Una regulación para el taxi

La irrupción de la llamada (a veces de forma impropia) economía colaborativaestá causando tensiones graves en el sector del taxi. La aparición de servicios como los llamados Vehículos con Conductor (VTC), con una regulación laxa o inexistente, conectados a redes como Uber o Cabify, choca con el mercado tradicional del taxi, sometido en teoría a una severa regulación económica, controlado en términos fiscales y anclado en estrictas legislaciones locales. El contraste entre ambas regulaciones es una fuente de conflictos. El jueves, una huelga de taxistas bloqueó las calles de Barcelona y Madrid; no hay síntomas de que las protestas vayan a amainar en el futuro.

El Estado y los Ayuntamientos se han visto sorprendidos por la aparición de modalidades de servicio que rehúyen la regulación. Es evidente, como se sostiene desde una concepción liberal, que la aparición de iniciativas privadas más flexibles contribuye a bajar los precios para el consumidor; pero también lo es que los gremios del taxi han sostenido el servicio pagando tasas e impuestos. El Estado tiene que definirse: o se decide a introducir los parámetros del transporte colaborativo, en cuyo caso tendrá que arbitrar periodos transitorios de liberalización para el taxi tradicional y perfilar sistemas de control (tributos y calidad) a los VTC, o mantiene el sistema actual, en cuyo caso tiene que controlar férreamente las licencias de VTC, garantizar que se ajustan a sus límites de acción y asegurar que los impuestos se pagan donde se produce el servicio.

Mantener dos mundos en el transporte privado en las ciudades, burocratizado uno y permisivo otro, es una fuente de problemas. Sería deseable redactar una ley estatal que armonice ambos mundos y que permita una actuación mejor orientada desde los Ayuntamientos. Y que, por cierto, evite el mercado negro de licencias en el taxi tradicional o la concentración de las licencias de VTC en unos pocos inversores.