Juncker o la coherencia política

Cuando en el mes de julio pedí a la Delegación Española del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo que no apoyase la elección de Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión, lo hice por un principio de coherencia política.

En la campaña electoral de las elecciones europeas, los socialistas decíamos que Juncker, por haber sido uno de los líderes europeos defensores de esa austeridad a ultranza que tanto sufrimiento ha provocado y tan ineficaz ha resultado, no nos parecía la persona adecuada para afrontar los retos a los que se enfrenta la Unión Europea. Por coherencia con esa posición, decidí que el PSOE no apoyase su candidatura a la presidencia de la Comisión.

Nuestra negativa a Juncker no se debía exclusivamente a las diferencias que nos separan de su programa político; era también un problema de credibilidad. Pese a que el candidato incorporó a su programa algunas de las demandas de los socialistas europeos, el perfil de la persona que tenía que aplicarlo nos generaba serias dudas.

Hoy, tras conocer que más de 300 empresas multinacionales firmaron acuerdos fiscales secretos con el Gobierno de Luxemburgo, al frente del cual estaba el nuevo presidente de la Comisión Europea, tenemos un argumento más para señalar que la decisión del PSOE fue acertada.

Si por coherencia no votamos a Juncker, por la misma razón vamos a exigir un debate en las próximas semanas en Bruselas, con la comparecencia de la Comisión Europea, para discutir si los supuestos acuerdos fiscales en Luxemburgo son legales o no. En un momento en el que la confianza de los ciudadanos en las instituciones comunitarias se encuentra en mínimos, es necesario que la política europea responda a las exigencias de transparencia y responsabilidad que son la base de toda democracia.

En cualquier caso, y más allá de la legalidad de estos acuerdos, es evidente que el liderazgo político de Juncker quedará ampliamente tocado, ya que el acuerdo fiscal de Luxemburgo va en la dirección contraria a lo comprometido en su investidura. Y no se trata de un detalle menor; estamos quizás ante el mayor reto a corto plazo al que nos enfrentamos los países desarrollados.

Una imposición justa y eficiente es la base de la cohesión social, de la viabilidad del modelo europeo de bienestar, también de la lucha contra la corrupción. La propia Unión Europea estima que los Estados miembros dejan de recaudar un billón de euros al año debido al fraude y la elusión fiscal. Estamos hablando de una cifra que supera lo que dedican los Estados miembros a sanidad y que multiplica por cuatro los recursos destinados a educación. Por todo ello, es evidente que la lucha contra el fraude y la elusión fiscal son retos cruciales para la sociedad española y europea en el siglo XXI.

Pero ya no basta con hablar de tolerancia cero con el fraude fiscal. También hay que considerar la planificación fiscal agresiva como inaceptable desde el punto de vista de la Responsabilidad Social de las empresas, incluso aunque se encuentre dentro de la legalidad.

La globalización y la creciente importancia de los servicios digitales han posibilitado que las empresas deslocalicen sus actividades a efectos fiscales, dando facilidades para que las multinacionales minimicen su carga tributaria. Una verdadera estafa a la ciudadanía, también a las pequeñas y medianas empresas que solo operan en mercados domésticos y que tienen poco margen para la planificación fiscal. No hay que olvidar que el impuesto sobre sociedades es un coste empresarial y, por tanto, el que logra evitarlo alcanza una ventaja competitiva que nada tiene que ver con su capacidad para ofrecer productos y servicios de calidad.

Todo ello repercute muy negativamente sobre nuestros ya muy maltrechos presupuestos públicos. Al mismo tiempo, agrava unas desigualdades crecientes e insoportables que atacan al corazón del proyecto europeo: la voluntad de construir un espacio de dignidad compartida.

Para combatir este problema, los socialistas defendemos que hay que empezar por aplicar un principio de responsabilidad fiscal evidente: que las empresas paguen sus impuestos allí donde obtienen sus beneficios. Evitaríamos con ello el dumping fiscal que tanto daño hace al proyecto de una Europa cohesionada y a nuestro Estado de bienestar.

Uno de los padres fundadores de la Unión, Jean Monnet, dijo que el proyecto europeo no aspira solo a unir sus Estados sino que, sobre todo, debe unir a sus gentes. Con ese horizonte levantamos los pilares de un proyecto económicamente competitivo y socialmente responsable que ha sido un referente para el mundo entero. Hoy la Unión Europea hace frente a nuevos retos globales pero también internos, y el avance del euroescepticismo no es el menor de ellos.

Persistir en políticas económicamente ineficientes y que atacan la cohesión social supone renunciar al corazón mismo del proyecto europeo. Es necesario un cambio de rumbo porque, si de algo podemos estar seguros, es de que la Unión Europea no podrá construirse de espaldas a los europeos.

Pedro Sánchez es secretario general del PSOE.