El misterio de los drones del Catastro
El pasado martes, este periódico se hacía eco de una noticia interesante. El Plan de Regulación Catastral, que se inició en 2013, había permitido ‘localizar’ 1’7 millones de edificaciones irregulares, es decir no registradas y, por lo tanto no sujetas al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Algunos medios dieron por sentado que se habían utilizado drones para realizar este nuevo mapa catastral. La información de EL PAÍS hablaba exclusivamente de imágenes obtenidas vía satélite y fotografías aéreas, pero la tesis de los drones fue rescatada dos días después en un artículo firmado por el redactor de Opinión Jesús Mota, que ha motivado un desmentido de un antiguo director general del Catastro. ¿Qué hay de verdad y qué hay de fantasía en esta historia?
Los medios de comunicación no siempre servimos para informar. A menudo, involuntariamente, provocamos confusión. Aunque el método seguido por el Catastro, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que registra la existencia y características de todos los inmuebles, para hacer ‘aflorar’ las construcciones irregulares sea lo de menos en esta noticia, lo cierto es que sorprenden las discrepancias sobre sí los datos se obtuvieron mediante drones o no.
La información publicada por este periódico, tanto en su edición digital como en la impresa, firmada por el redactor de Economía Jesús Sérvulo González, no hacía la menor referencia a estos artefactos no pilotados y dirigidos a distancia. Pero el vídeo que ilustraba esta noticia en la web, realizado por la empresa Atlas, así lo aseguraba, además de incluir las declaraciones de un alcalde granadino que daba por cierto el uso de drones. Varios diarios, entre ellos ‘El Mundo’, aludían a los drones. En esos datos se basó el redactor de Opinión Jesús Mota para escribir un ‘Acento’, publicado el 28 de julio y titulado, ¡Vigilad los cielos!, un dron espía cada piscina ilegal’.
Artículo que provocó ese mismo día un rotundo desmentido de Jesús Miranda Hita, exdirector general del Catastro, que me envió la siguiente carta:
He leído con asombro la pieza de don Jesús Mota titulada ¡Vigilad los cielos! Un dron espia cada piscina ilegal, de hoy 28 de julio de 2016, en la que haciéndose eco de una noticia falsa -replicada, es cierto, por medios de todo el mundo-, afirma que ‘un ejército de drones ha peinado desde el aire más de 4.000 Ayuntamientos para investigar las modificaciones urbanísticas que podían incurrir en negligencia o fraude fiscal’. Uno de los principios del Libro de estilo que más apreciamos los lectores de EL PAÍS es el del rigor y el del contraste de la información antes de darla a la imprenta. La historieta de los drones y el catastro ha debido de surgir de alguna fuente no autorizada (me dicen que del alcalde de un pueblo granadino, al parecer llevado por su entusiasmo tecnológico), pues los drones para usos civiles están prohibidos en España y, como no puede ser de otra manera, el Ministerio de Hacienda no contrata actividades ni servicios prohibidos. Hacienda ha utilizado en esta operación, como viene haciendo desde los años 50, aviones tripulados y dotados de cámaras, eso sí, de alta tecnología, así que la noticia, por literaria y hasta divertida que resulte, que no deja de serlo, es falsa.
He remitido el mensaje a Jesús Mota, que responde:
Sobre la carta del exdirector del catastro cabe decir: 1. El plan de revisión catastral incluye, como es lógico, contratos grandes y pequeños, en función del tamaño de la población revisada; Hacienda no sólo no ha negado que una parte del trabajo se haga con drones sino que existen empresas especializadas (basta con abrir la web) en ofrecer el sistema de fotografiado desde drones para revisión catastral; las declaraciones del alcalde que menciona indican que una parte del programa se ha hecho con este tipo de aparatos; 2. Lo que sucede es que la tecnología de captación de imágenes por drones no está lo suficiente avanzada como operar con nitidez en grandes barridos, pero sí en superficies concentradas; 3. Es inexacto que realizar este tipo de comprobación catastral con drones esté prohibida; desde 2014 se puede hacer (y la prueba está en las empresas que ofrecen estos servicios), siempre en condiciones perfectamente reguladas; por ejemplo, las avionetas para fotografía tienen que operar como mínimo a 300 metros del suelo y los drones a 125 metros y, en agrandes aglomeraciones urbanas, con un peso máximo de 10 kg; 4. Por lo tanto, difícilmente puede asegurarse que la información sea falsa y menos que los mapas aéreos con este tipo de artilugios sean una actividad prohibida.
Mota tiene razón en lo relativo a la legalidad del uso de drones para fines comerciales y civiles. La normativa que regula (y autoriza) el uso de drones para estos fines fue aprobada por el Consejo de Ministros, el 4 de julio de 2014.
Por lo tanto, Hacienda podría haber utilizado drones para atender la petición de los más de 6.000 ayuntamientos que requerían una actualización de la ‘geografía urbana’ de sus respectivos territorios. Podría, pero no lo ha hecho. A petición de este periódico, Hacienda ha precisado que no se han utilizado tan modernos artilugios en esta operación.
Jesús Sérvulo, el redactor de Economía que elaboró la información de EL PAÍS a partir de los datos ofrecidos por Hacienda, me asegura que dichos datos no incluían la menor mención a drones. ¿Por qué los incluyeron, entonces, otros medios de comunicación? Imposible saberlo. Lo cierto, sin embargo, es que rastreando en Internet he encontrado no pocas noticias de hace uno y dos años, de parecido contenido en las que, invariablemente, se menciona la labor de los drones en el descubrimiento de alteraciones y cambios en la fisonomía catastral de diferentes municipios. Todo un misterio. Quizá pueda resolverlo en septiembre, a mi regreso de las vacaciones veraniegas. Espero encontrarles de nuevo en esas fechas, queridos lectores.
