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MIRADOR
Columna
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Ridiculez

Cuando Rajoy llegó al Gobierno en 2011, una de sus pocas promesas cumplidas fue la reforma del canon digital

David Trueba
Un usuario copia CD con unos de los dispositivos que antes estaba sujeto al canon digital.
Un usuario copia CD con unos de los dispositivos que antes estaba sujeto al canon digital. LUIS SEVILLANO

Si hoy es martes, seguramente el populismo nos acosa. Sucede cada día. Lo malo es que el debate sobre quién es más populista o en qué consiste esa desviación de la democracia electoral hacia el engaño masivo siempre termina más enconado que resuelto. Por eso conviene fijarse en medidas populistas y su ridículo recorrido. Cuando Rajoy llegó al Gobierno en 2011, una de sus pocas promesas cumplidas fue la reforma del canon digital. De esa manera se ganaban el cariño de una corriente ciudadana identificada con los valores internáuticos, satisfacían al lobbytecnológico, pero sobre todo penalizaban a músicos y artistas para que se atuvieran a las consecuencias si proseguían en su perfil reivindicativo. Les salió bien la jugada. Hasta que la semana pasada la justicia europea, que suele velar por nuestros intereses más que el Gobierno propio, ha declarado ilegal esa chapucera reescritura.

El guiño caló porque entonces confiábamos ciegamente en que las grandes empresas de telecomunicaciones, aplicaciones y redes sociales fomentarían desinteresadamente el conocimiento, la modernidad y un nuevo mundo de oportunidades laborales. Hasta ese día, el canon digital era un céntimo minúsculo que gravaba la venta de CD, DVD, USB o Mp3 para compensar que esos productos se utilizaran mayoritariamente para copiar y almacenar materiales sometidos a propiedad intelectual. La reforma gubernamental casaba con el populismo porque los ciudadanos españoles se creían premiados al ahorrarse ese recargo de céntimos en sus compras. Lo que no se les contó es que la obligación de compensar la copia privada se convertiría en un pago anual de cinco millones de euros que saldría de los impuestos recaudados por el Estado entre todos, fueran o no usuarios de esos almacenadores tecnológicos. Los fabricantes y distribuidores, todos multinacionales extranjeras, festejaron su triunfo.

Que el perjuicio reconocido a la comercialización de las obras de músicos y compositores lo pagáramos de nuestros impuestos y no de la recaudación de empresas multinacionales debía responder a la sumisión general que el Gobierno mantiene frente a estos grandes conglomerados, a los que premia con exenciones de impuestos y permiso para tributar en países vecinos con mejor fiscalidad. Nadie sabe cómo corregirán ahora la ilegalidad cometida ni la rebaja radical de la cantidad destinada a la compensación por copia privada. Lo que está claro es que el populismo les funcionó en periodo electoral. Como siempre. Pero en cuanto caduca una medida populista, siempre llega otra nueva, sin que aprendamos a distinguir la propuesta razonable de la ridiculez seductora.

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