Territorios libres de paraísos fiscales

Por Miguel Alba Ruiz-Morales, responsable de Fiscalidad y Sector Privado de Oxfam Intermón.

Esta viñeta del humorista gráfico El Roto me llamó la atención hace ya algún tiempo. Otra, más discursiva, señalaba que mientras el botín de la crisis permanece oculto en los paraísos fiscales, las autoridades fiscales siguen buscando en el bolsillo de los contribuyentes. Y es que a estas alturas resulta bastante redundante reconocer la capacidad que tiene El Roto de decir verdades como puños y denunciar realidades incómodas.

Efectivamente, los paraísos fiscales son grandes sumideros por los que se pierden cantidades ingentes de recursos fiscales que legítimamente pertenecen a Estados y ciudadanos de todo el mundo. Para tener una idea de la magnitud de este problema nos sirve el dato de que el dinero en paraísos fiscales se estima entre 20 y 32 billones de dólares, cifra superior a la suma de los PIB de las dos mayores economías mundiales, EE.UU. y China.

Quien se beneficia de ellos no son precisamente hombres de traje negro y maletín con un interrogante por cara. Aunque la opacidad que estos territorios ofrecen es uno de los principales atractivos para sus clientes, en algunos casos se ha podido identificar a personas y empresas que hacen uso de estos agujeros negros de la fiscalidad internacional. Así, sabemos que 34 de las 35 empresas del Ibex35 mantienen filiales en paraísos fiscales, con un total de 810, según datos de 2013. Esta cifra supone un incremento del 44% con respecto al año anterior, lo que muestra que se trata de una práctica que, lejos de remitir, se va expandiendo.

Pero sería un error entender que solo estas empresas mueven sus beneficios a paraísos fiscales para minimizar el pago de impuestos. Lamentablemente, existen en nuestro país otras muchas empresas de cierto tamaño que se aprovechan de una globalización que permite el libre flujo de capitales, que no el de personas, para darle unas vacaciones a sus beneficios a costa de la situación de muchas personas.

Y es que hemos de tener en cuenta que los impuestos no sólo constituyen la principal fuente de financiación de los estados de bienestar y de las políticas públicas y sociales de los países desarrollados, sino que desempeñan un papel aún más relevante en los países más pobres, ya que les permite avanzar por la senda del desarrollo con sus propios recursos, aliviando su dependencia de la financiación exterior y la generación de deuda.Una fiscalidad justa contribuye en cualquier país del mundo a reducir la desigualdad y a sacar a personas de la pobreza.

Por ello, la elusión de impuestos, con los paraísos fiscales como principales facilitadores, supone un grave atentado contra la pretensión de una fiscalidad justa, generando impactos negativos para todos en la forma de reducción de la cobertura de políticas sociales, destrucción de empleo, exacerbamiento de la desigualdad y pobreza. Por tanto, los poderes públicos deben luchar de forma decidida contra su utilización y proliferación desde frentes diversos.

Uno de estos frentes es la contratación pública. Y es que el Estado desde sus diferentes manifestaciones representa un importante papel como actor en la economía. Si nos fijamos en una de sus dimensiones, la compra pública, comprobamos que en España contribuye a más del 25% del PIB, así que las medidas que se puedan incorporar en este ámbito pueden tener un impacto gigantesco. ¿Y si los diferentes organismos públicos exigen a las empresas que quieran contratar con ellos que demuestren si son responsables fiscalmente? Para ello, habrían de mostrar los impuestos que pagan en cada país donde operan y si tienen vínculos con paraísos fiscales. En definitiva, resulta bastante coherente que un estamento público se plantee no beneficiar con contratos a empresas que realizan prácticas que le perjudican, como son las de elusión fiscal, que le generan graves mermas en recursos para su financiación.

Por ello, un grupo de organizaciones de la sociedad civil estamos proponiendo a los ayuntamientos que se declaren Territorios Libres de Paraísos Fiscales y exijan responsabilidad fiscal a las empresas que quieran acceder a contratos municipales. Madrid ya está en la lista: existe una propuesta en el portal de participación del Ayuntamiento para que los madrileños voten si quieren una ciudad libre de paraísos fiscales.

Y es que en un mundo libre de paraísos fiscales sería mucho más factible que cada uno pagara los impuestos que le corresponden posibilitando sociedades más justas, menos desiguales y donde cada vez haya menos gente en situación de pobreza. Los ayuntamientos, el de Madrid entre ellos, tienen la oportunidad de contribuir a hacerlo posible.