El precio de la injusticia
Un ciudadano, ante una situación a su entender injusta, tiene el derecho de acudir a la justicia en primera instancia, y si la sentencia es recurrible ir a instancias superiores; si cabe, hasta el Tribunal Supremo o el Constitucional.
Pues bien, con la Ley de Tasas Judiciales de Gallardón ya de entrada tienes que asumir el pago de tales tasas, que por su naturaleza supone que has de pagar el servicio de la justicia. Si la primera sentencia desestima tu demanda y te condena al pago de costas de la otra parte, sigues sumando, aparte del coste propio de abogado y procurador. Si estimas la sentencia injusta y quieres recurrir, debes seguir sumando nuevos honorarios profesionales y nuevas tasas. Dicen, demagógicamente, que la justicia es gratuita hasta unos ingresos de 12.780,26 euros anuales. Pero, por encima de tal umbral, ¿quién se puede enfrentar al equipo jurídico de una gran empresa, de un banco, a un poderoso, al propio Estado, a instituciones muy asentadas, o a una simple comunidad de propietarios? Los criterios de desproporcionalidad y desventaja son evidentes.
Con nuevos gobernantes o con el Tribunal Constitucional esta ley se podrá echar abajo. Pero no habrá retroactividad. ¿Quién reparará el daño causado?— José Rafael Gutiérrez Vizuete.
