Otra cultura política

La constitución del nuevo Parlamento andaluz ha dado ocasión de comprender lo difícil que va a ser desterrar la tentación de polarizar y enfrentar a los dos principales partidos de este país, PP y PSOE, precisamente en el año en que la existencia de fuerzas emergentes próximas a aquellas en intención de voto debería abrir paso a otra cultura política. La multiplicación de citas con las urnas augura serias dificultades para garantizar la gobernabilidad, que es el objetivo final de las elecciones una vez cubierto el de la representatividad.

En el caso de Andalucía, ya se han cometido dos errores políticos: racanería y sobreactuación. El Partido Socialista, ganador de las elecciones, le ha dado al Partido Popular, el segundo, la misma representación en la mesa del parlamento que a las formaciones minoritarias. Y al Partido Popular le ha parecido oportuno organizar una bronca para dejar clara su protesta. Llevar la polémica hasta el punto de amenazar con recursos de inconstitucionalidad es exagerado. A este ritmo no se va a poder dar un paso en este país sin inundar de demandas al Constitucional, una táctica conocida de obstrucción de la acción política.

La bronca por la Mesa del Parlamento andaluz anticipa la que se va a provocar con la formación de Gobierno. Las fuerzas políticas tienen que administrar los resultados electorales con respeto a la voluntad de los votantes, que han decidido repartir la representación de forma que nadie tenga todo el poder en sus manos. Pero eso no resta un ápice de derechos a los andaluces para que se elija a un presidente o presidenta. Lo que no puede ni debe hacerse es abocar a la comunidad a la repetición de las elecciones en cuestión de meses.

De las situaciones sin mayorías absolutas se sale de dos formas: incorporando la cultura del pacto como sistema normal de resolución de diferencias —con plena transparencia sobre las condiciones acordadas—, o forzando una reforma electoral para convertir el sistema de elección en mayoritario. Dado que esta última implica una alteración radical del principio general de proporcionalidad, practicado desde la Transición, más vale acostumbrarse a negociar y transar para resolver los problemas de gobernabilidad, sin sujetar la voluntad de los ciudadanos a meros intereses partidistas. Y es fundamental recordar que pactar no es ceder, o no solo es ceder: es sumar. Si se ve el pacto como una derrota, nunca se avanzará en la cada vez más necesaria vía de la negociación y el acuerdo.

Tanto en las autonomías como en los ayuntamientos locales, y también en el Gobierno estatal, la opción más votada tiene derecho a intentar el pacto que complete una mayoría suficiente o a gobernar en minoría; y si fracasa en el intento, es normal que lo intente otra. Los cargos electos que no quieran participar en una solución harían bien en retirarse de la pelea, por el procedimiento de abstenerse. Lo que no pueden ni deben hacer es obstaculizarlo todo o provocar largas provisionalidades, salvo que pretendan convencernos de que polarizan y bloquean por bajeza de miras.