Drogas y drogadicción

Este post ha sido escrito por Violeta Assiego (@Vissibles).

Fotografía: Tami Tamara

Mientras ex presidentes y líderes internacionales proponen que la ONU haga campaña por la legalización de las drogas, en España los ciudadanos tienen la impresión de que el consumo de estas sustancias tiene lugar a edades cada vez más tempranas. Esta es una de las conclusiones de un sondeo de Metroscopia para la Unión de Asociaciones y Entidades de atención al drogodependiente (UNAD).

Tres de cada cuatro españoles creen que el consumo de la cocaína en nuestro país se inicia antes en edad, y algo más de la mitad lo cree respecto a la heroína. Sin embargo, el dato más contundente –8 de cada diez ciudadanos– es el que se produce respecto a la sustancia en la que se centran habitualmente los debates sobre la ‘legalización de las drogas’: el cannabis. En la población de entre 18 y 34 años la opinión es prácticamente unánime, el 95 % cree el consumo de marihuana se produce a edades más tempranas. El último Eurobárometro ‘Juventud y Drogas’ ha confirmado precisamente que el consumo del cannabis ha aumentado tres puntos en los últimos tres años y que el 17 % de los jóvenes de entre 15 y 24 años la ha consumido en los últimos 12 meses.

La legalización de las drogas –que es un debate no resuelto por parte de muchas organizaciones que trabajan en el ámbito de drogas– se ha reabierto la semana pasada a partir del polémico informe de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas dirigido a la ONU. Precisamente según el Eurobárometro, casi la mitad de los jóvenes españoles (45 %) está a favor de la legalización del cannabis pero el rechazo es rotundo (más del 90 %) en el caso de drogas como la heroína, la cocaína o el éxtasis.

El informe ‘Asumiendo el control: caminos hacia políticas de drogas eficaces’ parte de una preocupante premisa: está demostrado que “los daños a la salud derivados por el consumo de drogas no solo no han disminuido sino que incluso han empeorado”. Esta es la razón principal que lleva a la Comisión Global a instar a no criminalizar a los consumidores e impedir el brutal enriquecimiento de quienes trafican con sustancias estupefacientes. La Comisión Global de Políticas de Drogas aboga por un enfoque centrado en la salud pública, la seguridad ciudadana, los derechos humanos y el desarrollo.

El gran riesgo que conlleva una propuesta de estas características es que los Estados terminen adoptando medidas como la legalización de las drogas no por razones de protección a la salud, como defiende el informe, sino por el aumento de ingresos que esta regulación puede llegar a reportar a las arcas de los Estados, 2.500 millones de euros en el caso de España. Poner la salud de la gente en un primer lugar implica invertir en prevención, en reducción de daños y en tratamiento como conceptos básicos de las drogodependencias, aspectos en los que precisamente en los últimos años, España viene sufriendo importantes recortes presupuestarios que han provocado el cierre de recursos especializados, falta de medios para programas de prevención y atención, y dificultades para facilitar tratamientos adecuados tanto en número de plazas como en acceso a medicamentos. Buenas ideas no faltan, pero políticas responsables que terminen priorizando la inversión (que no el gasto) social, sí. Una idea sin responsabilidad se la termina llevando el viento.