Racionalizar los macropuentes

Hay años, y este es uno de ellos, en los que el caprichoso calendario laboral regala dos jornadas festivas de alcance nacional en una misma semana: el martes se celebra el día de la Constitución y el jueves, la Inmaculada. Muchos estudiantes y trabajadores aprovecharán para disfrutar de un macropuente y la Administración se verá semiparalizada durante nueve días.

Racionalizar los horarios laborales para hacer compatible los derechos de los trabajadores, la competitividad de las empresas y las festividades de arraigo social es una tarea pendiente. El Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió en su discurso de investidura de 2011 a acabar con este tipo de puentes kilométricos. Ha sido una promesa enterrada, pese a que tanto las organizaciones empresariales como sindicales habían mostrado su conformidad a trasladar al lunes una gran parte de los días de fiesta que caigan entre semana.

El debate sobre la mejor manera de compaginar el derecho al descanso y la actividad laboral se ha cerrado con éxito en países de nuestro entorno, que arrinconan las fiestas —sean de carácter civil o religioso— al inicio de la semana para no perturbar el ciclo laboral. Pero en España no parece haber existido la necesaria voluntad política para acabar con viaductos ociosos como el que se nos presenta.

Las reticencias expresadas a menudo en el ámbito religioso para cambiar la celebración de los santos patronos han contribuido a cerrar un círculo que no ha hecho sino enquistar un problema cuya responsabilidad última es política. Corresponde a las tres Administraciones —Estado, comunidades y Ayuntamientos— cuadrar un sudoku festivo que preserve la productividad y satisfaga los derechos de los trabajadores. Y todo ello sin lesionar los intereses del sector hostelero y turístico, especialmente beneficiado por los puentes.