Este apaño no sirve

El PP y el PSOE han pactado una regulación sobre los viajes de los parlamentarios sin tener en cuenta las voces que pedían a las Cámaras legislativas —entre ellas, este periódico— poner a disposición de los ciudadanos los datos de todos los desplazamientos pagados por el erario. En su lugar han prometido facilitar el coste global de los gastos de viaje efectuados cada trimestre por diputados y senadores. Esa regulación de mínimos responde a la mentalidad imperante en ciertas cúpulas políticas, que continúan sin asumir como obligado informar a la ciudadanía de lo que se hace con su dinero.

¿Para qué sirve disponer de cifras trimestrales sobre un coste global? Como mucho, para alimentar comentarios sobre si un trimestre se gasta más o menos que el anterior en las tres categorías de desplazamientos previstos por la mentada regulación: viajes oficiales, traslados habituales entre Madrid y la circunscripción de residencia y viajes fuera de la circunscripción.

A las pocas horas de acordada con el PP la regulación restrictiva, desde las filas socialistas se ha anunciado una reconsideración tendente a ofrecer más detalles de la agenda y de todos los viajes de sus parlamentarios. Otros grupos minoritarios también quieren hacerlo o reforzar los datos de las agendas, que ya ofrecían por su cuenta. Son señales evidentes de lo insatisfactorio del pacto.

Lo que realmente hay que controlar son las finalidades y el monto de todo el gasto cargado a los contribuyentes, empezando por el de los representantes de cada circunscripción ante los ciudadanos de la misma. No se trata solo de salir al paso del escándalo suscitado por las variadas y contradictorias explicaciones dadas por José Antonio Monago y por el PP acerca de viajes de aquel a Canarias, sino de dar un verdadero salto adelante en materia de transparencia. Eludirlo perjudica a la democracia, tanto como alimenta las campañas contra el sistema representativo.

Nada avala la pretensión de los partidos de dar por supuesto que los ciudadanos han de sufragar todo aquello que los parlamentarios decidan gastarse, sin límites ni rendiciones de cuentas. Muchos políticos continúan sin ser conscientes de la distancia que se ha abierto entre ellos y los ciudadanos, de acuerdo con reiterados sondeos de opinión. Millones de personas se pagan sus viajes, sus comidas y todos los gastos con cargo a sus salarios, o deben justificarlos detalladamente a sus empleadores cuando los hacen en nombre de aquellos. De ahí el abismo psicológico existente entre todas esas personas y aquellas otras que, en virtud de haber obtenido un acta como parlamentario, consideran lógico y natural que ese tipo de gastos corra a cargo de los contribuyentes y que ni siquiera sea necesario justificárselo.

Es importante que se lo tomen en serio, en vez de salir al paso de los escándalos con remiendos u ocurrencias.