L’Àgora, último fiasco de la política de grandes eventos

Hay herencias que parecen lustrosas, pero llegan resquebrajadas. Esto es lo que está ocurriendo con el edificio de L’Àgora, el quinto y último de los grandes equipamientos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Pese que fue inaugurado en otoño de 2009 para albergar un torneo de tenis, el edificio está por terminar y llega a las manos del nuevo Gobierno autónomo con tales carencias y defectos constructivos que para poder ponerlo en servicio tendría que invertir aún más de diez millones de euros. Se trata de una herencia marcada por dos factores nada cómodos de gestionar: la megalomanía de los anteriores Gobiernos del PP y lo que ya parece ser una inveterada tradición en el quehacer de quien firma los proyectos, el arquitecto Santiago Calatrava, cuyas obras suelen incurrir en elevados y polémicos sobrecostes.

El edificio fue proyectado como una gran plaza cubierta para albergar grandes eventos y espectáculos de gran formato, pero para la fantasiosa gestión del presidente Francisco Camps, el aforo previsto de 3.500 personas resultaba insuficiente de modo que modificó el proyecto para poder albergar a 5.000. Eso hizo que de un presupuesto inicial de 45 millones de euros se pasara a otro de 90 y, por lo visto, aún no es suficiente. L’Àgora sigue así la estela de ampliaciones y desmesura de sus rutilantes vecinos, el Palacio de las Ciencias, que se proyectó en 62 millones y acabó costando 154 (+216%), y el Palacio de las Artes, que costó 337 millones, un 447% más de lo previsto inicialmente. En una comunidad carcomida por la corrupción, la cuantía del sobrecoste y su reiteración no hace sino alimentar las sospechas y, en cualquier caso, plantea serias dudas sobre la capacidad de los anteriores Gobiernos de gestionar los recursos públicos de forma racional y eficiente.

Ahora, el nuevo Gobierno presidido por Ximo Puig, que se sitúa en las antípodas de la política de grandes eventos y arquitectura faraónica, se ha encontrado con una patata caliente de la que muy difícilmente podrá desprenderse sin quemarse. De momento ha pedido tiempo para estudiar cómo salir del atolladero. Pese a que el edificio llevaba años ocioso y carecía del certificado de final de obras, pocos días antes de las elecciones autonómicas, el Gobierno de Alberto Fabra, en una maniobra un tanto extraña, adjudicó la gestión del recinto a una empresa privada que ahora amenaza con echarse atrás si no se subsanan los desperfectos.

Así pues, al nuevo Gobierno se le plantea un gran dilema. Terminar el proyecto implica invertir una importante cantidad de dinero en un modelo en el que no cree y que podría destinarse a otros menesteres más productivos y socialmente más justos. No hacerlo supone echar a perder la inversión ya realizada, algo también difícil de justificar. Está claro que los errores, tarde o temprano, se pagan, pero a veces, quienes los pagan no son quienes los han cometido. El PP valenciano quiso convertir este complejo arquitectónico en el símbolo de la pujanza de su política económica, pero ese símbolo lleva camino de acabar en el suelo, como el trencadís que recubre los edificios de Calatrava.