Negociar, no imponer

Debería quedar bien claro que la decisión de sacar la ley electoral municipal de la negociación sobre “regeneración democrática” es una rectificación de fondo. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sostuvo ayer que separar esa cuestión del resto de las medidas que se van a discutir y atribuirla a una “mesa de partidos” no supone demora alguna, probablemente para no desautorizar a la dirección del PP, de la que había partido la iniciativa. Cuando se convoque esa mesa ha de precisarse que los comicios municipales de mayo se regirán por las reglas en vigor, asunto en el que insiste casi toda la oposición, sin perjuicio de que puedan discutirse esos u otros cambios en la regulación de las elecciones al margen del próximo periodo electoral.

El PP tiene que renunciar al ventajismo de utilizar la mayoría absoluta para ponerse al abrigo de posibles sacudidas o del cuestionamiento de su poder municipal. Su uso inmoderado se ha convertido en una trampa para el sistema representativo. La sumisión de la mayoría del Congreso al Gobierno no ha ayudado en nada al prestigio de una estructura política ya torpedeada por los escándalos de corrupción o el problema separatista planteado abiertamente en Cataluña.

Corregir los defectos más importantes necesitará, a la postre, abordar una reforma constitucional, como EL PAÍS sostiene desde hace tiempo. Ello no es óbice para que se negocien antes medidas de menor calado pero convenientes para reparar algunas averías del sistema. Hay que apoyar el intento de crear un clima de diálogo entre el partido mayoritario y la oposición en ciertos temas.

Los asuntos sometidos ahora a discusión no se refieren a grandes reformas estructurales, sino a cuestiones que tienen que ver con la regulación de las condiciones en que se ejerce la actividad política: financiación de los partidos, aforamientos, limitaciones a la concesión de indultos, estatuto del alto cargo o más consideración hacia las propuestas de iniciativa legislativa popular. Eso no es propiamente “regenerar la democracia”, como el Gobierno se empeña en sostener, pero forma parte de los asuntos que deben aclararse.

Lo importante es romper el aislamiento en que el Gobierno y la oposición han permanecido durante la mayor parte de la legislatura y engrasar unos mecanismos casi oxidados por la escasez de uso. Hacen mucha falta en tiempos de crisis política.