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Acoso escolar

La educación es una tarea que deben compartir padres y profesores

Manuel y Carmen González, padres de un niño que se suicidó por acoso
Manuel y Carmen González, padres de un niño que se suicidó por acoso

La brutal agresión en el patio de un colegio a una niña de ocho años que acabó en el hospital con múltiples lesiones ha hecho aflorar un grave problema presente en los centros educativos. La violencia, física y psíquica, en el seno de los colegios es una realidad, e intentar ignorarla, ocultarla o minimizarla no es la solución. Solo asumiendo que los menores son objeto de vejaciones y palizas por parte de sus propios compañeros será posible poner freno a un fenómeno que debería escandalizar a todos, empezando por padres y profesores.

Es inadmisible que en casos como el denunciado estos días en Palma de Mallorca no fueran los responsables del colegio quienes dieran la voz de alerta. Al fin y al cabo, era en sus instalaciones donde la niña fue arrojada al suelo y pateada repetidamente por un grupo de alumnos de entre 12 y 14 años (inimputables penalmente) a cuenta de una riña por un balón de fútbol al término del recreo.

Este suceso se une a las escalofriantes cifras facilitadas por la Fiscalía de Bizkaia, que el año pasado recibió 47 denuncias de acoso en el entorno escolar. Algunas tan flagrantes como la de una estudiante de bachillerato que necesitó escolta policial ante las constantes intimidaciones y amenazas, incluso de muerte, que recibía a través de mensajes clavados en su pupitre por parte de un compañero. Para descubrir al agresor fue necesario instalar cámaras ocultas en el aula. Hay otros instrumentos tecnológicos al alcance de todos, como la aplicación Alertcops, que permiten denunciar conductas delictivas. En año y medio de funcionamiento, este sistema ha impedido 63 casos de acoso escolar.

Detectar comportamientos que pueden derivar en acoso es una obligación de la que la comunidad escolar no puede abdicar. Su deber no es ocultarlos o intentar que no trasciendan, sino todo lo contrario: ponerlos en conocimiento de las familias, la policía y la Fiscalía.

Tampoco los padres pueden desentenderse y endosarles a los profesores toda la responsabilidad. Las competencias son ineludiblemente colegiadas. Es un principio básico que la educación ha de ser una tarea compartida y el proceso de aprendizaje y de socialización de los niños se debe conjugar en dos ámbitos irrenunciables: el hogar y la escuela. De poco sirve aplicar una férrea disciplina en un entorno si en el otro domina una completa dejadez. Instrumentos como los consejos escolares son esenciales para que padres y profesores actúen coordinadamente y transmitan a los niños valores cívicos de tolerancia y respeto.

Tan necesario como reforzar esa cultura de la educación compartida es adoptar medidas preventivas y diseñar protocolos de actuación en los colegios, un plan de formación específica al profesorado y una guía para padres y alumnos. Es preciso también aplicar el Plan para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, ratificado por los Ministerios de Educación e Interior en 2007. Conocer la dimensión del problema, a través del prometido registro estatal de acoso, es la mejor manera de atajarlo. Pero además de voluntad política, hace falta dotarlo de medios para que funcione eficazmente.

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