Buscando por los juzgados

En aras de modernizar la Administración de Justicia, el anterior ministro del ramo, el señor Gallardón, impulsó la llamada tasa judicial. A mi entender, dicha figura impositiva, que obligaba a pasar previamente por caja a todo aquel que pretendía obtener la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales en procesos civiles, constituía un claro atentado contra este derecho consagrado en nuestra Constitución.

Finalmente, el Gobierno ha reconocido el agravio, y la tasa se ha suprimido. No obstante, la realidad es que el multimillonario monto que ha representado el cobro de la misma durante todo el tiempo en que esta figura impositiva ha estado en vigor, no ha servido para el fin por la que nació.

En definitiva, al igual que felicito al Gobierno por haber finalmente optado por abortar esta recaudación injusta para las personas físicas, entiendo también que por justicia, los importes recaudados por dicho concepto deberían ser devueltos a quien tuvo que pagarlos, máxime cuando finalmente se ha reconocido que limitaba un derecho constitucional y que los recursos que dicha medida ha generado no han sido invertidos en la pretendida modernización de la justicia, que era en definitiva el único motivo para su implantación.— Martí Gassiot.