Los auténticos desafíos

La oferta socialista de una tarjeta de identidad local para los inmigrantes irregulares es una iniciativa que, en principio, puede considerarse. Llama la atención lo tardío del anuncio —a pocos días de las elecciones municipales— y el hecho de que no se trata de una política general del PSOE. La dirección de este partido lo considera coherente con su filosofía, pero en rigor consiste en una propuesta para Madrid formulada por su candidato a la alcaldía de la capital, Antonio Miguel Carmona.

El problema de las iniciativas aisladas es que aportan una respuesta muy corta para un problema muy grande, que afecta al conjunto de España y a toda la UE, confrontada a la vecindad de zonas geográficas que se encuentran muchos escalones económicos más abajo y azotadas por inestabilidades (el este del continente, Oriente Próximo, gran parte de África) de gravedad incomparable con las que sufre la UE internamente.

La iniciativa socialista para Madrid se ha conocido a los pocos días de la negativa de varios Gobiernos a aceptar el reparto propuesto por Bruselas de refugiados e inmigrantes entre los miembros de la Unión. El Gobierno socialista francés encabeza el rechazo, temeroso del empuje del discurso antiinmigración agitado por la extrema derecha de su país. El ministro español de Exteriores también se opone, con el argumento de que Bruselas no ha tenido suficientemente en cuenta la elevada tasa de paro en este país.

No pocos europeos —y no solo sus instituciones— mantienen una actitud que oscila entre la hostilidad y la tibieza respecto a los extranjeros empobrecidos y los demandantes de asilo. Los intentos de ponerse de perfil frente a los sin papeles se traducen en que los Gobiernos de los Veintiocho solo han acordado organizar y pagar una operación militar de rechazo de inmigrantes irregulares, oficialmente presentada como de lucha contra las mafias del tráfico de personas.

Si no queremos savia nueva, al menos deberíamos producirla nosotros mismos, los europeos. Pero tampoco. Las europeas tienen su primer hijo a los 28,7 años de promedio, una edad que en España supera los 30, según datos de Eurostat. La tasa de fecundidad en varios países, España entre ellos, no llega ni a 1,3 hijos por mujer. Algo más de un 18% de la población española supera los 65 años de edad y el Instituto Nacional de Estadística estima que representará la cuarta parte de toda la población en 2029. La fecha parece tan lejana que pocos políticos se atreven a mirarla de frente, pero a la sociedad le plantea un problema enorme por la demanda creciente de pensiones, gastos en salud y situaciones de dependencia que conlleva.

En España se quitaba importancia a esos miedos cuando la inmigración llegaba masivamente para trabajar en la construcción u ocupar los empleos agrarios desertados por los españoles, en el decenio pasado. La crisis económica ha arrasado ese escenario y ahora la población se encuentra en retroceso, en gran parte por el retorno de extranjeros. Todo ello plantea crudamente la cuestión de quién pagará los gastos de sociedades cada vez más envejecidas, con una población juvenil en descenso, políticas limitadas de apoyo a la natalidad y una resistencia considerable a aceptar mayores proporciones de inmigrantes.

No se ha escuchado hablar a fondo de ninguno de estos desafíos durante la campaña electoral en curso. Bien está paliar los problemas de los extranjeros sin documentos con una tarjeta local que les facilite el acceso a servicios sociales, pero esa propuesta representa poco más que una gota de agua en un océano de problemas.