“La extradición de mi esposo a Kazajistán significará su sentencia de muerte”

La justicia kazaja busca a la familia de Alma Shalabayeva desde 2001. Su marido, Muktar Ablyazov –oligarca primero y opositor al régimen autoritario de Nursultán Nazarbayov después–, está acusado de robar unos 7.000 millones de dólares (5.000 millones de euros) al BTA Bank –entidad que él mismo presidía–, según fuentes políticas del país que prefieren no dar su nombre. La esposa de Ablyazov, sin embargo, mantiene su inocencia y asegura durante una entrevista en Madrid que el motivo de la persecución es liderar un grupo opositor Opción Democrática de Kazajistán. “La organización solo demandaba elecciones limpias para nuestro país y luchar contra la corrupción del régimen”, explica Alma.

El caso de Ablayazov es una calcomanía del que sufre desde hace un año el que fue su guardaespaldas, Alexander Pavlov de 37 años. En 2013, la Interpol (policía internacional) interceptó a Pavlov en la estación de Chamartín, al norte de Madrid, donde fue detenido y puesto a disposición judicial. Permaneció en la cárcel madrileña de Soto del Real mientras esperaba su extradición a Kazajistán. Pero finalmente fue denegada el pasado 19 de febrero “por temor a que fuera torturado”, según la sentencia, y el guardaespaldas fue enviado de nuevo a la cárcel. Sin embargo este diario desveló el pasado domingo que el magistrado Alfonso Guevara, presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que nada tenía que ver con la causa de Pavlov, recibió una llamada de las autoridades kazajas donde se exigía la extradición del guardaespaldas y en la que se decía que había un avión preparado para devolverle al país asiático. Ante estas irregularidades (puesto que Guevara no es el juez competente en el caso de Pavlov), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido este miércoles investigar al juez que intentó que la extradición a Kazajistán se llevase a cabo. 

Muktar Ablyazov, de 40 años y que en la actualidad se encuentra detenido en la Provenza francesa, espera una “inminente” extradición a Ucrania o Rusia “donde, a diferencia de Kazajistán, sí hay convenios de extradición con Francia”, explican los representantes de la Fundación Open Dialogue que le acompañan. Así lo ha confirmado también la embajada de Francia en Madrid. En 2002, Ablyazon terminó en prisión vejado y torturado durante un año, según su esposa. Y Alma y su familia viven amenazadas desde entonces. “Nos persiguen constantemente. Una vez, encontramos un dispositivo GPS incrustado en los bajos del coche. Era como un ladrillo metálico”. Según relata Alma, una vez unas personas desconocidas para ella intentaron secuestrar a su hijo a la salida del colegio. “Por suerte la profesora de Educación Física consiguió evitarlo”, suspira. Alma gesticula moviendo los brazos para explicar el forcejeo que hubo entre la profesora y los supuestos secuestradores. Shalabayeva y un séquito de cinco activistas de Open Dialogue, viajaron a España a mediados del mes pasado para convencer a las autoridades –aunque ni el Ministerio de Exteriores ni el de Justicia les recibieron– de que la entrega de los disidentes a las repúblicas exsoviéticas es una “sentencia de muerte”.

Ahora Alma Shalabayeva se dedica exclusivamente a alertar a los Gobiernos de la UE, de la mano de varias ONG de derechos humanos, de las graves consecuencias que supone la extradición de los opositores a los regímenes de los países postsoviéticos. Critican, además, que los intereses económicos inmovilizan a los Gobiernos europeos para que actúen en defensa de estos presos que, según los datos de Open Dialogue, rozan ya el medio centenar. Kazajistán es rico en recursos naturales, el 40% de las inversiones proviene de países de la UE y ocupa un territorio estratégico entre Afganistán, Rusia y Occidente.

Open Dialogue y Amnistía Internacional utilizan a Shalabayeva como ejemplo para denunciar los procesos contra nacionales de Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán y Rusia especialmente. “No tienen ninguna seguridad jurídica”, comenta un representante de la fundación. “Los regímenes autoritarios de algunas exrepúblicas soviéticas utilizan a la Interpol para detener a determinados ciudadanos. La Interpol interviene pero no se preocupa de estudiar cada caso”, denuncia Jedrzej Czerep, uno de los activistas que defiende la causa de Alma.

Nos persiguen constantemente. Una vez encontramos un dispositivo GPS incrustado en los bajos del coche Alma Shalabayeva

Shalabayeva, de 47 años, y otros diez miembros de su misma familia llevan huyendo de las autoridades kazajas desde hace más de 10 años. Han vivido legalmente en Letonia y Reino Unido, donde se les concedió la residencia permanente. El último país que la acogió fue Italia, donde el 31 de mayo de 2013 medio centenar de agentes armados y sin “ninguna orden judicial” la secuestraron en su casa de Roma "y en plena noche" –según sus palabras– a ella y a su hija de seis años y las llevaron hasta un avión que la enviaría de vuelta a su país. "Entraron unos 20 o 30 agentes vestidos de paisano. No se identificaron", recuerda Alma. Los agentes, comenta la traductora, justificaron la detención en que el pasaporte de Alma era falso. “¡Y no solo no lo era sino que además caducaba en 2016!”, ríe indignada. La detención en Roma provocó una crisis diplomática en Italia sin precedentes donde ningún miembro del Gobierno de Enrico Letta presentó su dimisión.

Si no obedeces, te pasará lo mismo que a mi familia Alma Shalabayeva

De vuelta en Kazajistán, Shalabayeva y su familia sufrieron un arresto domiciliario y grabaciones con cámaras ocultas en el jardín, en el salón, y otros espacios privados que, posteriormente, las autoridades publicaron en el canal estatal de televisión. “Lo que el régimen quería transmitir al resto de ciudadanos con esas imágenes era que si no obedeces, te pasaría lo mismo que a mi familia”, explica. Finalmente, y tras la presión internacional, el Gobierno kazajo permitió que Shalabayeva saliera del país a finales de 2013.