Menos hablar de mayorías y más de controles locales

El ejercicio inmoderado de las mayorías absolutas se traduce frecuentemente en una especie de estado de emergencia, que permite a los gobiernos tomar decisiones rápidas e inexplicadas. Algo parecido plantea ahora el Gobierno de Mariano Rajoy cuando pretende modificar, con urgencia y el respaldo exclusivo de sus escaños, las normas electorales que regirán en los comicios municipales de mayo.

El problema no radica tanto en las características democráticas del cambio que se propone, sino en algo previo: ¿Es posible modificar los sistemas electorales sin el acuerdo de la mayoría de la oposición? ¿Se puede aplicar a las normas electorales un procedimiento digno de un “estado de emergencia”?

Muy poca memoria tiene el Partido Popular si olvida que el único tema que estuvo a punto de romper el consenso constitucional fue, precisamente, la normativa electoral y sus mecanismos de reforma. En mayo de 1978, la redacción de los artículos que regulaban la composición y forma de elección del Congreso y del Senado fueron objeto de una guerra frontal, porque el PSOE temía que UCD quisiera corregir, más adelante, los criterios de proporcionalidad. El choque fue tan brutal que los socialistas empezaron a abstenerse en todas las votaciones constitucionales, hasta que el Gobierno dio marcha atrás.

A la vista de la reforma que propone ahora el PP se diría que el principal problema que tienen los Ayuntamientos españoles, y lo que ha propiciado un número exageradamente alto de casos de corrupción, ha sido la falta de estabilidad o de gobernabilidad, pero eso es, con toda evidencia, falso. Ha sido, precisamente, la falta de controles sobre corporaciones con grandes mayorías o coaliciones muy asentadas lo que ha permitido la enorme marea de casos de corrupción que hemos sufrido. Si lo que se pretende es mejorar la calidad democrática de las instituciones locales, que el alcalde tenga mayoría absoluta con el 40% o con el 43% de los votos emitidos, como ocurre ahora, es totalmente indiferente.

Para el PSOE aceptar un debate sobre elecciones municipales  supondría un clavo en el ataúd electoral

Es muy extraño que en un país donde se han contabilizado casos de corrupción en más de 600 Ayuntamientos, no se haya producido un debate parlamentario para examinar qué circunstancias los hicieron posible y qué reformas concretas habría que introducir para garantizar que se desmontan los circuitos por los que se vulneró, y se puede seguir vulnerando, la ley.

En lugar de eso, el Partido Popular pretende embarcar al país en otra reforma de tipo estrictamente político, destinada, probablemente, no tanto a mejorar sus inmediatos resultados electorales como a fortalecer el bipartidismo, cara al cada vez más volátil humor electoral de los españoles. Porque aunque Rajoy ha demostrado que es capaz de casi todo, es difícil creer que se atreva a imponer el cambio directamente en mayo, en lugar de aplazar la nueva ley hasta los siguientes comicios, como se hace en los países civilizados. En cualquier caso, haga lo que haga, tendría que hacerlo en solitario porque aunque es posible que al PSOE le interese en el futuro un debate sobre elecciones municipales a doble vuelta, en este momento, aceptar una negociación de ese tipo supondría un clavo en su ataúd electoral. Antes que nada, el PSOE necesita asentar una imagen creíble como aglutinador del voto de centroizquierda, algo que no tienen en absoluto garantizado y que excluye radicalmente un acuerdo electoral con los populares.

Para Pedro Sánchez lo más importante en estos momentos es mantener su papel institucional, pero dialogante, en Cataluña y preparar su primera gran intervención parlamentaria, que si no ocurre nada raro, debería producirse en el próximo debate de los Presupuestos. Sánchez, que es economista de profesión, no puede dejar pasar esa ocasión para presentar su proyecto, aunque el debate se realice frente a Cristóbal Montoro y no frente al presidente del Gobierno, como sería lo deseable. Pero no está nada claro que vaya a tener otra oportunidad parlamentaria antes de las municipales, sobre todo si Rajoy, en plena campaña electoral, opta por suprimir el debate sobre el Estado de la Nación.