Escenarios para una legislatura

Estamos en tiempo de negociaciones entre los partidos políticos para asegurar la gobernabilidad tras los resultados del 20-D. A Rajoy le corresponde tomar la iniciativa al ser el PP el partido con más escaños. Todo está abierto, y ninguna opción está cerrada, si bien se está extendiendo la idea de que las negociaciones para armar mayorías de cara a la investidura son prácticamente imposibles, debido a las “líneas rojas” que algunos partidos han puesto (por ejemplo, con el tema del referéndum catalán).

Creo, sin embargo, que hay una cuestión que apenas se plantea y que, desde mi punto de vista, es crucial para encauzar las negociaciones hacia un posible pacto, sea a la derecha o a la izquierda del mapa político. Me refiero al tipo de escenario de legislatura que podemos encontrar y que puede condicionar la viabilidad de los posibles acuerdos.

Por simplificar, diría que estamos ante dos escenarios. Un primer escenario (que podríamos considerar de "legislatura ordinaria”) sería aquél en el que, aparcadas las reformas constitucionales por no haberse logrado una coalición capaz de reunir los apoyos necesarios para abordarlas (mínimo de tres quintos en el Congreso y el Senado), el nuevo Gobierno (sea en minoría o en coalición) aplicaría un programa ordinario basado en acciones que no impliquen reformas de la Constitución. Ese programa lo podría llevar adelante un gobierno que lograra los mínimos apoyos parlamentarios para aprobar anualmente los presupuestos generales y los proyectos de ley que presente para darle forma legislativa a la acción del Ejecutivo.

Un segundo escenario, que podríamos calificar de "legislatura extraordinaria", estaría centrado en abordar las reformas constitucionales tantas veces comentadas durante la campaña electoral (estructura territorial, blindaje constitucional de las políticas de salud y educativas, anclaje con la UE, paridad de género en la sucesión en la Corona,…). Para ello haría falta que el Gobierno que liderase ese proceso fuera capaz de reunir en torno suyo un gran apoyo parlamentario (como he dicho, no menor de los tres quintos en el Congreso y en el Senado) para sacar adelante las reformas de la Constitución de que se está hablando (otras, exigirían incluso los dos tercios).

A la vista de cómo será la composición de las dos cámaras, con el PP como importante minoría mayoritaria en el Congreso (123 escaños) y mayoría absoluta (más de tres quintos) en el Senado, no veo posible una legislatura de las calificadas como “extraordinarias” sin que sea el PP quien asuma el Gobierno. Puede parecer paradójico, pero es un hecho puramente aritmético que, contra el PP, no hay posibilidad alguna de reformas constitucionales. Si no gobernara el PP por no haber logrado la mayoría para ser investido su candidato, su minoría mayoritaria en el Congreso, pero sobre todo su mayoría absoluta en el Senado, la podría utilizar para bloquear cualquier proyecto de reforma constitucional, y en ese caso, la legislatura “extraordinaria” sería un fiasco.

En resumen, solamente con el PP en el gobierno habría alguna posibilidad de abordar una legislatura que incluya la reforma de la Constitución

Sólo sería posible afrontar una legislatura con ese objetivo reformador de la Constitución si el PP asumiera el gobierno habiendo aceptado previamente en la sesión de investidura un programa pactado de reformas constitucionales con, al menos, los tres grandes partidos del arco parlamentario (PSOE, Podemos y Cs). Ese pacto (que no sería una “gran coalición” a la alemana, ya que en las acciones ordinarias de gobierno esos partidos ejercerían su papel de oposición) permitiría construir un consenso tan amplio en torno a los temas de reforma constitucional, como el que se produjo durante los primeros años de la transición democrática cuando fue posible elaborar una Constitución en condiciones más difíciles que las de ahora.

Si no fuera posible ese gran acuerdo en torno a un gobierno del PP, pero sólo apoyado en las cuestiones de reforma constitucional por los demás grupos políticos, nos tendríamos que olvidar, por tanto, de una legislatura “extraordinaria”. Estaríamos, entonces, ante un escenario diferente. Sería una legislatura "ordinaria”, donde el PSOE podría intentar un gobierno con Podemos y UP-IU (con la abstención de los grupos nacionalistas) sobre la base de programas sociales (plan de emergencia y de lucha contra la pobreza y la desigualdad) y reformas económicas (derogación de la reforma laboral, ley antidesahucios,…). Eso siempre que Podemos deje fuera el tema del referéndum catalán y otras cuestiones que exigirían una reforma de la Constitución para la que esa posible coalición de izquierdas no dispondría de la mayoría cualificada suficiente. Carecería de sentido que Podemos siguiera adelante con esa propuesta si no va a poder llevarla a cabo, salvo que sus intereses sean otros.

Habría entonces un espacio para la convergencia de esos tres partidos de izquierda en acciones de gobierno que no por ser “ordinarias” son menos urgentes o importantes que las reformas constitucionales. Otra cuestión es cómo de gobernable sería esa posible coalición “a la portuguesa"; si sería capaz de superar las inevitables tensiones que se le presentaría a lo largo de la legislatura dada la diversidad de los grupos que la formarían, y si al PSOE le conviene entrar en ella. Pero ésa es una cuestión de la que no me ocupo en este breve artículo.

En resumen, solamente con el PP en el gobierno habría alguna posibilidad de abordar una legislatura que incluya la reforma de la Constitución. En caso contrario, tendríamos una legislatura “ordinaria”, sin reformas constitucionales, en la que una coalición PSOE-Podemos-IU con el apoyo externo de algún otro grupo (por ejemplo, el PNV) sería la más probable, ya que le resultaría más fácil sumar los apoyos necesarios, que a una posible coalición PP-Cs.

Y si no fuera posible ninguna de las dos opciones comentadas, porque predominen los intereses y estrategias de cada partido (por ejemplo, que al PP y a Podemos les interese que se repitan las elecciones), estaríamos abocados de aquí a dos meses a una especie de segunda vuelta del 20-D, donde es imprevisible saber lo que puede ocurrir. Y mientras el tema catalán en el horizonte, tras la investidura de Puigdemont, que podría condicionar todo.

Eduardo Moyano Estrada es profesor de investigación del IESA-CSIC