de representar el “imperialismo que ha financiado el terrorismo” o la atribución del atentado a las “lógicas del capitalismo”, por ejemplo, son declaraciones que no deberían quedar sin respuesta de sus socios.

Parece una frivolidad tener que recordar que ni las víctimas son de la CUP y ni siquiera Cataluña lo es. O que el atentado no ha sido contra la comunidad catalana, sino contra unos valores de libertad y democracia, contra una forma de vida abierta y plural y contra representantes de una población universal que tuvieron la mala suerte de pasear por La Rambla y Cambrils. Las víctimas nos representan a todos porque todos podíamos haber estado ahí.

Importa recordar algunas cifras: la CUP fue la sexta fuerza más votada en las últimas autonómicas, en 2015, al obtener 336.375 votos que se tradujeron en 10 escaños. Sumados a los 62 de Junts pel Sí dieron una exigua mayoría en el Parlament a las fuerzas independentistas, que sin embargo no ganaron en votos. El propio PP sumó más que la CUP (348.444 votos, 11 escaños), por no hablar de Ciudadanos (25), PSC (16) o Catalunya Sí que es Pot (11).

El peso que ha obtenido esta formación —cuya ideología radical y sus métodos de actuación no son compatibles con lo aceptable en una democracia— y la forma de condicionar a Junts pel Sí es injustificable. Es hora de que el PDeCAT (heredero de CiU) y ERC pongan coto a los desmanes a los que ha llevado su exceso de poder. Si la CUP no es capaz por sí sola de comprender que representa al pueblo de Cataluña en el Parlament —con todas sus sensibilidades— y que todas las víctimas merecen una movilización marcada por la unidad, tal vez es hora de que sus socios se lo hagan comprender rompiendo de raíz su relación con ellos.

Hoy se reúnen las fuerzas del pacto antiterrorista en Madrid en una convocatoria a la que se han sumado PNV, Podemos, PDeCAT y posiblemente ERC, aunque no forman parte de él. Qué buena ocasión para integrarse como aliados permanentes, hacer patente su firmeza frente a la violencia y cerrar filas ante el terror.