Tensiones soterradas

La extrema gravedad de la situación que sigue al ataque terrorista en Cataluña debe cerrar el paso a cualquier disensión entre el Gobierno y la Generalitat. Después de conocer que una docena de terroristas estaban preparando impunemente una masacre que se miraba más en el espejo del 11-M o del Bataclan que en otros atentados menos sofisticados y letales, y que el principal sospechoso de conducir la furgoneta que sembró de muerte La Rambla de Barcelona seguía ayer en paradero desconocido, no debería quedar espacio alguno para las fisuras que hace unas horas dejaron en evidencia más o menos disimuladamente ambas Administraciones. Son demasiados los cabos que continúan sueltos como para que las autoridades se permitan el lujo de un exceso de frialdad y de un diagnóstico contrapuesto de la situación. La información debe ser precisa, coordinada y solo así será creíble.

No es momento de ponerse medallas ni de hacer alardes, sino de máxima eficacia, coordinación, transparencia en los datos comprobados que se puedan facilitar a la opinión pública y de extremar el esfuerzo para empezar a sacar lecciones clave de lo ocurrido esta semana. El Gobierno no elevó ayer al nivel 5 la alerta, pero debe demostrar que la 4, reforzada, pero sobre todo la capacidad de generar sinergias con el Gobierno catalán son suficientes para garantizar a la ciudadanía que están a la altura del desafío que enfrentamos.

Hasta ahora, los Gobiernos de Mariano Rajoy y de Carles Puigdemont han intentado guardar las formas, garantizar una buena coordinación y comparecer suficientemente unidos como para calmar a unos ciudadanos espantados por lo ocurrido y necesitados de respuestas. Aunque con retraso, la muestra de unión institucional ante el dolor y la acción conjunta funcionó el viernes. Aunque fuera en mínimos y con una frialdad visible.

Pero algo falló ayer cuando el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la Consejería de Interior catalana dieron versiones contrapuestas sobre la supuesta desarticulación del comando. El Gobierno central aseguró que sí lo está, mientras el catalán recordó que aún falta por identificar a tres de sus miembros, uno de ellos el autor material del atropello masivo del jueves. La aclaración posterior, atribuyendo la discrepancia a un malentendido, aunque debe ser bienvenida, no contribuye a despejar las dudas sobre cuál es el alcance real de la coordinación informativa y operativa entre las administraciones, que convendría aclarar para tranquilidad de todos.

Más grave aún resultó la lamentable intervención del conseller de Interior, Joaquim Forn, separando a las víctimas del ataque de La Rambla entre “catalanes” y “personas de nacionalidad española”, como si esas víctimas fueran de nacionalidades distintas. Desconocemos qué atribuciones, criterios o parámetros tiene el conseller para atribuir a los fallecidos dichas distinciones. Lamentamos que una persona con una posición institucional tan importante muestre, en un momento de dolor y de responsabilidad tan crucial, unos prejuicios ideológicos tan preocupantes. Sin duda alguna, una falta de respeto tan inmensa a las víctimas y, por extensión, a todos los ciudadanos de este país, exige una rectificación pública en toda regla.