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Tribuna
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China al derecho

Definir la relación entre el poder legislativo y el político genera tirantez entre los reformadores

Xulio Ríos
El retrato de Mao, en un acto institucional en Pekín.
El retrato de Mao, en un acto institucional en Pekín.NICOLAS ASFOURI (AFP)

El presidente chino, Xi Jinping, viene insistiendo como ningún otro dirigente anterior en la importancia de fortalecer el imperio de la ley como expresión de la modernización de la gobernanza del Partido Comunista y del Estado. Cuanto más se aleja la legitimidad de origen basada en el hecho revolucionario, cuanto más su economía se adentra en una nueva normalidad pletórica de dificultades para la consecución de sus objetivos, más esencial resulta para el PCCh insuflar una cultura que haga depender su legitimidad de la observación de un sistema legal adoptado a partir de sus preferencias y necesidades y no solo del balance inmediato de su gestión.

Las transformaciones del sistema legal en China es un tema poco estudiado, en parte por la atención preferente prestada a las mutaciones económicas y porque los cambios en esta materia siempre se han considerado meramente cosméticos y de orden secundario. No obstante, cabe decir que estas alteraciones han ganado creciente interés a medida que la plasmación de un Estado de derecho se incorpora a la agenda política.

La Constitución china exige a todas las organizaciones que cumplan con la ley y recoge también la supremacía de la autoridad del PCCh. Definir la relación entre el poder legislativo y el poder político sigue siendo fuente de controversia y tirantez entre los reformadores del sistema legal chino. De hecho, incluso después de que determinadas políticas adquieran expresión legislativa, en la práctica, las directivas del PCCh y hasta los discursos de sus líderes pueden llegar a modificarlas.

Es cosa sabida que culturalmente en China se dice que “mandan los hombres y no las leyes”

La conversión de China no ya en un Estado de derecho sino simplemente en un Estado regido por la ley no es tarea fácil. Es cosa sabida que culturalmente en China se dice que “mandan los hombres y no las leyes”. Aunque China nació legista, el confucianismo llegó a primar sobre otras corrientes filosóficas. Para la escuela legista (Han Feizi), el orden viene dado por la existencia de una autoridad, la vigencia de las leyes y el conocimiento del arte de gobernar. Para los confucianistas, la base del orden es la virtud, la benevolencia y la justicia. Para los taoístas, cuantas más leyes se promulguen más delincuentes habrá. En el neoconfucianismo identificamos un ala idealista representada por Mencio y continuadora de Confucio mientras el ala realista (Xun Zi) considera que el ser humano es egoísta por naturaleza y además de educación se requiere el poder de la justicia para vencer el individualismo de los hombres.

Las influencias de las dos grandes escuelas chinas (legismo y confucianismo) en el desarrollo del Derecho confluían en que no le prestaban una función principal en la organización social en detrimento de la educación (confucianismo) o el poder absoluto de un emperador que consideraban elementos pivotantes y estructuradores de la sociedad.

Durante el maoísmo, el apego a la norma se consideró un “límite” indeseable al poder del Partido. En consecuencia, Mao envió el Derecho y sus instituciones al cajón del olvido.

Los actuales dirigentes toman distancia de aquel Mao que no quería leyes que pudieran “atar las manos y pies de la Revolución”

Cuando a finales de los años setenta pasó a reconocerse como un instrumento al servicio de la reforma económica se propició un nuevo enfoque. Lo que hoy se plantea es un punto de inflexión en dicha trayectoria. Aun así, si bien los actuales dirigentes toman distancia de aquel Mao que no quería leyes que pudieran “atar las manos y pies de la Revolución”, no está ni mucho menos claro que estén dispuestos a asumir el sacrificio del axioma más importante, el principio según el cual las necesidades políticas están por encima del Derecho.

Dos grandes retos tiene por delante el PCCh en este campo y que afectan a la propia viabilidad futura del sistema político actual. Uno es la independencia de la justicia cuya asunción sugeriría avances hacia una real división de poderes capaz de trastocar el conjunto del sistema institucional. Otro es la formalización de las propias reglas del Partido en lo que atañe a aspectos esenciales como la sucesión, demasiado débiles hoy en día y cuya ambigüedad hace que los juicios sobre el porvenir sean difíciles. Esas dudas sobre el futuro es uno de los mayores factores de inestabilidad que no se conjuran con un “líder fuerte”, sea considerado “núcleo” o no. Por el contrario, sin reglas claras y precisas puede derivar en una mera profundización en el gobierno autocrático, hoy solo limitado por la continuación de la reforma y apertura y estos coqueteos de desigual significación con la promoción del imperio de la ley.

Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China.

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