Piedra negra

La historia necesita contarse despacio, porque parece increíble. En 2013, el Ayuntamiento de Madrid, regido por Ana Botella tras recibir el cargo de manos de un Ruiz-Gallardón ascendido a ministro, había establecido un sistema de venta de propiedades públicas para tratar de enjugar su deuda millonaria. A los madrileños no les importaba un carajo que se desprendieran de su patrimonio colectivo, porque bastante tenían con pagar la calefacción de casa. La palabra crisis se comía todo y hasta comprar el periódico se transformó en un lujo prescindible, por lo que enterarse de un asunto tan complejo quedaba fuera del radar ciudadano. Pero la venta de inmuebles en el preciso momento, qué curioso, en que más bajo estaba el mercado, más hundido y depreciado, no bastó para disipar la amenaza de quiebra sobre la Empresa Municipal de la Vivienda. Ese nombre tan esperanzador funcionaba bajo la trampa habitual de gestionar lo público con mandamientos de empresa privada.

Al verse acosada por las deudas y en trance de protagonizar otro escándalo contable en una época en que los escándalos pasaron a estar muy mal vistos, más que nada porque la gente se arremolinaba en la hora de cierre de los supermercados para llevarse las sobras y el producto caducado de los contenedores, urgía inventar algo. El invento fue sencillo. El Ayuntamiento de Madrid dio la orden de vender 2.159 viviendas públicas y además traspasar a un fondo de inversión llamado Blackstone, piedra negra, otros 1.860 pisos que estaba obligado a mantener en alquiler social. La operación se negoció a la baja, pero incluso la Cámara de Cuentas detectó posibles irregularidades en el precio de venta y las condiciones del acuerdo que aún hoy se investigan.

La historia desemboca en que un fondo inversor privado es ahora el casero que amenaza con el desahucio a cientos de familias que disfrutaban de un alquiler social. Todo es de una claridad cegadora. Los españoles, que se educan en la economía familiar, donde aprenden los rudimentos básicos de la oferta y la demanda, no tendrán ningún problema en extraer una conclusión de todo este entuerto. Ellos saben que la responsabilidad es el fundamento sobre el que se asienta la supervivencia colectiva del hogar familiar. Que el Ayuntamiento desprecie la protección, el patrimonio y el futuro de sus ciudadanos es algo así como si un padre dilapida los recursos de la familia. Alguien les dirá que se vayan a una escuela de negocios a aprender alta economía. Pero más bien requiere medir a ciertos políticos con la vara del sentido común y la decencia. No pasan la prueba.