Puerto Príncipe, una metrópolis abandonada

Cuando el desarrollo de los servicios de agua y saneamiento se ve frenado por la falta de una política de desarrollo urbano.

Por Sarah Matthieussent (*)

Puerto Príncipe, capital de la primera República independiente negra del mundo (1804), concentra hoy día 30% de la población de Haití (más de tres millones de habitantes). Casi el 70% de la población vive en zonas desfavorecidas y sólo el 7,5% de la población tiene una conexión personal al servicio de agua convencional.

Ya en los años 90, mientras que algunas de sus vecinas del continente latinoamericano podían ser consideradas ciudades "insignia" que encarnaban la "modernidad", Puerto Príncipe daba la impresión de una ciudad sumida en el caos (Dollfus O. « La ville et l’Amérique latine », Problèmes d’Amérique latine, n°14, 1994). De identidad espacial con estatus legal inexistente, Puerto Príncipe ha sido y es todavía inevitablemente foco de atracción. La expansión espacial y demográfica de la capital haitiana plantea problemas cada vez más agudos en temas como los servicios, las infraestructuras y la higiene. Desde finales de los años ochenta, el Estado ya no controla el crecimiento de la zona metropolitana, que se caracteriza por el deterioro de la infraestructura y de los servicios públicos. La capital es por desgracia una víctima de la mala o ausente gestión urbana (Gérard Holly, Les problèmes environnementaux de la région métropolitaine de Port-au-Prince, Commission pour la commémoration du 250ème anniversaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince, 1999). Se entiende por "gestión urbana" las actividades emprendidas por poderes públicos para planificar, enmarcar y supervisar el desarrollo de un territorio dado.

Desde los años 50, poco se ha hecho para que esta ciudad se desarrolle armoniosamente; las infraestructuras, creadas para apoyar a una población de 100.000 habitantes en la primera mitad del siglo XX, no pueden satisfacer actualmente las necesidades de una capital de más de tres millones. La falta de una política de desarrollo urbano explica muchos de los problemas que ahora enfrenta la zona metropolitana. Los edificios y casas son edificados sin ningún plan previo, sin respetar siquiera las normas más elementales de construcción, de alineamiento, de saneamiento o drenaje (su cumplimiento sigue sin ser sistemático, a pesar de las diversas iniciativas lanzadas después del terremoto de enero de 2010 que conllevó tanta destrucción y pérdida de vidas humanas). Asimismo, la falta de planificación urbana hace aún más difícil conectar los hogares a las redes ya existentes (agua, electricidad, etc.) además de aumentar su coste.

Los llamados 'barrios desfavorecidos” de Puerto Príncipe no son uniformes y tienen tamaños muy dispares (desde menos de dos hectáreas hasta más de treinta, incluso en conurbación). Están ubicados en toda el área metropolitana en diferentes tipos de terreno: costa, barrancos de desagües, partes del centro histórico, colinas escarpadas, orilla y lechos de quebradas, terrenos intersticiales de la zona industrial, límites internos de mercados etc. En ausencia de una política de vivienda adecuada, continúan su expansión sin un plan preestablecido. El resultado son barrios sin red vial jerárquica, inaccesibles a los medios de transporte motorizados. A menudo carecen de los servicios básicos (agua, energía, saneamiento, etc.). Se estima que los barrios de invasión ocupan casi una cuarta parte de la superficie construida del área urbana metropolitana al tiempo que concentran 70% de la población. La proliferación de los llamados barrios “desfavorecidos” es un fenómeno contemporáneo típico de las ciudades en vías de desarrollo, donde se concentra un proletariado urbano. Todo ello es sintomático de la falta de control del crecimiento urbano de la ciudad.

Puerto Príncipe, capital de Haití. Imagen cedida por el Banco Iberoamericano de Desarrollo.

Esa inexistente gestión urbana afecta a las condiciones de acceso al agua y saneamiento. La empresa pública, el CTE RMPP (siglas en francés para Centro técnico operativo de la región metropolitana de Puerto Príncipe) debe hacer frente regularmente a la destrucción de las redes. Esto se debe a que no hay ningún trabajo de planificación intersectorial para las intervenciones viales (por falta de coordinación a escala de la ciudad). Se estimó que en los últimos meses de 2015 las pérdidas en la infraestructura de agua alcanzaban los 5 millones de dólares US. El servicio público es igual de deficiente en los barrios pobres -a pesar del establecimiento de quioscos de acceso- que en los barrios más ricos.

Este déficit de servicios se explica por las restricciones mismas de la empresa responsable, sobre todo por su baja capacidad de inversión para fortalecer la producción, la renovación y la ampliación de la infraestructura. La empresa se ve también impactada por la ausente gestión integral que hace muy difícil acompañar el desarrollo urbano con el impulso de las redes de agua y saneamiento. La situación es tal que ricos y pobres viven en condiciones precarias similares en cuanto a acceso al servicio público se refiere: todos tienen que recurrir a medios alternativos a los proveedores públicos (perforación privada, camiones de suministro para los más ricos, compra de galones de agua tratada para consumo, suministro aprovechando las fugas o el acceso del vecino, compra de cubos de agua más o menos tratada a vendedores privados y agua en bolsa para los más pobres).

Por lo tanto, todo aquel que busca entender la situación actual de la aglomeración termina confundido. Bien es cierto que Puerto Príncipe tiene muchos aspectos típicos de las ciudades de los países en desarrollo, entre otros un fuerte crecimiento demográfico y espacial así como concentración de barrios improvisados. Sin embargo, la práctica ausencia de una segregación espacial convencional entre barrios de ricos y pobres (así como su común “destino” al sufrir la deficiencia de las infraestructuras y servicios públicos por igual) lleva a la conclusión de que la región metropolitana de Puerto Príncipe está a la deriva. Todo ello mientras que paradójicamente sigue siendo el principal foco de atracción del país.

La mejora de la tasa de acceso a los servicios públicos de agua y saneamiento no se puede lograr sin que las autoridades competentes tomen las riendas y haya una gestión urbana de la capital. Hay algunos intentos del Estado haitiano (especialmente con el Comité interministerial para la ordenación del territorial – CIAT en francés) para controlar mejor la gestión urbana. No obstante, estos intentos solo pueden desarrollarse teniendo en cuenta los problemas y desafíos que enfrentan las propias instituciones públicas encargadas de prestar los servicios urbanos (agua, electricidad, transporte).

Sarah Matthieussent es especialista en agua y saneamiento en el Banco Interamericano de Desarrollo en Puerto Principe.