¿Y si preguntamos a los niños sobre las leyes que les afectan?

Gabriel González-Bueno, responsable de Políticas de Infancia de UNICEF Comité Español, y Maria Truñó, responsable de Políticas de Infancia de UNICEF Comité Cataluña.

Foto: Dnnott1.

Los niños no votan. En la mayoría de las ocasiones no se tiene en cuenta su interés y en muy pocas pueden asumir un papel significativo en procesos políticos y legislativos que les afectan.

Los niños no suelen estar organizados como colectivo (excepto en asociaciones locales o de ocio y tiempo libre) y aún son muchas las dificultades que encuentran para ser escuchados en los centros educativos o de salud, o a la hora de recurrir al sistema judicial o administrativo para defender sus derechos.

Eso no quiere decir que no haya personas (en primer lugar sus propios padres y madres) instituciones y organizaciones que velen por su bienestar y por sus derechos, y que lo hagan con voluntad y eficacia. Pero la experiencia nos demuestra que, en un sistema en el que la principal expresión de la voluntad individual y colectiva es el voto, la infancia es olvidada o relegada en la toma de decisiones.

¿Cómo afecta la subida de tarifas de los transportes públicos en los hogares con niños? ¿Y la limitación del acceso a la salud de los inmigrantes adultos en situación irregular a sus hijos e hijas? ¿O un diseño urbanístico? ¿O una ley de Servicios Sociales? ¿Y la elaboración de los presupuestos? En resumen: ¿Cómo podemos tener a los niños más en cuenta?

Sin duda hay procesos y mecanismos que ayudan a que los niños, el 18% de la población española, participen en las decisiones y sean parte de ellas: los consejos locales de participación infantil, el acceso a instituciones como defensores del pueblo y del menor, el trabajo de organizaciones e instituciones de infancia para darles más voz o las propias iniciativas y acciones de chicos y chicas.

Pero como sabemos que las decisiones políticas casi nunca son neutras para la infancia, y que la prevención es un elemento clave, lo deseable es anticiparse a los impactos no deseados. Una de las formas de hacerlo es lo que en inglés se llama Chid Rights Impact Assessment (CRIA), que en castellano podemos denominar Informes Previos de Impacto en la Infancia. Es decir, un proceso de evaluación para que, antes de tomar una decisión política o legislativa, los organismos responsables se cuestionen cómo esa medida puede afectar a los niños y sus derechos.

Por todo lo anterior, el Observatorio de la Infancia de Asturias, la Cátedra Santander de la Universidad de Comillas y UNICEF Comité Español comenzaron hace un año la redacción de una guía para disponer de una herramienta para elaborar informes previos de impacto de las disposiciones normativas en la infancia.

Por supuesto no partimos de cero, sino que hay experiencias propias e internacionales ya en marcha. En el caso de España el antecedente más directo de un informe de este tipo son los informes de impacto de género, y hay experiencias pioneras de informes de impacto en la infancia en Gales y Escocia en el Reino Unido, Flandes en Bélgica, Suecia, Noruega, Finlandia, Canadá o Nueva Zelanda.

El Comité de los Derechos del Niño, el órgano de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño en cada país, lleva varios años insistiendo en la importancia de estos instrumentos. A nuestro país, ya en 2010, le recomendó adoptar las medidas adecuadas para asegurarse que el interés del niño se tenía en cuenta en las medidas y decisiones de los gobiernos central y autonómicos que podían afectar a los niños.

La inclusión de este mecanismo (solicitada desde las organizaciones de infancia) en el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, puede culminar con la aprobación de la Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, actualmente en proceso parlamentario. Este Proyecto de Ley incluye en uno de sus artículos la obligatoriedad de estos informes en los anteproyectos de ley y en los proyectos de reglamentos.

Esta guía pretende ser un primer paso al servicio de esta novedad legislativa proponiendo un modelo y un proceso para la elaboración de informes de impacto en la infancia que incluya a los propios niños y niñas.

Porque si ahora no somos capaces de responder a la pregunta de cómo impactan las medidas legislativas, políticas y sociales en la infancia y sus derechos, antes o después tendremos que responder a otra más compleja: ¿Cómo influyen los niños y las niñas en el presente y el futuro de un país? Y a lo mejor, entonces, descubrimos que es tarde para contestarla.